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A finales de 2020, Alberto Fernández había firmado con AstraZeneca su primera y más grande compra de vacunas: 22,4 millones de dosis -del cual se pagó un 60 por ciento del presupuesto acordado en 89,6 millones de dólares-. Ahora la BBC inglesa puso en foco en los problemas que enfrenta el desarrollo del empresario Hugo Sigman.
Los atrasos y falta de cumplimiento de los contratos de las vacunas contra el coronavirus llevaron al Gobierno a rediagramar la estrategia y hasta retomar las negociaciones con Pfizer.
Mientras tanto, desde el Gobierno argentino buscan que la Casa Blanca interceda para que AstraZeneca cumpla lo pactado y envíe un lote de 900 mil dosis, cuyo principio activo fue desarrollado en los laboratorios del empresario farmacéutico Sigman en Garín.
La ministra de salud, Carla Vizzotti visito el centro vacunación del hospital Garrahan. Foto Rafael Mario Quinteros.
Los contratiempos derivaron en una investigación por la supuesta malversación de caudales públicos a través del contrato que el Gobierno firmó con el laboratorio anglosueco, que comenzó con una denuncia contra el Presidente, el ex ministro Ginés González García, su sucesora Carla Vizzotti y otros dos funcionarios del Ministerio de Salud.
La BBC se hizo eco
La cadena británica retrató el caso en extenso artículo titulado “Vacunas contra el covid-19: qué pasó con los millones de dosis de AstraZeneca que México y Argentina prometieron producir en América Latina”.
En el informe se destaca que la cantidad de vacunas de AstraZeneca que supuestamente iban a estar disponibles para combatir el coronavirus en América Latina en el primer semestre de 2021 eran “entre 150 y 250 millones“.
“Al menos eso es lo que habían anunciado en agosto pasado los presidentes de Argentina y México, tras dar a conocer que empresas privadas en sus países producirían en conjunto la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica con sede en Reino Unido”, siguió el artículo.
La publicación pone el foco en que el proyecto, financiado por la fundación del millonario mexicano Carlos Slim, tenía como objetivo producir y distribuir las vacunas en toda América Latina (con excepción de Brasil, que tiene su propio acuerdo).
Sin embargo, “llegando a mayo todavía no está disponible ni una sola dosis de este preciado antiviral”, destaca el portal.
La BBC analiza que la falta de estas vacunas en nuestro país llevó “a que muchos criticaran al Gobierno por haber priorizado el acuerdo con AstraZeneca por sobre otras opciones, como la vacuna de Pfizer-BioNtech, farmacéuticas con las que las autoridades argentinas no lograron llegar a un acuerdo, como sí lo hicieron varios de sus vecinos, incluyendo a Uruguay y Chile”.
“Algunos incluso acusaron al Gobierno de haber ninguneado a Pfizer-BioNtech para favorecer al Grupo Insud, responsable de la ‘pata argentina’ de la producción de la vacuna de Oxford- AstraZeneca, algo que las autoridades negaron”, continúa el artículo firmado por la periodista Veronica Smink.
También aduce que en medio de las tensiones Sigman, dueño del Grupo Insud, “acudió a las redes sociales para rechazar las acusaciones y explicar por qué se ha retrasado la producción de la vacuna”.
Su laboratorio mAbxience es el que fabrica el principio activo de la vacuna de AstraZeneca y Sigman aseguró en una serie de tuits que el problema no tiene que ver con ese proceso en la Argentina, sino con el que viene después: “el envasado que se realiza en México”.
Hugo Sigman, del Grupo Insud, en la inauguración de la 26º Conferencia Industrial de la UIA
“Envasar cada tipo de vacuna requiere una serie de equipos e insumos específicos que, por la alta demanda global, hoy resultan imposibles de conseguir rápidamente”, escribió en su cuenta de Twitter el pasado 19 de abril.
La BBC se comunicó con el laboratorio Liomont en México, que hasta ahora “no ha realizado declaraciones públicas sobre el retraso en la producción de vacunas, pero hasta el momento de publicación de este artículo no obtuvo respuesta”, indica el medio británico.
Tras un encuentro con la ministra de Salud Carla Vizzotti, representantes de la farmacéutica sueco-británica AstraZeneca habían difundido un mensaje en el que reconocen un retraso, pero garantizan la pronta entrega de las vacunas.
“Lamentamos confirmar un retraso en nuestra intención de iniciar envíos antes para América Latina a pesar de trabajar incansablemente para acelerar el suministro”, indicaron.
La judicialización
El fiscal federal Guillermo Marijuan citó a declarar como testigo a Vizzotti, en el marco de la investigación por la supuesta malversación de caudales públicos a través del contrato que el gobierno firmó con el laboratorio anglosueco AstraZeneca para la provisión de vacunas.
La ministra de Salud fue convocada para el 7 de mayo, pero puede responder por escrito.
La causa por supuestas irregularidades en el contrato comenzó con una denuncia contra Fernández, González García, Vizzotti y otros dos funcionarios del Ministerio de Salud, por supuesto abuso de autoridad, malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública.
El caso cayó el manos del juez Julián Ercolini, quien derivó la investigación en el fiscal Marijuan. El fiscal ordenó la presentación de información y documentos sobre el cuestionado contrato por parte de la cartera de Salud y también del laboratorio argentino mAbxience, de Sigman.
Falta de vacunas en la ciudad Buenos Aires. Foto Guillermo Rodríguez Adami.
El rol del empresario se puso bajo la lupa, pues funcionó como nexo entre el gobierno y AstraZeneca, a la que prestaría servicios en el marco de este contrato.
Las sospechas se multiplicaron por el histórico vínculo de Sigman con el kirchnerismo, y la presencia de la funcionaria Sonia Tarragona: “Las negociaciones con el laboratorio Pfizer -que quedaron truncas- fueron delegadas por el ex ministro González García en Sonia Tarragona, una funcionaria que antes había trabajado para Hugo Sigman, vinculado a su vez a AstraZeneca.
Es decir, un competidor directo, lo cual podría implicar una violación a la ley de Ética en la función pública”, dice la denuncia judicial firmada por Josefina de Elizalde, en representación del “espacio ciudadano apartidario” Acción Conjunta Republicana.
DS
Fuente Clarin
