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BUENOS AIRES, 12 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA-La investigación judicial que vincula a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con presuntas maniobras de lavado de activos y ocultamiento patrimonial registró hoy un giro clave tras una decisión de la Cámara Criminal y Correccional Federal que apartó al juez federal Daniel Rafecas de la causa principal y ordenó que el expediente pase a manos del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, a cargo del magistrado Marcelo Aguinsky, con competencia especializada en delitos económicos y financieros.
La controversia procesal se desató después de que Rafecas se declarara inicialmente incompetente y remitiera el expediente al fuero penal económico, decisión que fue rechazada por una magistrada interina de ese fuero, que devolvió la causa al fuero federal. La Sala I de la Cámara Federal consideró ahora que los hechos denunciados encuadran en principio en el delito previsto en el artículo 303 del Código Penal —relativo al lavado de dinero— y que, al no observarse elementos que justifiquen la intervención del fuero federal, corresponde que el proceso continúe en la jurisdicción penal económico. La Cámara también ordenó que el nuevo juzgado evalúe la competencia territorial para avanzar con la investigación.
La decisión judicial se conoce en medio de una serie de allanamientos y medidas de prueba que sacuden al fútbol argentino y al entorno de la AFA, tras una denuncia iniciada por la Coalición Cívica que señala que la firma Real Central SRL, cuya propiedad formal figura a nombre de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, habría adquirido un predio de gran valor en Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar, sin respaldo económico suficiente. La denuncia apunta a que la empresa podría haber sido utilizada para ocultar bienes de alto valor, presuntamente vinculados a dirigentes de la AFA, aunque no hay imputaciones directas contra los máximos referentes de la entidad deportiva hasta el momento.
Impacto del allanamiento en Pilar
El caso dio un salto cualitativo con los allanamientos ordenados por Rafecas en la finca de Villa Rosa, considerada parte de la investigación patrimonial. En ese operativo se secuestraron 45 autos de lujo o de colección, 7 motos de alta cilindrada y 2 kartings, todos registrados a nombre de Real Central SRL y avaluados como bienes de alto valor económico. La Justicia dispuso además la filmación completa del predio, la toma de fotografías detalladas de los hallazgos y la tasación de los vehículos, maniobra que forma parte de las medidas de prueba para determinar el valor real de la propiedad y si esta integra un presunto esquema de ocultamiento patrimonial.
La investigación ha dado pie también a otras medidas en paralelo. En las últimas horas, la tesorera de la financiera Sur Finanzas, Micaela Sánchez, fue detenida tras un allanamiento en un galpón de la empresa en Turdera, partido bonaerense de Lomas de Zamora, realizado por orden del juez federal de Quilmes, Luis Armella, en el marco de una causa conexa por presunto lavado de dinero que alcanzaría a esa firma y estaría vinculada a operaciones con entidades deportivas. Durante el procedimiento, la Policía secuestró documentación, dispositivos electrónicos, celulares, cajas fuertes y cajeros automáticos, y Sánchez fue demorada luego de ser sorprendida trasladando cajas con material relevante para la causa, según fuentes judiciales.
A este escenario se suman medidas ya dictadas por Rafecas antes de ser apartado: la prohibición de salir del país, la inhibición general de bienes y el congelamiento de cuentas bancarias sobre Pantano, su madre Conte y la empresa Real Central SRL, dadas a conocer días atrás como parte de las estrategias de aseguramiento para evitar la dispersión de activos mientras se desarrolla la instrucción. Los informes fiscales preliminares que motivaron estas decisiones revelan que la firma figura como propietaria de al menos 59 vehículos entre autos y motos de alta gama o de colección, lo que intensifica las sospechas sobre la procedencia de los fondos utilizados para la adquisición del predio valuado en cifras millonarias y la incompatibilidad con la capacidad económica formal de los supuestos titulares.
Fuentes judiciales señalan que la investigación atraviesa múltiples líneas concurrentes: por un lado, la pesquisa sobre los bienes y operaciones de Real Central SRL en relación con la presunta ocultación de patrimonio, y por otro, la causa Sur Finanzas, que investiga supuestas maniobras de lavado de dinero por parte de esa financiera y posibles vínculos con contratos y actividades en el ámbito deportivo y empresarial, con la detención de su tesorera como un capítulo reciente. La suma de estas actuaciones refleja la complejidad del entramado de relaciones financieras, patrimoniales y societarias que está siendo analizado por la Justicia.
Con la causa ya en manos del fuero penal económico, la investigación se encamina a una nueva etapa procesal en la que el juez interviniente deberá definir la competencia territorial, evaluar las pruebas recabadas y decidir las próximas medidas para avanzar en la instrucción. En paralelo, se espera que los peritos tasadores completen sus informes sobre el predio y los bienes secuestrados para establecer con mayor precisión el valor económico total y su posible rol en las maniobras bajo investigación.
