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El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) presentó su informe anual de Libertad de Prensa, donde registró 82 ataques durante el primer año de gobierno de Alberto Fernández, un 41% más que en 2019, cuando el presidente era Mauricio Macri.
Más de la mitad de las agresiones en 2020 fueron físicas, psíquicas o materiales, de las cuales hubo 35 ataques a la integridad de periodistas.
“El dato no es casual. La pandemia fue la excusa perfecta para profundizar las restricciones de acceso a la información pública y acentuar el discurso del odio hacia la prensa”, sostuvo en el informe Mariana Muriel Fernández, integrante de la Comisión Directiva de FOPEA.
La constitucionalista Carmen Fontán presentó el Informe de FOPEA y cuestionó la teoría del lawfare, que plantea la articulación de jueces, fiscales, dirigentes opositores, periodistas y “medios concentrados”, para perseguir a dirigentes del kirchnerismo, cuya primera expresión fue planteada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, en la indagatoria que tuvo en el juicio por sobreprecios en la obra pública en Santa Cruz. Y que este lunes retomó el ex vicepresidente Amado Boudou, en la charla que dio en la UBA, según recordó Silvana Giudici, directora por la oposición en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom).
En el informe anual, FOPEA rechazó la “estigmatización” de varios periodistas de investigación que hizo en un video Cristina Kirchner, poniendo “en riesgo la seguridad de estos profesionales”. Es que a mediados del año pasado la dirigente del Frente de Todos acusó al macrismo de ser una “asociación ilícita” y mostró imágenes de periodistas “cómplices”, como Alfredo Leuco, Nicolás Wiñazki, Daniel Santoro, Jorge Lanata y Luis Majul.
Entre los casos señalados por FOPEA también figura el exabrupto que cometió el presidente Alberto Fernández, a través de su cuenta de Twitter, cuando viralizó un agravio contra el periodista Jonatan Viale. “Cabe destacar y advertir que la voz presidencial tiene un gran impacto en la creación de contextos hostiles para el trabajo de un periodista. En especial, en la situación de pandemia, esta actitud no contribuye a la concordia necesaria”, sostuvo FOPEA.
La entidad presentó este lunes su informe anual, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Allí planteó que casi un cuarto de los agresiones que se registraron el año pasado fueron en la ciudad de Buenos Aires, siendo los trabajadores de la televisión los más castigados, con un 24% de ataques en todo el país. A la vez, se registraron por primera vez dos casos de ciberpatrullaje.
Fernando Stanich, titular del Monitoreo de Libertad de Prensa de FOPEA, señaló que las agresiones fueron en tres niveles: en la calle, donde hubo periodistas agredidos en la via pública; con hostigamiento en las redes sociales, para deslegitimar el trabajo de los periodistas; y los embates judiciales. “Esos tres escenarios se van retroalimentando, porque si desde lo más alto del poder se deslegitima y ataca a periodistas, eso va bajando hasta la vía publica, donde un manifestante o puntero se siente con la libertad de agredir a un periodista”, aseguró Stanich.
Algunos de los casos destacados por FOPEA fueron el ataque contra periodistas y el móvil de C5N durante un banderazo opositor contra el gobierno nacional; las agresiones físicas y verbales contra Ezequiel Guazzora en las inmediaciones del Congreso, cuando se debatía la reforma judicial; los golpes que le dieron a un camarógrafo de TN, en la localidad rionegrina del Foyel, cuando cubría un desalojo de tierras de la comunidad Lof Gallardo Calfú.
Durante la presentación del informe también habló Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA, quien contó que “el eje del lawfare fue el que más destacamos nosotros como el gran tema de libertad de prensa en la pandemia, porque es la gran coartada del oficialismo para tratar de conseguir impunidad y deslegitimar el trabajo periodístico”.
Fernando Ruiz, presidente de FOPEA, destacó que esto se da en toda América latina, donde los sectores políticos y sociales se volvieron cada vez más agresivos hacia el periodismo. “Su grado de ataque al periodismo profesional -no de crítica- es un indicador perfecto sobre su grado de autoritarismo. En nuestro país, destacados funcionarios, legisladores y abogados del poder promueven una visión estigmatizante de los periodistas, que puede llevar a la creación de normas que limiten la libertad de expresión”.
Pero los problemas no solo tienen que ver con los ataques a la libertad de expresión. “El periodismo está en una situación muy difícil. Desde el punto de vista económico, en algunas zonas ya llega a una situación de bancarrota”, dijo Ruiz. Y agregó que hoy, a nivel local, “abundan los desiertos informativos, lo que debilita la capacidad de expresión federal y hace vivir a esa población en un grado importante de subciudadanía”.
FOPEA cuestionó la criminalización de la actividad periodística, cuando el juez Alejo Ramos Padilla amplió el procesamiento contra Daniel Santoro, de Clarín, como miembro de una “asociación ilícita paraestatal” dedicada al espionaje ilegal; así como la denuncia contra los periodistas Roberto Navarro, Ari Lijalad y Franco Mizrahi, de El Destape, por parte de cuatro diputados de Juntos por el Cambio, quienes denunciaron a las autoridades de la AFI y requirieron a la Justicia que “analice si los periodistas incurrieron en algún delito”.
El informe de FOPEA está en el libro El periodismo en pandemia. Desinformación, lawfare y libertad de expresión en Argentina 2021, que también contiene un debate del que participaron con sus propios textos destacados referentes del sector, como Carmen Fontán, Luz María Viñals, Carlos March, Hugo Wortman Jofre, Roberto Saba, Silvana Giudici, Karina Banfi y socios de FOPEA, que son monitores de libertad de prensa en sus provincias.
Justamente ahí se dieron varios casos de restricciones judiciales a la libertad de expresión, como en Formosa, donde se condenó a periodistas por tener una “actitud pasiva” frente al comentario de un oyente sobre el gobernador Gildo Insfrán; y otra condena judicial contra el periodista Diego Masci, de San Luis, que difundió el video en el que una funcionaria contaba que estaba drogada.
El informe también menciona ataques contra un periodista radial de Salta, a quien el hijo del intendente de El Quebrachal le dio dos puntazos con un cuchillo; la detención del riojano Juan Cruz, mientras hacía una cobertura periodística; los golpes recibidos por el rionegrino Fabián Balasz, propinados por el ex concejal Miguel Gotta; la brutal golpiza que recibió el chaqueño Luis Mancini mientras hacía su programa radial, en el marco de denuncias por irregularidades en el IFE; y los “escraches sistemáticos” contra el fueguino Gabriel Ramonet, quien expuso en la presentación del informe de FOPEA.
El informe sólo incluye las agresiones que tuvieron lugar durante 2020, así que no menciona los ataques que se produjeron este año, como el ingreso violento en la redacción del diario Río Negro, en el mes de marzo, por parte de un grupo de militantes de la CTA, donde golpearon al personal y provocaron destrozos en las instalaciones, entre otros ataques contra la libertad de expresión.
Fuente Clarin
