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La diferencia de seis puntos entre el aumento a la tarifa de luz que pretende el ministro Guzmán y el que busca el subsecretario Basualdo ha desatado una crisis de proporciones en el Gobierno.
Asombra aún más si se considera que esas tarifas están congeladas desde hace dos años y que si se sube 15% como desea Guzmán el alza quedaría neutralizada con la inflación del primer cuatrimestre de este año de 16%.
El Gobierno tenía previsto destinar $ 450.000 millones a subsidios eléctricos. Eso dice el presupuesto que está aprobado por el Congreso, sobre proyecciones realizadas por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Con el aumento del 9% en las tarifas, todo indica que esa estimación quedará corta y se requerirán más recursos. La idea de Economía era un incremento de entre el 30% y 40%.
La puja del momento entre Federico Basualdo, sub secretario de Energía Eléctrica, y Guzmán es por un porcentaje menor al anhelado por Guzmán. Basualdo quiere un solo aumento del 9%, mientras que Guzmán piensa en dos, o en alguna secuencia que termine en un 15%. De cualquier forma, con ninguno de esos dos incrementos se podrá cubrir lo asignado en el presupuesto.
La posición del kirchnerismo -representado por Federico Basualdo, pero también en Federico Bernal (interventor del Enargas) es que el presupuesto se puede ir “modificando a través de la reasignación de partidas”. Aunque no lo dicen en forma explícita, ambos entienden que Economía tiene que mirar en otro lado antes de recortar gasto público destinado a subvencionar tarifas.
Desde Economía dejaron trascender que el ente regulador de la electricidad (Enre) no trabajó en criterios de “segmentación” de los subsidios. Soledad Manín es la interventora del Enre, que suele trabajar muy alienada con los criterios de Basualdo.
Sin embargo, los entes reguladores le estuvieron pidiendo información a las empresas para aplicar criterios de segmentación. “La idea es un mismo cuadro tarifario para todos, pero distintos niveles de subsidios según el ingresos. Una subvención para beneficiarios de planes sociales, otra para jubilados, otra para asalariados ganando el mínimo. Ese trabajo está”, explicaron más de una vez en la secretaría de Energía -cuyo titular Darío Martínez está en una situación tensa- y en los entes reguladores.
Incluso, se ensayaron simulaciones de subsidios en los cuadros tarifarios, que no dieron resultados esperados. “Hay una parte de la clase media que votó a la coalición de gobierno porque prometió una política tarifaria totalmente diferente a la de (Mauricio) Macri. El kirchnerismo está cumpliendo esa promesa de campaña, es la única que puede manejar”, cuenta un ejecutivo de una empresa que trata con funcionarios.
Cualquier segmentación puede dejar a los clientes “lastimados”. Siempre habrá sectores que serán considerados de cierto poder adquisitivo -por el barrio en el que viven, o porque ocupan una vivienda grande- que no se perciben a sí mismos con esas características. Los números pueden indicar que sus bolsillos pueden afrontar una mayor suba de luz y gas, pero esas personas no lo ven de esa manera.
Cuando Cristina Fernández de Kirchner ganó su reelección y arrancó su segundo mandato, prometió “sintonía fina”. Era una búsqueda para que los subsidios fueran menos pesados en el gasto fiscal. Le encomendó la tarea a Axel Kicillof, su alfil en el manejo de la economía. No encontraron una receta que funcionara.
La provincia de Buenos Aires anunció una suba del 7% en la distribución eléctrica. Afecta a todo el territorio, menos el conurbano. Esa decisión fue tomada en sintonía con la impronta que ya venían marcando el Enre y la secretaría de Energía Eléctrica.
En 2015, la cobertura del costo mayorista eléctrico por medio de la tarifa abonada por los usuarios era del 32% en el promedio nacional. Es decir que casi un 68% de la factura de luz la pagaba el Estado. Ese número no refleja lo que sucedía en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano: la subvención estatal rozaba el 90%. Eso es porque las provincias si aumentaban, mientras el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no lo hacía.
La proyección del presupuesto era que los usuarios paguen aproximadamente un 43% del costo eléctrico. Ese número suponía incrementos en las tarifas superiores a las que vienen en camino. De continuar las correcciones que viene manejando el Gobierno, lo que abonen los usuarios volverá a representar cerca de un tercio del costo, como sucedía en 2015.
Las claves del conflicto
- Los subsidios energéticos representan $ 450.000 millones en el presupuesto
- Ni un aumento del 9% ni del 15% servirá para cumplir con las subvenciones que están en el presupuesto
- El kirchnerismo quiere que Economía reasigne partidas presupuestarias para mantener aumentos de un dígito
- El Gobierno posee trabajos de segmentación. Pero la aplicación de los mismos podría generar descontento entre votantes de la coalición oficialista.
- La tarifa que pagan los clientes iba a cubrir un 43% del costo eléctrico, si había un aumento de dos dígitos.
- La provincia de Buenos Aires, la secretaría de Energía Eléctrica y el Enre fijaron pautas de aumentos similares.
Fuente Clarin
