Argentina
España
USA
Israel
Alberto Fernández decidió acelerar. Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la disputa por la presencialidad en las escuelas, por orden del Presidente el Gobierno apura el texto del proyecto de ley que busca establecer criterios epidemiológicos para manejar la pandemia en todo el país.
Altas fuentes del Gobierno confirmaron a Clarín la intención del mandatario de adelantar el envío del proyecto esta semana. La idea, remarcaron, es avanzar “lo más rápido posible” en el Congreso, con la mira puesta en el próximo 21 de mayo, cuando vence el actual DNU y el jefe de Estado deberá renovar el aislamiento social preventivo y obligatorio en las zonas más complicadas en términos sanitarios.
Aunque hay expectativa de que se apruebe antes de esa fecha, en la Casa Rosada saben que eso dependerá de los tiempos del Congreso. “Si no llegamos, quedará para el siguiente (DNU), pero lo importante es entrar a los peores meses con reglas claras. Por la pandemia, pero también por la campaña”, argumentó un funcionario con despacho a metros del Presidente.
Cristina Kirchner, en el Senado, cuenta con una mayoría holgada para hacerlo realidad cuando se decida, pero el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, deberá articular con sectores opositores para lograr su aprobación.
Para eso, aunque por ahora de manera informal, las espadas más políticas del Gobierno trabajan en la búsqueda de consenso con los gobernadores. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien pule la letra del texto junto a la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro ya recibieron consultas de varios gobernadores, preocupados por el alcance del proyecto. En un año electoral, cada actor -incluso los más fieles aliados- calculan el costo político que afrontan.
“El proyecto va a tener parámetros objetivos, que es algo que la oposición siempre le pidió al Ejecutivo. Son parámetros que están en el DNU y que siempre estuvieron, pero la oposición no suele leer las cosas”, ironizó un estrecho colaborador presidencial.
Según anunció días atrás Alberto F., que rechaza los cuestionamientos de los opositores que hablan de “superpoderes”, se trata de “un proyecto para que, en función de criterios científicos claros y precisos, se faculte al Presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones durante esta situación excepcional”.
En línea con el mensaje que envió la Corte Suprema de la necesidad de que se establezcan parámetros sanitarios concretos para la toma de decisiones y que cada restricción sea debidamente justificada, el Gobierno trabaja en un esquema similar al del último DNU, con una suerte de semáforo epidemiológico.
Se contemplaría entonces los contagios durante los últimos 14 días, la incidencia sobre la población y la ocupación de las camas de terapia intensiva para dividir en cuatro categorías (baja, media, alto riesgo y alarma epidemiológica) y, en consecuencia, que el Presidente quede habilitado para imponer restricciones.
Este punto es clave ya que según entienden en el Gobierno, el Alto Tribunal dejó una puerta abierta en el fallo de los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.
Los magistrados entendieron, según interpretan en el Gobierno, que el Estado no justificó de manera suficiente su intervención sanitaria al disponer la suspensión del dictado de clases presenciales. El razonamiento que hacen es el siguiente: con una buena argumentación científica, la suspensión de clases podría haber sido avalada por la Corte.
Ahí subyace una autocrítica en el Gobierno cuando se recuerda que horas antes del aquel primer DNU de Alberto, la propia ministra de Salud, Carla Vizzotti, dijo que las escuelas debían seguir abiertas a pesar de la amenaza sanitaria.
“Lo de la Corte es un guiño para que desde la política y con criterios sanitarios se fijen pautas. Y es lo que vamos a hacer”, indicaron en Balcarce 50.
“El fallo -agregaron- incorpora el concepto de concurrencia: dice que hace falta un acto concurrente, o sea, un consenso. Y recientemente eso acaba de ocurrir porque hoy (por este martes) se acordó por mayoría en el Consejo Federal de Educación los parámetros necesarios”.
En efecto, el Consejo Federal de Educación, encabezado por el ministro Nicolás Trotta, aprobó con el voto de 22 distritos (sin acuerdo de la Ciudad y Mendoza, pero con el aval de Jujuy y Corrientes), pautas para mantener la presencialidad en las escuelas según la calificación sanitaria en la que se encuentre cada jurisdicción.
El fundamento es “acompañar la baja en la circulación y descomprimir el sistema de salud ante un recrudecimiento de la pandemia”.
Así, en caso de riesgo epidemiológico bajo y medio, las clases presenciales se mantienen. En zonas de alto riesgo se avanzará en una presencialidad administrada de carácter transitorio, mientras que en caso de “alarma sanitaria”, como se da en el Área Metropolitana de Buenos Aires, corresponde la suspensión de clases presenciales.
Fuente Clarin
