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El ministerio de Economía y los reguladores de los servicios públicos coinciden en un concepto. “La idea es que los usuarios que puedan pagar la tarifa completa, lo hagan”, dicen en ambos campamentos, que no siempre están sincronizados. El tema es “quiénes” son los que pueden pagar mayor costo de las facturas.
En los entes reguladores hay trabajos internos sobre “segmentación”. “La misma tarifa, pero con un subsidio para mayor para los que no puedan pagar, y un subsidio menor para los hogares de mayores ingresos”, definen. Lo que no encuentran son los mecanismos para implementarlo.
Hay un argumento que no es técnico, pero sí político. El Frente de Todos (FDT) ha hecho una bandera del congelamiento tarifario. Nadie en el Gobierno lo dirá de manera explícita, pero en varios sectores están seguros que es una postura en la que se mantendrán inflexibles. “Hay trabajos que muestran votantes enojados con nuestra política de tarifas que votaron al actual oficialismo. Ellos lo saben y por eso van a tratar de mantenerlas hasta donde puedan”, cuenta un alto ex funcionario energético de la administración anterior.
“Una parte de los votantes del Frente de Todos, de sectores medios y medios bajos, se enojó mucho con la política tarifaria del Gobierno anterior. Y eligió a Alberto Fernández para que haga exactamente lo contrario”, detalla un economista.
El Gobierno dice que pidió asistencia a Conicet para trabajar en los subsidios. “Nosotros le entregamos muchísima información sobre segmentación. La tienen sobre la mesa. No la están usando porque es una decisión política”, cuentan desde lo más alto de una distribuidora eléctrica. “No queremos que se repita la experiencia anterior, donde la gente se enojó tanto con las tarifas. Se puede hacer de otra manera, y hay formas. Pero siempre puede quedar algún sector que se sienta afectado o molesto, y eso es lo que el Gobierno quiere evitar”, detallan en una licenciataria de gas.
La política de tarifas del kirchnerismo entre 2011 y 2015 fue una suerte de “tarifa social” para todos, según una definición de Fernando Navajas (FIEL), experto en la materia.. “En Buenos Aires, los valores de tarifas de luz estaban 75% por debajo del valor real. En gas tambien había atrasos”, señala.
A medida que otras promesas electorales del oficialismo se van complicando -la inflación se mantiene alta, no hay generación de empleo y cae la actividad económica-, el Gobierno entiende que todavía tiene capacidad para mostrar una parte de su contrato con el electorado, y es la de mantener las tarifas como están.
“Un tercio de la población piensa que las tarifas son impuestos. No servicios, sino impuestos. Al no subir las tarifas, el Gobierno está ayudando a quienes piensan que pagar por la luz y el gas lo que valen es pagar un impuesto”, dice otro ex funcionario energético vinculado al radicalismo.
El ala económica del Gobierno está preocupada por los subsidios energéticos. Pero los reguladores de los servicios públicos prefieren que el ministro de Economía ponga en la mira otras subvenciones para recortar. Guzmán le pidió a Darío Martínez que haga una revisión de estas partidas, para que el dinero público no termine beneficiando a quienes no lo necesitan, El Gobierno tenia previsto destinar $ 450.000 millones a subsidios eléctricos. Pero el dinero que se necesite será superior a esa cifra.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, se enojó con el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo por supuesta lentitud para definir subsidios. El funcionario cree que los incrementos pueden ser “inequitativos”. La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner lo respalda. Desde que Guzmán habló de subas de entre 30% y 40% para mantener los subsidios (1,7% en relación al PBI). los representantes del kirchnerismo en energía miran ese número con desacuerdo. Todo indica que, al menos hasta las elecciones, se cumplirá con su voluntad de que las tarifas no sean piantavotos para el Gobierno.
Fuente Clarin
