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“El proyecto es un desastre”. Así, sin preocuparse por desplegar metáforas, calificó un importante diputado del Frente de Todos el proyecto que envió el Gobierno al Congreso para construir un blindaje en torno a los próximos anuncios de medidas para contener la pandemia, luego del freno que le puso la Corte Suprema a la decisión de cerrar las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires.
Esa queja pone en relieve un problema que viene cargando desde hace meses Alberto Fernández: aunque las críticas más visibles son las que le hace la oposición al Presidente, las que de verdad lo ponen en problemas y lo obligan a modificar sus decisiones son las que llegan desde el Frente de Todos.
Eso ocurrió con el quiebre que ocurrió hace poco más de una semana, cuando Cristina Kirchner le avisó a Fernández que Martín Guzmán se había convertido en uno de sus enemigos por intentar desplazar a un funcionario de La Cámpora mediante una filtración a los medios, y ocurrirá esta semana con el intento del Presidente de ordenar su respuesta frente al COVID-19.
La vicepresidenta de la Nación mandó a los senadores del Frente de Todos a revisar y muy probablemente corregir el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, en una muestra más de que el diálogo con la Casa Rosada se mantiene sólo a nivel protocolar desde el estallido de la relación que ocurrió el viernes 30 de abril, en los minutos en que los portales web y los canales de TV anticipaban la salida de Federico Basualdo de la subsecretaría de Energía eléctrica por pedido de Guzmán.
En los bloques oficialistas del Congreso consideran que el proyecto del Poder Ejecutivo debe ser modificado en al menos dos artículos por un defecto que consideran determinante. En una mirada que los acerca más a los argumentos que desplegó la oposición que a los de su propio Gobierno, varios diputados y senadores oficialistas plantearon en conversaciones entre pares que esos párrafos son anticonstitucionales y contienen defectos formales que los convierten en vulnerables ante medidas judiciales.
Uno de los artículos cuestionados del proyecto de “Parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios de la emergencia de COVID-19” es el 21, que se refiere a la suspensión de las clases presenciales. Según admiten en el Frente de Todos, así como está redactado, ese artículo contradice el fallo de la Corte Suprema relativo a ese mismo tema, porque el tribunal ya dijo que las facultades en materia educativa y sanitaria son “concurrentes” entre el Estado nacional y las provincias.
En la redacción que mandó el Gobierno, la suspensión de las clases se produce de manera automática cuando un determinado “aglomerado, municipio o partido” entra en estado de “alarma epidemiológica y sanitaria” y una eventual morigeración de esa medida sólo puede ocurrir si el gobernador se pone de acuerdo con el Presidente. En otras palabras, un gobernador sólo puede protestar o tratar de revertir la medida una vez que ya fue impuesta -con las escuelas cerradas-, y no puede negociar antes de que se instaure -con los chicos en las aulas-.
Ese artículo contiene también una categoría que ya fue discutida en la Corte, que es la palabra “aglomerado”. En el ordenamiento legal argentino, a nivel subprovincial existe la división en departamentos, municipios o comunas, pero no la de “aglomerado”, un término que emplean organismos como el INDEC para reunir a ciudades o poblaciones ubicadas en municipios o incluso provincias diferentes.
Esa categoría no está contemplada en la división política ni administrativa de la Argentina, y por eso los sistemas sanitarios o educativos que conviven en esas áreas responden a estructuras distintas. Esos sistemas sólo se pueden mezclar, combinar o incluso superponer, si es que existe la voluntad de las partes de hacerlo, algo que hoy no está ocurriendo.
Otro tramo del proyecto que el propio oficialismo quiere modificar es el que se refiere a la vigencia de la ley. En el artículo 33, el proyecto dice que la ley caducará cuando lo defina un decreto presidencial, una imposición que ningún legislador con algún afecto por su trabajo puede aceptar.
Con algunos de esos cuestionamientos tendrán que lidiar este miércoles la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, cuando vayan al Senado a explicar lo que quiere el Gobierno y poder hacer avanzar el proyecto hacia el recinto de la Cámara alta durante la semana que viene.
Fuente Clarin
