Por la escasez de dólares y las trabas oficiales, ya hay más de 500 empresas con problemas para importar y, en algunos casos, para girar divisas. Se trata de firmas que no obtuvieron los permisos necesarios para realizar compras en el exterior y que en respuesta iniciaron demandas judiciales contra el Estado.
Las restricciones permanecen firmes pese a la avalancha de dólares que está recibiendo el Banco Central por la liquidación de divisas que se desató por el boom de los precios de la soja.
La cifra representa un incremento desde las 400 registradas en febrero y refleja las crecientes dificultades para comprar insumos o bienes de capital. Así, desde mayo del año pasado crecen las cautelares en la Cámara Nacional de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo y Federal.
Los reclamos en su mayoría apuntan contra el Ministerio de Desarrollo Productivo, pero en algunos casos también demandan al Banco Central por la imposibilidad de girar divisas en el Mercado Unico y Libre de Cambios (MULC), donde el dólar oficial se ofrece a $99.
“No le podes prohibir a una fábrica insumos no producidos en Argentina porque se para. El argumento es que no hay dólares, pero el año pasado le dieron a YPF US$ 8 millones en pelotas de futbol de Pakistán para una promoción de combustibles”, dijo el titular de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), Rubén García.
Los problemas datan de mayo del año pasado cuando, ante la falta de dólares, el BCRA empezó a limitar la autorización del acceso al mercado de cambios para cancelar compras de bienes y servicios, deudas o girar dividendos. Sobre todo afectó a las operaciones de pagos anticipados.
Con la llegada del “super cepo”, la entidad encabezada por Miguel Pesce apretó aún más el grifo en septiembre, una medida que en octubre aceleró la sangría de reservas y llevó a reforzar las restricciones, con cupos de 1 millón de dólares para pagos anticipados y giros de hasta US$ 50.000 diarios en el MULC.
En cambio, quedaron exceptuados los embarques posteriores al 2020, las deudas a agencias de exportación o bancos del exterior, compras del Estado y las de obras sociales de medicamentos críticos, insumos para Covid, insumos médicos y bienes de capital.
Mientras tanto, fabricantes e importadores se quejan de que no les aprueban Licencias No Automáticas (LNA). De este modo, las 500 empresas con problemas ya equiparan en un año la misma cantidad que se acumuló entre 2012 y 2015 bajo la gestión de Guillermo Moreno.
En Argentina, hay 19.000 posiciones arancelarias de mercadería con licencias. De ese total, unas 3.500 no automáticas enfrentan restricciones de la secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, a cargo de Ariel Schale, extécnico de la Fundación Protejer.
Los bancos, por otra parte, limitan giros por temor a los controles del BCRA. “Es un control cambiario indirecto, la orden es que salgan la menor cantidad de divisas, esa es la impresión con tanta regulación”, dijo Federico Mencarini, abogado especializado en impuestos y Aduana.
Las LNA son parte del Sistema de Monitoreo de Importaciones (SIMI), que en 2015 reemplazó a las DJAI. “El mayor tema es con las SIMI que obligan a tener mercaderia parada en Aduana, es un control sin decir que cerrás”, coincidió Jimena Vega Olmos, del estudio Martínez de Hoz & Rueda.
En el Ministerio de Desarrollo Productivo, sostienen que la mayoría de las empresas opera normalmente y no recurren a la justicia. “En lo que va de 2021 (datos al 14 de abril) se autorizaron un 47% más de SIMIs respecto al mismo período del año anterior”, señalaron.
Fuente Clarin
