El intento de reforma del Ministerio Público Fiscal que impulsa el kirchnerismo recibió críticas en el Congreso y ahora se sumó la advertencia del Colegio de Abogados de la Ciudad.
En un comunicado, la entidad cuestionó que el proyecto “pone en riesgo la independencia funcional del Ministerio Público surgido de la reforma constitucional del año 1994, que dispuso su integración con ‘un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y los demás miembros que la ley establezca’ (art. 120, Constitución Nacional)”.
Los letrados analizaron que el objetivo central perseguido por esa reforma constitucional “fue el de independizar el funcionamiento de ese Ministerio de los poderes políticos y del propio Poder Judicial, otorgándosele expresamente el carácter de ‘órgano independiente'”.
En el texto, indicaron que “con ello la Constitución busca resguardar que las funciones del Ministerio (defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad) no dependan de las demás ramas del Gobierno nacional, confiriéndole incluso a sus integrantes la intangibilidad de su remuneración e inmunidades funcionales”.
Para el Colegio porteño, el proyecto “amenaza seriamente esa independencia funcional garantizada por la Constitución”.
“Por un lado, propone eliminar la mayoría agravada de dos tercios de los miembros del Senado (presentes el día de la votación) necesaria para la elección del Procurador General, que obliga -por lo general- a consensuar la designación entre las diferentes fuerzas políticas representadas en esa Cámara”, informaron.
El comunicado afirma que “sin ese consenso se facilitaría la designación de alguien por parte de la fuerza política circunstancialmente mayoritaria, con el riesgo de que ese candidato eventualmente carezca de la independencia necesaria para el cargo, requisito fundamental para cumplir con la independencia que el citado artículo 120 reclama”.
El planteo oficialista, para los abogados porteños, “disminuye la representación de los sectores independientes en el Tribunal de Enjuiciamiento de los fiscales y aumenta la representación de sectores vinculados con la política partidaria”.
“Ello daría mayor relevancia a la política partidaria en la decisión de evaluar funcionalmente a sus miembros, con los peligros que sin duda conllevaría, tal como ya sucedió con la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura“, recordaron, en alusión a una modificación enarbolada por Cristina Kirchner.
Por último, analiza que estas dos reformas “significarían un gran retroceso institucional“. “En vez de buscarse una participación más plural en la designación del Procurador General, se permitiría que una sola representación política pueda designarlo o formar mayoría para sancionar a los fiscales en asuntos que afectaren intereses partidarios”.
“Ello pondría indudablemente en riesgo la independencia que la Constitución Nacional ha buscado otorgar al Ministerio Público y lo haría de un modo regresivo, condenado por tratados internacionales“, advirtió con dureza la entidad colegiada.
El texto concluye reafirmando la oposición a los cambios que “tanto daño infligirían al funcionamiento independiente del Ministerio Público y, en última instancia, a la República“.
DS
Fuente Clarin
