La iniciativa fue impulsada por la diputada nacional Gabriela Estévez.
Favorecer la inclusión de las personas travestis y trans mayores de 40 años en el sistema de la seguridad social para garantizarles la percepción de ingresos “reparatorios”, equivalentes al menos a la Pensión Universal para Adultos Mayores de $ 16.456,80, es el objetivo de un proyecto de ley nacional, presentado este lunes en ocasión del Día Internacional Contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.
El proyecto, denominado Pensión Reparatoria para Personas Mayores Travestis y Trans, plantea el otorgamiento en carácter vitalicio de una percepción a todas las personas travestis y transexuales de más de 40 años, hayan o no realizado la rectificación registral del acta de nacimiento y DNI.
En sus considerandos, la iniciativa, impulsada por la Liga LGBTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina (Convocatoria), junto a la diputada nacional Gabriela Estévez, señala que “busca reparar la violación de derechos humanos básicos que implica una expectativa de vida de 35 a 40 años (entre las personas que integran esos colectivos); normas que criminalizaban y ‘patologizaban’ esas identidades; la sistemática violencia institucional y la falta de acceso a la salud, educación, vivienda y trabajo registrado”.
La legisladora enfatizó que “el reconocimiento de la violación de los derechos humanos de este colectivo terminará con la invisibilización de nuestra historia y su inclusión en la seguridad social garantizará condiciones materiales mínimas para una vejez travesti y trans más digna”.
La iniciativa prevé que los ciudadanos extranjeros estén alcanzados, aunque deberán acreditar una residencia mínima de dos años; en tanto, aquellas personas que no hayan realizado la rectificación registral deberán acreditar que se encuentran al amparo de la Ley de Identidad de Género mediante declaración jurada.
Junto a Estévez estuvieron en la presentación la presidenta de la Convocatoria, Claudia Vázquez Haro; las diputadas nacionales Mónica Macha y Jimena López; y referentes de seis organizaciones LGBTIQ+ de provincias.
López, integrante de la Comisión de Género y Diversidad de Diputados, sostuvo: “El travesticidio no solo es penal sino también social. El 85 por ciento de la población viven por debajo de la línea de pobreza”.
“El reconocimiento de la violación de los derechos humanos de este colectivo terminará con la invisibilización de nuestra historia y su inclusión en la seguridad social garantizará condiciones materiales mínimas para una vejez travesti y trans más digna”.”
Gabriela Estévez
De acuerdo con Macha, titular de la Comisión de Mujeres y Diversidad, la iniciativa “pone en quiebre las categorías que han sido utilizadas como ‘normales'” porque “para la comunidad travesti trans llegar a ella es muchas veces es un logro”.
Por su parte, la presidenta de la Convocatoria, Claudia Vázquez Haro, explicó: “Llegamos a la vejez más empobrecidas y con un mayor deterioro físico y emocional que las personas mayores cis (cisgénero), como consecuencia de la vulneración sistemática de nuestros derechos fundamentales a lo largo de nuestra vida”.
“Por ello consideramos necesario y urgente que exista una política pública concreta de inclusión de las personas travestis y trans mayores en el sistema de seguridad social”, agregó la activista que también preside la organización Otrans.
La activista de Devenir Diverse Karina Tuma apuntó que es deber del Estado incluir en la seguridad social a todas las personas travestis y trans “a quienes se les negó el acceso al trabajo, la salud, la educación y la vivienda a lo largo de sus vidas; unas vidas marcadas por la discriminación y la violencia institucional”.
En tanto, Dalex Ariadna Gallozo, presidenta de Identidades Diversas Chaco y, jefa de quirófano obstétrico en el Hospital Perrando, en Resistencia, remarcó la importancia del proyecto para que esta comunidad “deje de sufrir tanto manoseo en lo institucional, lo social” y que pueda “tener muchas compañeras que lleguen a la vejez sin tantas necesidades”.
El activista de la Asociación Civil Colectivo 108, Sebastián Zocayki, apuntó a las dificultades que tienen las personas para acceder a un trabajo: “Los varones trans no llegamos a los 55, 60 años. Queremos vivir, tener una vejez plena, digna, como cualquier ser humano”.
A su vez, Julieta Antunez Ríos, secretaria de Derechos Humanos y Diversidad del Partido Justicialista de Mendoza y enfermera, reconoció que “falta mucho” en el reconocimiento de los derechos de la comunidad, por lo que seguirán “exigiendo que traten el proyecto de cupo laboral travesti trans Diana Sacayán y Lohana Berkins”.
Por otra parte, hace una semana se desarrolló la primera Mesa de Diálogo entre ANSES y representantes del movimiento travesti y trans de Argentina con el objetivo de articular con las organizaciones políticas públicas orientadas a la inclusión del colectivo travesti trans respecto al derecho a la seguridad social.
Fuente Telam
