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Tanto en la Procuración General de la Nación como en la Asociación de Fiscales critican con energía la intención del kirchnerismo de modificar la ley que rige al Ministerio Público Fiscal, donde se desempeñan 350 funcionarios de todos los fueros. En el proyecto que el oficialismo espera votar en los próximos días son al menos tres los puntos determinantes que cerca del jefe de los fiscales interino, Eduardo Casal, consideran de “de suma gravedad” y que pondría en riesgo “el funcionamiento autónomo que debe tener el MPF”.
Los 350 fiscales que se desempeñan en todos los fueros en el país no cuentan con un jefe titular. Desde que renunció Alejandra Gils Carbó, el gobierno de Mauricio Macri no obtuvo el acuerdo político necesario para designar a su candidata –Inés Weinberg de Roca– y el presidente Alberto Fernández también fracasó en su intento de designar al juez Daniel Rafecas, por la falta de respaldo dentro del propio Frente de Todos.
Con este telón de fondo, Eduardo Casal -que por ser el procurador ante la Corte más antiguo asumió el cargo de manera interina- sostiene que el problema de que no haya una designación hace casi tres años “es de la política, porque son ambos espacios los que no lograron ponerse de acuerdo. El cargo está disponible”.
Los fiscales y las autoridades de la Procuración coinciden en que hay mucho en juego. La situación derivó en un pronunciamiento de la Federación Latinoamericana de Fiscales, que manifestó “su profunda preocupación ante la reiterada pretensión de algunos poderes políticos de la región, de menoscabar la independencia e imparcialidad de los operadores de justicia, conformando proyectos legislativos que desconocen que la ‘independencia judicial’ constituye un derecho humano, amparado en el artículo XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
La modificación de la normativa afectará a los 350 fiscales que se desempeñan en todos los fueros, de los cuales 150 integran el fuero federal, responsable de investigar la corrupción. El desglose incluye a 25 fiscalías federales en CABA, contando sus instancias superiores. Además de 16 funcionarios del Ministerio Público de Penal Económico.
Las objeciones al proyecto oficialista se concentran en tres puntos centrales que, aseguran desde la Procuración como desde la Asociación de Fiscales, afectarían la “independencia del MPF”. La oposición fue aún más allá, y acusó al Gobierno de querer “quedarse con el Poder Judicial”.
“Falta de consenso en la designación del Procurador”
La Ley actual determina que, después de que el presidente remite al Senado el pliego de su candidato, el jefe de los fiscales debe ser elegido, con el voto de los dos tercios del pleno. La modificación que impulsa el kirchnerismo es la de una designación por mayoría simple, es decir sólo con los votos oficialistas.
“Un Procurador con la mayoría simple es un procurador debilitado, y así como lo nombran pueden sacarlo. La mayoría especial responde a la relevancia del cargo, es alguien con representación ante la Corte Suprema de Justicia”, indicaron fuentes judiciales a Clarín.
Si se vota el proyecto K, el oficialismo podrá nombrar al próximo jefe de los fiscales sin un acuerdo político con la oposición. Incluso no necesariamente terminaría siendo la persona elegida por el presidente Alberto Fernández.
Sobre ese punto hay otra crítica vertida desde el entorno de Casal: “la designación del Procurador es una potestad del Presidente y eso tampoco se estaría respetando”.
Al momento de ampliar ese punto, sostienen que “no se respeta porque no se impulsa el pliego”. Por otro lado, se señaló que con la ley que buscan aprobar, “el que fijaría la terna para elegir al Procurador interino, sería la Bicameral con lo cual está limitando al presidente la facultad de elegir un interino”.
En este punto analizan varios fiscales y funcionarios del MPF que el riesgo que se corre es que “en el estado actual de cosas, ese interinato continúe y continúe porque no van a mover el pliego del Procurador propuesto por el PEN”.
Por otro lado, el proyecto postula que el cargo se ocupe por cinco años, y que para remover al Procurador sí sean necesarios los dos tercios del Senado. “¿Cuándo la oposición tuvo dos tercios en el Senado? Nunca. Entonces el oficialismo se garantiza un eterno Procurador“, indicaron fuentes judiciales.
“Elección arbitraria de los procuradores en caso de vacancia”
En la actualidad, cuando se produce una vacancia por licencia o por renuncia del cargo del jefe de los fiscales, se designa a uno de los cuatro procuradores con representación ante la Corte, y se contempla al de mayor antiguedad en funciones.
Bajo esa normativa es que Eduardo Casal ocupa de forma interina. Lo que busca ahora el oficialismo es que la Comisión Bicameral de control y seguimiento del Ministerio Público Fiscal -controlada por el oficialismo- sea la que designe al Procurador interino. “Esto permitirá que ocupe el cargo alguien designado por la política y no por la ley del MPF”.
La Comisión Bicameral permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, está conformada por ocho diputados y ocho senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras.
De aprobarse la Ley, la Bicameral podrá designar al fiscal que ocupe el interinato y así desplazar, finalmente, a Eduardo Casal.
Modificación del Jury de juzgamiento de los fiscales
Las modificaciones propuestas en el Tribunal de Enjuiciamiento son las que más inquietan a la Procuración. El Tribunal se compone de siete miembros: uno por el Poder Ejecutivo, dos de la política -integrantes de la Cámara, uno por la minoría y otro por la mayoría-, un abogado de matrícula federal, uno del Consejo Interuniversitario y dos fiscales por sorteo.
En el proyecto oficialista la cantidad de miembros se mantiene, pero se busca cambiar un punto no menor: incorporar un integrante más de la política y sacar uno de los fiscales. Esto tiene otra explicación: hasta el momento el Tribunal funciona únicamente con la totalidad de sus integrantes.
Si los cambios se aprueban, se podría hacerlo sólo con la mayoría. Para remover a un fiscal harán falta dos tercios de la comisión, pero sólo de los presentes. “Con cuatro votos alcanza. Y tendrán uno por el Poder Ejecutivo y otros tres de la política provenientes del Congreso”, explicaron fuentes de la Asociación de Fiscales. Eso dejaría el destino de todos los fiscales en la palma del gobierno.
Fuente Clarin
