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La Justicia de Uruguay rechazó el habeas corpus presentado por el ex asesor jurídico de Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, cuya situación judicial se complica.
El diputado del Parlasur de Cambiemos, que pidió asilo del otro lado del río de la Plata y denunció una persecución política en su contra, estaba convencido de que Interpol iba a emitir el alerta roja después del pedido de la jueza María Servini, quien ordenó su captura internacional, por eso presentó ese recurso judicial que hoy fue desechado dando pie al inicio del procedimiento para determinar si encuadra como refugiado político o no.
Con los fundamentos presentados ante la Comisión de Refugiados (CORE) con sede en Uruguay, Rodríguez Simón, denunciado como parte de una presunta asociación ilícita dedicada al hostigamiento de los dueños del Grupo Indalo, para desapoderarlos de sus activos, aguarda a que se defina su situación.
El juez Marcelo Malvar Juncal convocó este sábado a las partes y al Ministerio Público para lectura de la sentencia, donde rechazó el pedido de Rodríguez Simón.
El fallo al que accedió Clarín, sostiene que el ex asesor de Macri, apuntado como operador ante la justicia federal, “dispuso sujetarse a la justicia uruguaya una vez que se formalice la orden de detención como el pedido de extradición”.
Ante el juez penal uruguayo, Rodríguez Simón había manifestado que en los últimos días fue fotografiado por personas desconocidas, dijo que ha visto coches en actitud de aparente vigilancia, movimientos raros, etc. “No obstante no ha formulado petición alguna sobre el punto ni mucho menos ha atribuido tales situaciones a decisiones del Estado uruguayo ni de organismos del mismo”.
Al analizar el habeas corpus, el juez Malvar Juncal sostuvo que con independencia del contenido de su sentencia y de los procesos venideros (por el que debe resolverse sobre el status jurídico de refugiado), “está claro que Fabián Rodríguez Simón tiene derecho a ser protegido en todos sus derechos, en especial su vida e integridad, no sólo porque así lo mandatan todas las normas nacionales e internacionales, sino porque expresamente, para el solicitante de refugio, lo dispone”.
“En el entendido que esta protección es inherente a su condición de ser humano, y que no está fuera del objeto del proceso de habeas corpus, el que incluso puede iniciarse de oficio, se exhortará al propio actor, en su persona y en la de sus asesores jurídicos a movilizar los instrumentos legales en caso que se sospeche la amenaza o riesgo a alguno de los derechos fundamentales de Fabián Rodríguez Simón”, sostuvo el juez penal uruguayo, en referencia al temor de Pepín de ser detenido tras una serie de movimientos que consideró sospechosos.
Al concluir su planteo, el juez Malvar Juncal exhortó a las autoridades uruguayas y en especial, al Ministerio del Interior de Interpol, “a que en caso de ser detenido en cumplimiento de los mandatos legales, se vele con especial cuidado por la vida, integridad física, intimidad y honor del actor, conforme las normas que acaban de citarse”, pero entendió que no había motivos para otorgar el habeas corpus, ya que aún no se encuentra vigente el alerta roja.
En las últimas 48 horas, hubo un intercambio de información entre Interpol y el juzgado a cargo de Servini. El Comisario Diego Omar Verdún, a cargo de la División Investigación Federal Fugitivos y Extradiciones, pidió más datos a la magistrada antes de emitir el alerta roja.
La jueza federal Servini declaró en estado de rebeldía a Pepín cuando solicitó ser refugiado en Uruguay. Sobre él hay una citación a declaración indagatoria para el 17 de junio, ya que se encuentra imputado en el expediente que inició con la denuncia de Fabián de Sousa, socio de Cristóbal López.
En la causa se investiga Rodríguez Simón y a ex funcionarios de Macri, como al mismo ex presidente, una estructura en la que se “habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil, presuntamente en beneficio de intereses empresarios afines al gobierno y en perjuicio de los intereses públicos por los que debía velar el organismo recaudador nacional”.
Para la magistrada, con su comportamiento, Rodríguez Simón busca “sustraerse de la justicia, lo cual fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021″, y por eso pidió que Interpol emita una alerta roja para su captura.
Cuando firmó la resolución, la magistrada sostuvo que los delitos que se investigan contra Rodríguez Simón “de ningún modo pueden ser considerados delitos políticos, y su condición de funcionario público –aún no determinada fehacientemente– no puede ser entendida como suficiente para estos fines”.
En Uruguay la CORE comenzó a analizar los fundamentos expuestos durante estos días por el ex asesor judicial de Macri para determinar, si corresponde concederle el status jurídico de refugiado. De ser así, deberán emitirle un nuevo pasaporte para su libre circulación.
Fuente Clarin
