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La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, advirtió que quienes se hayan ido a algún destino turístico no podrán volver a sus casas hasta el fin del confinamiento, que es el lunes 31 de mayo a las 6 de la mañana.
Tres constitucionalistas consultados por Clarín señalaron que es inconstitucional y tiene “rasgos autoritarios” que se apliquen restricciones para regresar a los que viajaron por el fin de semana largo, ya que se afectan los derechos a circular y a que las personas puedan volver a sus casas.
En cambio, otro constitucionalista sostuvo que esa restricción oficial es “razonable” si las personas que viajaron ya conocían las limitaciones al tránsito que impuso el DNU de Alberto Fernández, ante la pandemia de coronavirus.
“Lo único que falta es que se sancione a la gente por haberse ido de vacaciones. Es definitivamente arbitrario y por ende claramente inconstitucional“, dijo Félix Lonigro a Clarín.
Y agregó: “La decisión oficial es una restricción al derecho de circular y al derecho de usar la propiedad. Las limitaciones a los derechos están constitucionalmente aceptadas en la medida que sean hechas por ley y que sean razonables”.
Según Lonigro, la restricción expresada por Frederic no figura en ninguna ley, tampoco se sabe cuál es la pena para ese supuesto delito y además está “prohibido” que a alguien se le impida volver a su casa.
En el mismo sentido se expresó el constitucionalista Juan Vicente Sola, quien sostuvo que “esta decisión tiene un fuerte rasgo autoritario”.
“La prohibición total es irrazonable. Acá esa prohibición no figura en ninguna normativa, así que es la palabra de una funcionaria, que le da órdenes a las fuerzas policiales para que la gente no pueda circular. Es una medida que incluso trasciende el Estado de Sitio, porque aun en esa situación yo puedo moverme, con algunas restricciones y se puede controlar por el habeas corpus”, dijo Vicente Sola.
También el constitucionalista Daniel Sabsay destacó los rasgos autoritarios de la medida. “Está prohibido por la Constitución Nacional crear un delito penal por DNU. Esta decisión nos acerca a la posición de un monarca, que crea un delito y luego sanciona, desconociendo las más mínimas garantías constitucionales”, sostuvo Sabsay.
En cambio, para el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, se trata de una medida “razonable”, que se puede aplicar para aquellas personas que sabían de la existencia de la restricción antes de salir de viaje, ante la pandemia de coronavirus; mientras que no se debería aplicar con aquellos que viajaron antes del anuncio del DNU, que se publicó el viernes pasado.
Ese Decreto de Necesidad y Urgencia sólo autorizó la circulación en determinados horarios y “siempre en cercanía a sus domicilios”, con once excepciones, pero ninguna de las cuales incluye los viajes turísticos por el fin de semana largo, a menos que sean personas que “deban trasladarse para realizar viajes al exterior”.
La ministra Frederic destacó el alto acatamiento a las restricciones al tránsito, por ejemplo, en el peaje de Hudson, donde hubo una reducción “del 90% en la cantidad de autos particulares que habitualmente circula un sábado, en la Autopista Buenos Aires-La Plata”.
La funcionaria explicó que si algún efectivo policial detecta un vehículo sin permiso para circular, debe preguntar la causa. “Si encuentra que no hay un argumento sólido que pueda demostrar el por qué, se da intervención al juzgado y establece cuál es el criterio a adoptar”.
“En el caso que tenga vehículo, puede significar el secuestro del mismo. En algunas jurisdiscciones puede significar sólo el labrado de un acta de infracción sin una consecuencia penal directa. Depende del criterio del juez y de cómo interpreta que ese hecho es grave en función de las medidas que se dictan”, sostuvo Frederic.
Fuente Clarin
