A propósito de la absurda denuncia de la diputada Moreau: qué se sabe de los acuerdos con Brasil, Perú y Chile con Pfizer

Pfizer en la región: qué se sabe de los acuerdos con Brasil, Perú y Chile

La vacuna del laboratorio norteamericano es una de las más usadas del mundo y varios países de América Latina suscribieron contratos

La denuncia de la diputada Cecilia Moreau, presidenta del bloque de Frente de Todos, sobre las negociaciones de Pfizer con Brasil y Perú, en las que según la legisladora esos países habrían tenido que “entregar sus recursos naturales” para poder recibir vacunas de ese laboratorio, despertó mayor interés sobre la forma en que se celebraron esos contratos en la región.

“Según información periodística hay países que tuvieron que conceder sus recursos naturales, por ejemplo Perú y Brasil. Aunque no conozco los contratos, sé que fueron muy complicados”, dijo este jueves Moreau en diálogo con la emisora Radio con Vos.

Esto es lo que se sabe sobre los convenios alcanzados por los gobiernos de Brasil, Perú y Chile con el laboratorio norteamericano, cuya vacuna es una de las más aplicadas en el mundo. Aunque fue la primera en aprobarse en la Argentina, el gobierno de Alberto Fernández no suscribió un contrato con Pfizer.

Brasil, 100 millones de dosis

Brasil, que tiene 215 millones de habitantes, el país más poblado de la región, firmó el 19 de marzo su contrato con Pfizer para la provisión de un total de 100 millones de vacunas: 13,5 millones de dosis entre abril y junio y otras 86,5 millones de dosis entre julio y septiembre.

Las primeras conversaciones entre el gobierno brasileño y el laboratorio se dieron en junio de 2020. Dos meses más tarde Pfizer eligió a la Argentina para realizar en el Hospital Militar Central un ensayo de fase 3 con 6000 voluntarios, la prueba más grande de ese laboratorio en todo el mundo.

Mientras estaba en marcha ese ensayo en la Argentina, el 15 de agosto la compañía presentó en Brasil la primera de las tres ofertas que entregaría al gobierno, por 70 millones de inmunizantes y con previsión inicial de entrega de algunas dosis en diciembre del año pasado.

El gobierno de Jair Bolsonaro tomó la decisión de no responder a los ofrecimientos de venta. Al negar durante meses la compra de vacunas Pfizer, Bolsonaro había calificado de “abusivas” las condiciones. Pero el mandatario, que no se caracteriza por la mesura en sus declaraciones, jamás mencionó que se le hubieran pedido recursos naturales como parte del acuerdo, sino que Pfizer no asumía responsabilidad por los efectos colaterales de la vacuna.

“En el contrato de Pfizer está bien claro. Si te convertís en yacaré, es tu problema. Si te convertís en un superhéroe… si le sale barba a alguna mujer o algún hombre comienza a hablar agudo… ellos no tienen nada que ver con eso”, había dicho el presidente a mediados de diciembre.

El laboratorio respondió que las condiciones que exigía a Brasil eran las mismas requeridas a otros países como Estados Unidos, Japón, Israel o Chile, que ya habían alcanzado un acuerdo: la farmaceútica no se responsabilizaría por ningún efecto adverso.

La vacuna de Pfizer recibió en febrero la autorización de la agencia sanitaria brasileña (Anvisa), pero la firma del contrato se siguió demorando.

Finalmente, mientras la pandemia arreciaba en Brasil y los gobernadores reclamaban la llegada de vacunas, en marzo el Congreso aprobó una ley para eximir de responsabilidades al laboratorio en cuanto a los efectos adversos. La norma, sancionada el 6 de marzo por Bolsonaro permite que, para cubrir el riesgo por eventuales efectos colaterales, la administración pública contrate un seguro privado nacional o internacional que se haga cargo de la responsabilidad civil.

Finalmente el 19 de marzo se firmó el contrato con Pfizer/BioNtech que contempla 13,5 millones de dosis entre abril y junio y otras 86,5 millones de dosis entre julio y septiembre.

Brasil tiene garantizadas un total de 562 millones de dosis de vacunas hasta fin de este año con los contratos de Pfizer, AstraZeneca/Oxford, Instituto Butantán/Coronavac, las dosis correspondientes al consorcio Covax, las de Precisa/Bharat -vacuna Coxavin-, las Janssen y Unión Química/Gamaleya por la Sputnik V.

Perú, 32 millones de dosis

A partir de la denuncia de la diputada Moreau, el periodista Eduardo Feinmann entrevistó este viernes en Radio Rivadavia al ministro de Salud de Perú, Óscar Ugarte, que brindó detalles sobre la forma en que su país negoció durante seis meses con el laboratorio Pfizer la compra de un total de 32 millones de dosis de vacunas, un número similar al de su población.

Ugarte negó cualquier exigencia de entrega de soberanía y elogió en cambio la buena marcha de las entregas de vacunas.

“Eso es una barbaridad, eso no existe, no ha existido con nadie. Ese tipo de condiciones no están suscriptas en los contratos”, dijo Ugarte sobre la soberanía. Cuando se le preguntó específicamente si le habían pedido cosas “desmedidas”, respondió: “En el caso de Perú, no”.

El gobierno del presidente Francisco Sagasti firmó un primer contrato por 20 millones de dosis, al que luego se añadieron otros 12, según explicó el ministro.

“La vacuna Pfizer empezó a llegarnos la primera semana de marzo con 50.000 dosis semanales. Durante el mes de abril se incrementó a 200.000 semanales. Durante el mes de mayo esto ha crecido, empezó con 450.000 dosis semanales y ahora estamos recibiendo una cantidad un poco mayor, y a partir de junio vamos a recibir una cantidad mayor aún”, dijo sobre el acelerado proceso de entregas.

Según un informe del Bureau of Investigative Journalism, que contó con la colaboración del sitio de investigación Ojo Público, “las negociaciones [entre Perú y fizer] se prolongaron durante casi seis meses e incluyeron el eximir responsabilidad ante eventuales efectos adversos, demora en la entrega de los lotes, e implementar todos las normas legales necesarias para cumplir con las obligaciones al proveedor frente a demandas futuras e indemnizaciones”, dice el reporte, respaldado con una copia filtrada del acuerdo previo, cuando los ensayos estaban en las fases finales. “Las cláusulas fueron consideradas extremas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, según confirmaron fuentes cercanas a las negociaciones. Las mismas fuentes señalaron que las condiciones de este laboratorio eran diferentes a las de otros desarrolladores de vacuna”, añadió el informe.

Fuentes consultadas por LA NACION en Perú también desecharon las denuncias sobre el tema de la soberanía como una sorpresa y una exigencia insostenible que hubiera sido explotada de inmediato por los medios y sectores opositores peruanos.

“Acá no se ha tocado ese tema de si hemos tenido que entregar nuestros recursos naturales para hacer el contrato con Pfizer. Al menos que el gobierno lo tenga como un secreto. Pero públicamente nadie ha sacado ese tema. Tampoco se habla ni se cuestiona nada sobre el contrato de Pfizer en la opinión pública. Inmediatamente hubiera salido a la luz”, señaló.

Chile, 10 millones de dosis

En el caso de Chile, los primeros acercamientos con Pfizer tuvieron lugar en julio del año pasado cuando se le presentó al gobierno de Sebastián Piñera una propuesta de “adhesión” para garantizar la venta de hasta 10 millones de dosis. Con todo, y después de superar algunas preocupaciones de los laboratorios por algunas cláusulas presentes en la legislación chilena, el Instituto de Salud Pública (ISP) autorizó el uso del medicamento en diciembre.

Ese mismo mes Chile firmó un contrato con Pfizer para la provisión de 10 millones de dosis de la vacuna. Antes de fines de 2020, el país había recibido 21.700 dosis, pero en los meses siguientes la llegada de esta vacuna se aceleró.

Según los datos oficiales del gobierno chileno, a ese país ya llegaron más de 2,8 millones de dosis de la vacuna elaborada por la farmacéutica estadounidense.

Juan Carlos Said, epidemiólogo chileno y experto en Salud Pública, dijo que las vacunas de Pfizer, “al ser las primeras que llegaron, se usaron para el personal médico, pero hoy en día se usan para la población en general”.

De acuerdo con un conocedor de las tratativas con Pfizer, como otras empresas, pidieron cláusulas en sus contratos que exoneran de responsabilidad en caso de que un inoculado con su vacuna desarrolle efectos adversos. Sin embargo, destacaron que la vacuna de Pfizer demuestra un 95% de efectividad en todos los grupos de edad analizados, incluyendo adultos mayores.

Informes de Marcelo Silva de Sousa, Ramiro Pellet Lastra y Víctor García

Fuente La Nación