Por Guillermo Tiscornia
El mensaje que irradia el reciente fallo de condena recaído respecto del funcionario policial Luis Chocobar resulta –al tiempo que nefasto- intrínsecamente perverso; y lo es por partida doble.
En efecto, por un lado la señal que envía este pronunciamiento a los casi doscientos mil funcionarios policiales que desempeñan tareas en todo el territorio de la República Argentina reviste clara contundencia; todo funcionario policial que se involucre en lo sucesivo con la prevención delictiva en la vía pública en defensa de una víctima correrá serio riesgo de terminar como Luis Chocobar.
Pero la brutal perversidad que deriva de este fallo condenatorio irradia también en los ciudadanos de a pie, quienes conscientes de que –de ahora en mas- la policía se verá inducida a no involucrarse en la prevención de delitos de contacto, se verán estimulados a generar mecanismos de auto defensa ante la futura inacción policial.
Y esto dará lugar a lo que se conoce como “justicia por mano propia”; en síntesis este tipo de pronunciamientos socava la tranquilidad pública; afecta la paz social e incentiva a la ciudadanía de generar dichos mecanismos de auto defensa.
Este tipo de fallos, además, está claramente condicionado por un emergente ideológico ( sustentado en un pseudo rigor científico) que pregona la lisa y llana abolición del derecho penal sustentado en una exacerbada protección de los derechos del victimario por sobre la protección de la víctima.
Y está mas que claro que es precisamente el victimario quien toma la decisión voluntaria de delinquir; por el contrario la víctima es simplemente eso; receptora de las consecuencias dañosas de la actividad criminal.
“Piensa mal y acertarás” espetó el célebre Césare Pavese; y en esta línea, y aun cuando todavía no se conocen los fundamentos de este reciente pronunciamiento de condena; me permito cuanto menos conjeturar que el sustento de dicha condena bien podría, eventualmente, encontrarse precedido de una probable actividad jurisdiccional prevaricadora a partir de la posible invocación de hechos y extremos falsos o bien producto de una fraudulenta valoración probatoria.
