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Una empresa propiedad de un familiar de la ministra de Salud del Chaco se encargará de la distribución de vacunas, por contratación directa y sin cumplir con las condiciones técnicas indispensables. Una investigación de Iván Gyoker.
El COVID-19 es un drama para la sociedad argentina, pero también la oportunidad para hacer grandes negocios en poco tiempo. Y la administración del Chaco, que conduce Jorge Capitanich, cuando ve un negocio redituable, no lo deja pasar.
En los últimos días una novedad conmovió a la sociedad chaqueña. La empresa Mundo Helados SRL, propiedad de un familiar de la ministra de Salud, Paola Andrea Benítez, resultó la adjudicataria de un contrato millonario para la distribución de vacunas contra el COVID.
La empresa tiene su sede en Resistencia y el millonario contrato se suscribió a los fines de “almacenar, distribuir y trasladar las vacunas hacia el interior de la provincia”. El problema es la colección de irregularidades que rodea a la contratación.
La primera de ellas es que no hubo licitación, sino que se realizó una contratación directa a una empresa que pertenece a un familiar de la ministra que firmó el contrato.
La segunda es que la empresa que conducen Cristian Rubén Ramírez, Claudio Roberto Ramírez y Diógenes Rubén Ramírez no está en condiciones de prestar la totalidad de los servicios a los que se comprometió, ya que el almacenamiento no lo realizará la empresa, sino la dirección de Inmunizaciones, que forma parte del ministerio contratante. Es decir, que la ministra de Salud contrató a una empresa de un familiar para almacenar vacunas dentro de la propia infraestructura ministerial.
Una auditoría realizada por el propio ministerio acepta que “no podían corroborar que esta empresa cumpliera con todo lo que decía tener” y que “tampoco saben en qué condiciones están los vehículos” que deberían distribuir las vacunas a lo largo de la provincia. Y también informa que el almacenamiento -que forma parte del contrato- será realizado en la dirección de Inmunizaciones.
El informe de la auditoría es concluyente:
“No existen informes técnicos de organismos dependientes del ministerio de Salud que acrediten que Mundo Helado SRL se encuentre en condiciones de la prestación de dichos servicios, como así también, si los vehículos destinados a la distribución mencionados en el contrato en cuestión cumplen con las condiciones descriptas”, dice el informe de auditoría.
Más leña al fuego le hecha al escandaloso ilícito una nota de la subsecretaría de Salud, en la que se da cuenta de que “por pedido verbal de la ministra de Salud, Paola Andrea Benítez, no se realizó la inspección correspondiente a Mundo Helado SRL para la verificación del lugar para el almacenamiento de vacunas”.
El contrato es por un monto de 13.500.000 y tiene una duración de tres meses. Desde el entorno de la ministra aducen que Mundo Helado SRL habría presentado la propuesta más baja y que no habría impedimento de ninguna clase para cerrar la operación.
Sin embargo, si no hubo licitación: ¿Contra qué propuestas se compara la de Mundo Helado SRL? ¿No resulta muy sospechoso que la empresa contratada pertenezca a una familiar de la ministra, y que ésta haya ordenado no realizar ningún tipo de constatación sobre sus posibilidades reales de llevar a cabo la tarea? De hecho, el almacenamiento -uno de los rubros por los que recaudará la empresa- se hará en dependencias del propio ministerio de Salud y no hay garantías de que el contratado cumpla con la flota de vehículos indispensable para cumplir con sus obligaciones.
Eso sí, inmediatamente se realizaron pedidos de pago a la empresa de parte del ministerio, que están registrados en el sistema respectivo.
Otra vez el Frente de Todos en el ojo de la tormenta por utilizar las vacunas para lucrar con la necesidad de los más vulnerables.
Fuente Realpolitik
