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La causa inició en 2019, y ya pasaron por ella cuatro jueces. Uno tras otro, todos fueron excusándose para mantener el expediente, y ahora la Cámara Federal porteña debe decidir quién investiga el presunto espionaje a 25 personas, entre las que se encuentran gran parte de los magistrados de Comodoro Py. Justamente, por encontrarse en la nómina de supuestos espiados, muchos jueces rechazaron la causa. Si esas declinaciones continúan, el caso podría terminar en el fuero Penal Económico.
La justicia busca desentrañar si desde diversas dependencias del Estado durante el gobierno de Mauricio Macri se desplegaron actividades de espionaje e inteligencia ilegal en relación a 25 personas, entre ellas jueces de la Corte, de la Cámara de Casación, jueces federales y del fuero penal económico, gobernadores y presidentes de bloques en el Congreso.
Uno de los informes que está en el expediente detalla la fecha y desde qué organismos se buscó información sobre los jueces, en este caso, principalmente de Comodoro Py.
El trabajo consigna distintos ingresos de búsqueda de datos de ese listado de personas desde la AFIP, el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Jefatura de Policía de la Ciudad, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Gendarmería Nacional, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la Procuración General de la Nación, las Jefaturas de la Policía Federal, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval y el ministerio de Seguridad de Salta.
Gran parte de los datos solicitados refieren a movimientos migratorios, y en esas planillas al lado de los nombres hay algunas observaciones donde se destacan referencias de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Cuando el caso inició, estuvo en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien desdobló parte de la causa por encontrarse él mismo en el listado de magistrados que habrían sido investigados de forma irregular. En ese entonces, el fiscal Ramiro González solicitó una serie de medidas para determinar si aquellas búsquedas respondieron a “actividades de espionaje e inteligencia ilegal”. Para ello se realizó una consulta a la Dirección Nacional de Migraciones y otras en curso al Banco Central, la AFIP y la bases privadas de datos financieros Veraz y Nosis.
La causa se centra en la hipótesis de un presunto espionaje por parte del Gobierno a jueces y dirigentes políticos.
Pero con el correr de los meses, el expediente se movió muy poco. Lo que ocurrió es que a medida que se iba incorporando información los jueces de Comodoro Py se encontraron en esas nóminas de presuntos espiados. Cuando comenzó a subrogar el juzgado que dejó Canicoba Corral tras jubilarse, la magistrada María Eugenia Capuchetti, se excusó: no podía investigar algo en lo que en principio, estaba incluida como parte del listado de quienes habrían sido espiados.
Así, el caso pasó al juzgado a cargo de Sebastián Ramos, quien también sostuvo que no podía estar a cargo del expediente. El caso se remitió entonces a su par Marcelo Martínez De Giorgi, quien también recibió la causa por presunto espionaje ilegal del gobierno de Mauricio Macri que tramitaba en Lomas de Zamora.
Pero su nombre también estaba en la documentación que dio origen al expediente de jueces víctimas de un presunto espionaje ilegal. La decisión fue la misma que la de los magistrado anteriores: excusarse. Como se trata de una cuestión de competencia, ahora es la Cámara Federal porteña la que debe decidir quién investigará el escándalo.
El problema es que -según señalaron fuentes judiciales a Clarín– la totalidad de los jueces de instrucción de Comodoro Py se encuentran en esas planillas. Por lo cual, el circuito de excusaciones continuarían. ¿La solución? Que intervenga un juez en lo Penal Económico. Pero hay un detalle: ente las víctimas de esa vigilancia supuestamente ilegal también están incluidos algunos magistrados de ese fuero.
La causa permanece en una suerte de limbo. Lo primero que hay que determinar, explicaron fuentes judiciales a Clarín, es “si fueron investigados irregularmente. Y una vez que se establece eso, se puede apartar a quien está a cargo en caso de figurar en esas planillas”.
Las búsquedas bajo la lupa
El primer informe que se adjuntó al expediente provino de la Dirección Nacional de Migraciones, con las solicitudes de información migratoria respecto a jueces federales. durante dos años Luego, el requerimiento fue ampliado incluyendo gobernadores y otros dirigentes políticos.
La lista de los presuntamente espiados incluye a 21 funcionarios judiciales, a tres gobernadores y jefes de bloque de la Cámara de Diputados. El informe entregado por Migraciones detalla desde qué organismos se buscó información de estas personas.
El rastreo expuso cómo desde un IP del Ministerio Seguridad, como de la UIF se buscaron datos sobre diferentes jueces de Comodoro Py, como fue el caso de Canicoba Corral, María Eugenia Capuchetti.
El juez Sebastián Casanello, que investigó a Lázaro Báez por la Ruta del Dinero K y a Julio De Vido en el caso Skanska, entre otros, integra el listado. Hubo dos búsquedas respecto a él, una por parte de la Policía de la Ciudad el 19 de julio de 2018 y otra desde Gendarmería Nacional, el 26 de julio del mismo año. Desde la Aduana se registró la búsqueda de información sobre el juez Daniel Rafecas, ahora candidato a Procurador General de Alberto Fernández. Fue el 3 de abril de 2018.
Del mismo fuero, se determinó que desde la UIF hubo dos rastreos sobre el juez Luis Rodríguez, quien ordenó en 2017 la detención de Julio De Vido. Las fechas de búsqueda fueron el 11 y 28 de febrero de 2019. No quedó exenta la jueza con competencia electoral María Romilda Servini, sobre quien se realizaron desde la Policía Federal dos rastreos: uno el 8 de enero de 2018 y otro el 7 de junio del mismo año.
Sobre la Avenida de los Inmigrantes, cerca del edificio de Comodoro Py, funciona la mayor parte del fuero en lo Penal Económico. El 19 de diciembre de 2018, desde la Aduana se rastreó información sobre el juez Marcelo Aguinsky, el responsable de la causa sobre la mafia de los contenedores donde se condenó a Claudio Minnicelli, cuñado de De Vido.
Desde el mismo organismo estatal se rastreó el 22 de agosto de 2018 al juez Pablo Yadarola, quien lleva la investigación sobre la valija con dólares del venezolano Guido Antonini Wilson. Y con misma fecha, desde una IP de la Aduana se buscó información sobre el juez Javier López Biscayart, que inició la causa Skanska en 2005 e investigó en varios expedientes tributarios a Lázaro Báez, como a Hugo Moyano y a la empresa OCA.
La lista sigue. Migraciones entregó detalles sobre búsquedas que se hicieron respecto a jueces de tribunales orales, como: Claudio Gutiérrez de la Cárcova, María Gabriela López Iñíguez, Sabrina Namer, Angel Gabriel Nardiello, Sergio Adrián Paduczak, Javier Feliciano Ríos (integra el TOF que juzga a Cristóbal López), José Martínez Sobrino (integra el TOF que juzga a Cristina Kirchner por la Obra Pública), y Nicolás Toselli.
La justicia deberá establecer ahora si los pedidos de datos formulados por todos los organismos detallados en este informe corresponden o no a solicitudes judiciales, el Consejo de la Magistratura o sumarios administrativos, o si efectivamente pueden constituir intromisiones ilegales. Si ocurriese esto, el desafío entonces será encontrar un juez que no haya sido espiado y que pueda tomar la causa.
Fuente Clarin
