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Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, encabezado por el mendocino del PRO, Omar de Marchi, presentó una denuncia penal ante la Justicia para que se investiguen las gestiones del gobierno argentino para adquirir vacunas y por qué no se logró acordar con Pfizer. Piden corroborar si se cometieron delitos por negociación incompatible con la función pública, cohecho y trafico de influencia.
“No haber dispuesto de vacunas en tiempo y forma, como si dispusieron países vecinos por ejemplo, ha hecho que muchos argentinos murieran y esas muertes eran evitables si hubiesen sido vacunados a tiempo”, sentenció De Marchi y señaló irregularidades.
“El Gobierno no actuó con claridad ni transparencia en el manejo de las vacunas y terminó favoreciendo a algunos laboratorios amigos. En este caso, el laboratorio de Hugo Sigman se vió claramente favorecido”, agregó.
La presentación se da en medio de un nuevo escándalo en torno a la negociación con ese laboratorio por los dichos del director del mecanismo de vacunas Covax para América Latina, Santiago Cornejo.
“Hemos incorporado a la denuncia las declaraciones de Santiago Cornejo quien es el responsable del fondo Covax para América Latina quien ayer declaró que Argentina se había negado a recibir vacunas Pfizer desde el fondo Covax. Hoy vemos que este señor, seguramente condicionado desde el gobierno argentino, intenta aclarar sus dichos. Pero no hay dos formas de interpretar lo que dijo. Esta grabado. También lo hemos ofrecido como testigo para que en sede judicial diga lo que tenga que decir”.
En el escrito de 14 páginas al que accedió Clarín, los diputados señalan “desde mediados del año 2020 el laboratorio Pfizer había ofrecido 13,3 Millones de dosis de su vacuna y el fondo Covax de la Organización Mundial de la Salud hasta 25 millones de dosis de vacuna”, pero que “no se logró contar con esas ni con otras vacunas a tiempo”.
“Argentina pudo contar con por lo menos 38 millones de dosis de vacunas de alta categoría que hubieran evitado muchísimas muertes que efectivamente ocurrieron”, apuntan.
En el documento, los firmantes señalan que “no puede haber ninguna razón que justifique no comprar vacunas disponibles cuando, casualmente, no pertenecen a los laboratorios que han sido favorecidos por el Gobierno y tenían un costo mucho menor a las adquiridas de otros laboratorios con socios locales“, apunta el texto.
La denuncia también lleva las firmas de los legisladores Waldo Wolff, Alvaro De Lamadrid, María Piccolomini, Francisco Sanchez, Fernando Iglesias, Ingrid Jetter, Héctor Steffani, Alberto Asseff, Jorge Enriquez y Federico Zamarbide.
Piden citar a dar testimonio al presidente Alberto Fernández; a su vice Cristina Kirchner, al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; al ex ministro Ginés González García y a la actual funcionaria Carla Vizzotti, entre otros.
A su vez, señalan que hubo un “claro favoritismo a laboratorios locales que actúan como “socios locales” de fabricantes de vacunas” y mencionan al titular del Grupo Insud, Hugo Sigman, por la fabricación local de dosis de AstraZeneca.
“No es menor que Carla Vizzotti haya contratado por $143 Millones el tratamiento de Suero Equino a la empresa Elea de Hugo Sigman a U$S 1.000 por paciente”, insisten.
También piden investigar la negativa a autorizar la vacuna Janssen de Johnson & Johnson. “Tampoco la han autorizado a pesar que desde diciembre de 2020 su pedido se encuentra ingresado, evidenciándose una clara diferencia con el trato dado a Sputnik V que fue autorizada de emergencia y sin participación y aprobación de la ANMAT”, afirman.
Fuente Clarin
