Pese a que las tarifas de los servicios públicos están prácticamente congeladas desde hace dos años, y recién en mayo se están autorizando aumentos del 6% para el servicio de energía eléctrica y del 9% para el gas natural (al menos en el área metropolitana) la cantidad de usuarios que no está al día con la factura de luz, gas o agua potable es notablemente alta. Al menos es lo que se desprende de los datos que aparecen en el informe de gestión 129 ofrecido a la Cámara de Senadores la semana pasada la Jefatura de Gabinete de Ministros que conduce Santiago Cafiero.
El funcionario señaló que algo más de 900.000 usuarios de Edenor y Edesur registran algún tipo de atraso en la factura. Equivale a cerca del 20% del padrón.
Para el gas natural, identificó que hay más de tres millones de clientes morosos en todo el país. Y en el caso del servicio de agua corriente hay cerca de 430.000 usuarios morosos.
Cafiero reveló esos datos al responder a una pregunta puntual de la senadora neuquina Carme Crexell, que pidió concretamente saber “¿Cuál es el índice de morosidad en el pago de los servicios de electricidad, agua y gas? ¿Cuál fue el incremento de ese índice desde la implementación de ASPO? ¿a cuántos usuarios se traduce ese índice?”.
Cafiero respondió así:
“Para el caso del gas natural, la deuda de los usuarios finales con las empresas distribuidoras llega a los 20,973 millones de pesos al 28 de febrero de 2021. Un salto del 36% respecto a marzo de 2020, al inicio de la pandemia”. Se trata de 3.186.888 clientes que no están al día, y que en promedio, dijo Cafiero, adeudan cada uno de ellos 6.581 pesos.
En el caso del agua corriente, “el monto de mora ha crecido en $5.623 millones (informa el incremento, pero no la deuda total), equivalente en términos porcentuales a un incremento del 55%. A su vez, la cantidad acumulada de usuarios para el período indicado asciende a 431.000 usuarios, que representa un crecimiento porcentual del 37,3% para todo el período.”
En cuanto al servicio de distribución de electricidad que brindan Edenor y Edesur (las únicas que regula el Gobierno nacional) Cafiero no habló de montos en dinero adeudados, pero presentó cuadros en los que se observa que la morosidad promedio, desde inicios de 2020, fue cercana al 20%. Para el caso de Edenor, informó que tienen 467 mil usuarios que tienen algún tipo de deuda con la compañía, mientras que para el caso de Edesur se registran cerca de 473 mil usuarios morosos.
En el caso de la energía eléctrica, el número de usuarios morosos no contempla, lógicamente, los que directamente están “colgados” de la red. En las empresas distribuidoras reconocen que es un número importante, y que no es para nada fácil reducirlo: sencillamente porque los operarios de las empresas no quieren acercarse a los barrios carenciados donde están la mayoría de los casos. Sí lo hacen en comercios y barrios cerrados que también forman parte de los casos de hurto de energía que se denuncian cotidianamente.
En una de las distribuidoras de energía señalaron, con todo, que los números de Cafiero -quien dijo que utilizó información brindada por el Ministerio de Economía– no se condicen con los que manejan en la empresa, que eran bastante más bajos.
Estos números de morosidad que maneja el Gobierno seguramente son utilizados por los funcionarios de la Secretaría de Energía y los entes reguladores como argumento para autorizar aumentos tarifarios bien acotados. De hecho, después de dos años de congelamiento el aumento para la energía eléctrica fue del 9% y para el gas natural de apenas el 6%, bien por debajo de lo que pretendía el ministro Martín Guzmán. El congelamiento o el atraso tarifario implica un peso importante de los subsidios para pagar los servicios de la población. De hecho se calcula que hoy más del 60% de la factura se paga con subsidios.
La morosidad también refleja el severo deterioro del poder adquisitivo de las familias, contraparte de la disparada de los índices de pobreza e indigencia. Los salarios formales o informales han sufrido un fuerte deterioro en los últimos tres años, al extremo de que hay trabajadores formales cuyos salarios no les permite salir de debajo de la línea de pobreza.
Fuente Clarin
