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En una segunda etapa de la investigación sobre Oil Combustibles, la petrolera por la que sus dueños Cristóbal López y Fabián De Sousa están bajo juicio oral por supuesto fraude al Estado, el juez Julián Ercolini estaba por enviar a juicio oral a ex funcionarios de la AFIP procesados por haber favorecido a los empresarios con planes de facilidad de pagos para la deuda multimillonaria que habían acumulado con el fisco, según la acusación. En febrero, el organismo recaudador informó que no acusará a esos ex funcionarios y esta semana presentó los fundamentos de esa decisión.
En abril de 2019, Ercolini procesó a quien fue la mano derecha de Ricardo Echegaray, Angel Toninelli, como coautor del delito de administración fraudulenta agravada en la causa por la deuda fiscal de 8 mil millones de pesos de Oil, la empresa de Cristóbal López. El listado de acusados, incluyó otros 17 funcionarios del organismo recaudador, como partícipes de una maniobra que posibilitó el otorgamiento de planes que, para la justicia, no debían concederse.
En esta segunda parte de la causa -que se desprende del expediente central que se encuentra elevado a juicio oral y público- la fiscalía de Gerardo Pollicita investigó el “entramado delictivo que involucra, por un lado a Oil Combustibles” y a “diversos ex funcionarios de la AFIP” incluido Ricardo Echegaray” (ya procesado en el primer tramo).
De este expediente conexo a la causa principal, cuyo juicio inició en 2019, se retiró la AFIP.
En una breve nota, los abogados Silvina Verónica Torres y Fabricio Antonio Lanzillotta, informaron que el organismo fiscal “ha cesado en su interés de impulsar la pretensión punitiva, respecto de los funcionarios que son objeto del presente traslado”.
Frente a esa determinación, antes de realizar su requerimiento de elevación para que el caso avance hacia el debate oral, el fiscal Pollicita pidió que el fisco -bajo la conducción de Mercedes Marcó del Pont– explique los fundamentos por los que desistió de la acusación.
Por ese motivo, hace pocos días ingresó al juzgado de Ercolini un escrito de doce páginas al que accedió Clarín. En él, los abogados de la AFIP indicaron que “las funciones descritas y los consecuentes deberes funcionales -espejo de aquellas-, que habrían sido vulnerados por quienes ejercieron los cargos respectivos al momento de los hechos, si bien resultaban esenciales para la concreción de la maniobra (el supuesto fraude impositivo llevado a cabo por Oil), no permitían llevarla a cabo por sí solos, sino que para ello se requería la decisión -y el consecuente comportamiento activo u omisivo, según el caso- de quien detentaba la administración del Fisco Nacional, esto es, del Administrador Federal, Echegaray.”
Frente a ese primer argumento, indicaron que no sería “conveniente” proceder con la acusación que pidió el juez Ercolini.
Se excusaron al indicar que desde diferentes resoluciones, testimonios durante el juicio de Oil, como la nota presentada por los jefes de Agencia y Directores Regionales, los funcionarios acusados aducían que temían que se judicialicen los actos administrativos realizados.
La AFIP ejerce el rol de acusador particular, tanto en primera instancia como ante el Tribunal Oral. Por esa razón entendieron sus abogados que “no puede dejar de observar las diferentes circunstancias que vienen acaeciendo en el proceso de manera integral, dado que los nuevos elementos indicados, poseen una incidencia directa sobre la evaluación del accionar de los funcionarios”.
Al evaluar las dos causas, aquella que ya está en juicio oral y de la que desistieron intervenir, el fisco dijo en su escrito que a su entender “no se apreciarían, al menos manifiestamente, vulnerados procedimientos o normativa asociada a la gestión tributaria a cargo de esta Administración, que permitan o sustenten el interés del Organismo en mantener su pretensión punitiva”.
La acusación
El juez Ercolini procesó a los subalternos de Echegaray cuando estuvo frente a la AFIP, que a criterio de la fiscalía no cumplieron con sus respectivas funciones sino que facilitaron la maniobra que llevó a prisión a Cristóbal López y Fabián De Sousa: defraudar en más de 8.000 millones de pesos al fisco.
Ese fraude, que según la investigación se habría realizado entre mayo de 2013 y diciembre de 2015 -lapso en que Oil Combustibles omitió el pago del impuesto a las naftas- habría sido posible gracias al aporte clave de la AFIP, “siendo que los ex funcionarios indagados no reclamaron oportunamente el pago de la deuda, a la vez que habrían permitido por acción en algunas oportunidades, por omisión otras tantas, un gran número de irregularidades en el tratamiento, otorgamiento y posterior gestión de regímenes de facilidades de pago“, indicó el procesamiento que fue confirmado por la Cámara Federal porteña.
En su resolución, Ercolini destacó que Toninelli, como jefe de la DGI en la época K, permitió a Oil “reestructurar sus pasivos de manera permanente (lo que) finalmente generó la situación que, según Toninelli, se intentó evitar a través de los planes: el estado de insolvencia generalizada de Oil en particular y del grupo Indalo en general -que esencialmente se costeaba con el dinero del impuesto a los combustibles líquidos”.
Otras decisiones de la AFIP
Hay que recordar Marcó del Pont desintegró el Comité Coordinador creado por el macrismo y que estaba integrado por 70 personas, entre técnicos, abogados, especialistas. Tuvieron a su cargo el caso Oil Combustibles, como otras investigaciones: la vinculada a los posibles movimientos de fondos ilícitos en la obra del soterramiento del tren Sarmiento, que involucraba al primo del ex presidente Mauricio Macri.
Este año además, Mercedes Marcó del Pont dio su visto bueno para que Cristóbal López levante la quiebra de Oil Combustibles, inactiva desde 2018 y con sus principales activos vendidos. La distribución de esos 100 millones de dólares, quedó suspendidas porque el empresario K busca el levantamiento de la quiebra por avenimiento, es decir, busca la conformidad de todos sus acreedores para encontrar otra vía de pago y que no se liquide su compañía. El fisco, principal acreedor, ya dio su conformidad.
Fuente Clarin
