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La familia Kirchner trabaja con énfasis y objetivos precisos sobre la política nacional, influyen cada vez en las decisiones de la Presidencia de Alberto Fernández, pero al mismo tiempo se dedican a avanzar en las posibles resoluciones de sus múltiples problemas judiciales.
Tanto la vicepresidente Cristina Fernández, como sus hijos, el jefe de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner; y su hermana Florencia, están acusados de cometer posibles delitos de corrupción en expedientes elevados a juicio oral. Se los acusa de haber usado negocios en blanco para lavar supuestos millones de origen ilegal.
El proceso en el que están involucrados los tres es el que unificó las causas conocidos como “Hotesur” y “Los Sauces”. La primera de las empresas es la que explotaba comercialmente los hoteles que los K instalaron en El Calafate y El Chaltén. La segunda compañía es una inmobiliaria que carece de documentación básica para funcionar pero que les generó ganancias extraordinarias a los patagónicos que volvieron al poder político.
Desde su llegada a los ámbitos de decisión del Ejecutivo y Legislativo las noticias tribunalicias son positivas para ellos. Gracias a la presión del abogado de los hijos Kirchner, Carlos Beraldi, también defensor de su madre y a la vez asesor de la Casa Rosada en la aun fallida “reforma judicial”, está logrando avances favorables para sus clientes. O eso parece.
Como difundió Lucía Salinas en Clarín, dos jueces del tribunal oral federal 5, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, decidieron que se termine la intervención que el propio Poder Judicial había impuesto a los hoteles, y que la inmobiliaria y veintiséis propiedades de los Kirchner y su administración vuelvan a sus accionistas originales.
La magistrada Adriana Paliotti y el fiscal del juicio, Diego Velazco, intentaron evitar que los acusados en la causa “Hotesur-Los Sauces” logren estos y otros cometidos. Presentaron argumentos jurídicos pero primaron las insistencias, ajustadas a derecho, del influyente Beraldi. De acuerdo a documentación a la que accedió este diario, y a declaraciones de denunciantes del caso de los hoteles y la inmobiliaria K, esas firmas trabajan y de nuevo estarían conformadas de modo potencialmente irregular. Lo mismo pasa con los veintiséis inmuebles que también volvieron a ser controlados por los Kirchner.
La familia de la vice parece haber vuelto a confiar en el Estado, al que antes acusaban de complotarse en su contra. Por ejemplo, consiguieron que los jueces Obligado y Grümberg acepten como nuevos veedores de los negocios bajo sospecha a dos funcionarios que trabajan en la AFIP. Ese organismo, que según los interventores de los hoteles, las casas y departamentos alquilados de los Kirchner y su inmobiliaria “fantasma” debió haber controlado con mayor eficiencia a las firmas sospechadas de cometer fraudes financieros, tiene ahora a dos de sus integrantes controlando la contabilidad de las empresas privadas K.
Con rapidez inusual. El dúo de magistrados que aceptó los pedidos de Beraldi presentados al respecto, ya designó oficialmente como veedores informantes para le Tribunal Oral Federal 5 sobre las finanzas de los hoteles, la inmobiliaria y los inmuebles de los K a dos agentes fiscales estatales. Uno de ellos es Ariel Horacio Canteros. El otro es Gerardo Andrés Paludi.
¿Puede la AFIP representar a la Justicia si ese ente, aunque autárquico del Gobierno, siempre responde políticamente a la Casa Rosada?
El fiscal del juicio “Hotesur-Los Sauces” consideró que no. Y apeló la decisión a un tribunal de alzada. La confirmación oficial de la elección de veedores de la AFIP pedidos por los hermanos Kirchner incluye una singularidad que mezcla lazos familiares con poder gubernamental. La actual titular de la Dirección General Impositiva (DGI) es Virginia García, ex cuñada de Máximo Kirchner hermana de la madre de sus hijos, Rocío García. Ésta última formó parte alguna vez del directorio de Hotesur.
Fue la DGI de García (Virginia) quien eligió a los dos agentes de la AFIP que ahora trabajan en el juicio oral de los hoteles y la inmobiliaria y las propiedades K.
Así queda demostrado en un escrito que esa área de la AFIP DGI de García le envió a los jueces a cargo de la causa el 15 de mayo pasado. Era sábado. Los logros jurídicos del abogado Beraldi son más.
A pesar de que la Justicia nunca pudo obtener el documento público que demuestra quiénes son los accionistas de Hotesur S.A, él afirmó con un acta ante el Tribunal Oral 5 que esa empresa realizó una asamblea en la que se eligió a un nuevo directorio.
El presidente del hotel Alto Calafate es ahora Sebastián José Sánchez. La hija de la vicepresidenta, Florencia, es la nueva directora suplente de esa firma.
Clarín pudo saber que la documentación sobre esa Asamblea no fue registrada en el sistema de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo estatal que regula el funcionamiento de las sociedades comerciales.
Su titular es Ricardo Nissen. Fue abogado de los Kirchner en la causa… Hotesur. Entre otros asesoramientos jurídicos en los que trabajó para la misma familia.
El cambio de directorio tampoco fue publicado en el Boletín Oficial.
El propio Beraldi también le comunicó a los investigadores de sus clientes que la administración del hotel, igual que la del llamado “Condominio Máximo Carlos Kirchner y Florencia Kirchner” (propiedad de varios de las propiedades bajo sospecha de haber sido alquiladas de modo irregular” sea también el nuevo director de Hotesur S.A., Sánchez.
Los magistrados Obligado y Grünberg aceptaron también que se permitiera la participación con control relevante de estos negocios, y también en un futuro al de la inmobiliaria “Los Sauces” a José Matías Benzi. También se sumó a ese equipo de colaboradores de los emprendimientos comerciales K Mario Alejandro Balado.
¿Quiénes son? Sebastián José Sánchez trabajó en la Presidencia de Cristina Fernández, madre de Máximo y Florencia. Hoy es empleado jerárquico de Aerolíneas Argentinas. Esa empresa está bajo investigación por haber generado negocios supuestamente delictuales con Hotesur S.A.
Como también adelantó Clarín, Benzi es amigo del primogénito de los Kirchner, Máximo. Hoy ocupa un cargo gerencial en la región patagónica de YPF. Y también fue funcionario de la AFIP. La misma que prestó veedores a la Justicia para investigar el patrimonio de los Kirchner con la ex cuñada del hijo de la vice como titular de la DGI.
Según los registros públicos, Balado trabajo como asesor en la Cámara de Diputados. Los tres sumaron ahora nuevas tareas a las que ya tenían gracias a su cercanía con los Kirchner.
La devolución de la administración de las empresas de la familia que más poder tiene en el poder político actual fue resistida por los interventores de esas compañías. Ocurre que habían encontrado una infinidad de finanzas poco transparentes, documentos normativos que no aparecen, entre otras problemáticas.
El abogado Beraldi le insistió a los jueces que siempre le dieron la razón para que toda la investigación de esos interventores en las empresas bajo investigación de sus clientes le sea entregada. Pasó. ¿Podría así conocer los resultados de las pesquisas?
La abogada Silvina Martínez, impulsora y denunciante de estos casos junto a la diputada Margarita Stolbizer, quien adelantó parte de esta información en el canal LN+, aseguró a Clarín que estos “logros” jurídicos de los Kirchner solo generan sospechas porque “los interventores de los negocios de esa familia informaron innumerables irregularidades comerciales de esas firmas”. Para la denunciante, los dos jueces que aceptaron los pedidos del defensor de los principales acusados por lavado de dinero “le pusieron a disposición de los procesados las propiedades y parte de la documentación crucial para el caso como si ellos hubieran resultado inocentes de una investigación que no comenzó porque el juicio oral está dilatado por parte del mismo tribunal”.
El presidente de ese cuerpo de magistrados, como se dijo, es Daniel Obligado. Benefició con fallos al ex vice Amado Boudou. Tiene actitudes que llaman la atención de sus pares y también de abogados que partían de juicios en los que él integra o integró los tribunales orales. Los defensores de uno los procesados del caso de tráfico de drogas conocido como narcoarroz se quejaron porque Obligado desapareció de su pantalla virtual en el exacto momento en que uno de los acusados expondría sus palabras finales antes de la sentencia. Su cara apareció de golpe pero parecía ocupado en otra tarea: se lo vio haciendo “footing”, vestido de jogging, mientras árboles y el cielo despejado quedaba atrás tras su caminata a paso rápido. No volvió a conectarse.
Fuente Clarin
