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Buenos Aires-23 de Noviembre de 2025–Total News Agency-TNA-El juicio oral por la causa conocida como los “cuadernos de las coimas”, el mayor proceso en materia de corrupción en la historia argentina, volvió a poner bajo la lupa pública confesiones de empresarios, funcionarios, intermediarios y un chofer del extinto Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Estos testimonios relatan en detalle la mecánica operativa de un sistema de sobornos que, sostienen, funcionó durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
La lectura de la acusación fiscal contra los 87 imputados permitió recrear conversaciones, anécdotas personales, rutas de entrega, bolsos con dinero, fechas y nombres propios, junto con los cuadernos originales donde un chofer documentó trayectos y pagos. Con ello, se revela un entramado de coimas ligada directamente al poder ejecutivo nacional.
Uno de los relatos más impactantes fue el del exfuncionario Claudio Uberti, quien declaró que “el día que murió Néstor Kirchner en el departamento de Juncal había 60 millones de dólares”. Uberti señaló que, según sus indicios, parte de la recaudación finalizaba en la quinta de Olivos o en el departamento de la familia Kirchner en Recoleta.
El empresario Juan Chediack, por su parte, confesó que recibió instrucciones de Julio De Vido para que los contratistas “ponen plata si querés seguir trabajando”. Chediack precisó que las entregas se hicieron primero en el living del ministro, junto a bonsáis, y luego en los baños del ministerio, tal como lo instruyó De Vido.
El chofer arrepentido Óscar Centeno aportó que los viajes con bolsos de dinero se intensificaron durante los primeros años de los gobiernos kirchneristas y continuaron luego de la muerte de Néstor Kirchner. Contó que con Cristina Fernández de Kirchner como presidenta la periodicidad de los traslados era menor —una vez por semana— pero la operativa seguía en marcha.
Según la fiscalía, entre 2003 y 2015 funcionó una asociación ilícita montada por referentes del Ejecutivo nacional y ejecutada principalmente desde el Ministerio de Planificación. El proceso incluye a altos funcionarios como Julio De Vido, Roberto Baratta, el financista Ernesto Clarens y otros.
El impacto político de las confesiones es notable, ya que apuntan no sólo a funcionarios menores sino directamente a la cúspide del poder estatal. Los empresarios arrepentidos relatan la obligación de pagar como condición para acceder a contratos públicos: “Veníamos de la crisis de 2001, pero me trató de llorón. Teníamos que entenderlo, que eso era así”, contó Chediack.
Este juicio pone al descubierto el funcionamiento de un sistema de recaudación ilegal que operó de modo institucionalizado y estructurado. Para la redacción de TNA resulta clave resaltar que esta causa demuestran cómo durante los gobiernos kirchneristas el poder público fue permeable al manejo paralelo de fondos ilícitos, algo que el régimen no pudo ni quiso evitar.
Mientras la lectura de declaraciones prosigue, la expectativa crece sobre la evaluación del tribunal y los futuros pasos procesales. Los relatos de los arrepentidos e imputados constituyen piezas esenciales del rompecabezas judicial que podría definir responsabilidades penales de alto nivel.
