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El fiscal federal Ramiro González abrió la investigación después de recibir la denuncia del Ministerio de Salud que dirige Carla Vizzotti contra Patricia Bullrich, por sus dichos respecto a supuesta corrupción en las negociaciones del gobierno con el laboratorio Pfizer para la adquisición de vacunas contra el Covid. Para empezar, González pidió la declaración testimonial de la presidenta del PRO, y que el laboratorio estadounidense remita “toda la documentación obrante en su registros -en soporte digital- respecto a las negociaciones efectuadas con el gobierno argentino”, entre otras medidas.
Mientras avanza en la justicia federal la causa por los retrasos en la entrega de vacunas por parte de Astrazeneca, a quien el Estado el compró 22.400.000 de dosis pero sólo arribaron 5,9 millones, otra investigación se ocupará de desentrañar los motivos por los cuales el Gobierno no llegó a un acuerdo con Pfizer, y si como dijo Patricia Bullrich, hubo hechos de corrupción alrededor de las fallidas negociaciones.
Junto a Cuba, Venezuela, Guatemala y Nicaragua, Argentina integra el grupo de países latinoamericanos que no firmó un acuerdo con el laboratorio estadounidense Pfizer para comprar vacunas. El año pasado se había realizado una oferta para remitir a nuestro país 13 millones de dosis.
La oposición en reiteradas ocasiones le pidió explicaciones al gobierno respecto a los motivos del fracaso de las negociaciones con Pfizer. En una entrevista emitida por YouTube, Alberto Fernández dijo que esa compra no se realizó “porque entre las condiciones iniciales que Pfizer puso, -ahora está cambiándolas algunas- me ponía a mí en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país en cosas que era muy difícil comprometer”.
Ante las dudas que generó durante estos meses la decisión del Estado nacional de no adquirir las vacunas del laboratorio estadounidense, Patricia Bullrich fue más allá y se refirió a la existencia de un presunto pedido de coimas del Ejecutivo al laboratorio Pfizer durante las negociaciones para cerrar el acuerdo.
Frente a ese escenario, el Ministerio de Salud -representado por su Director de Asuntos Jurídicos- decidió denunciar penalmente a Bullrich. La causa la tiene el juez Daniel Rafecas y el fiscal Ramiro González, quien decidió abrir la investigación.
Así, se inició una investigación a raíz de los dichos vertidos en el programa La Cornisa por parte de la presidenta del PRO, al entender que podría “configurarse un delito, ya que pueden atentar contra la confianza de la población en las vacunas y en la campaña. Y, además, podrían impactar en las negociaciones en curso”.
En esa entrevista, la ex ministra de Seguridad apuntó contra el ex titular del Ministerio, Ginés González García señalando que habría sido quien buscó imponer “condiciones como la participación de un intermediario nacional”. En ese contexto, indicó que el ex funcionario buscaba “tener un retorno. Eso el presidente no lo ignoraba”.
El fiscal González entendió que había elementos suficientes para impulsar el caso. Entre las medidas de prueba solicitadas, se pidió al Director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud de la Nación, Gaspar Uriel Tizio, que remita “todos los expedientes y documentación -en soporte digital- relativa a las negociaciones efectuadas con la firma Pfizer, tendientes a la obtención de vacunas contra la enfermedad COVID-19”, sostiene el dictamen al que accedió Clarín.
A su vez, se le requirió al responsable legal de la cartera de Salud que envíe “toda la documentación relativa a los términos en los que se efectuaron las pruebas sobre humanos de la vacuna elaborada por Pfizer contra el virus Sars Cov-2 en el Hospital Militar Central”.
Ante las declaraciones de Bullrich el laboratorio Pfizer emitió un escueto comunicado rechazando las acusaciones. En el mismo sostuvo que “no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna COVID-19”. Esos dichos fueron ratificados en el Congreso por el presidente en Argentina del laboratorio.
El representante del Ministerio Público Fiscal también requirió a Pfizer Argentina que remita “toda la documentación” respecto a las negociaciones con el gobierno, y a los términos del ensayo clínico para la vacuna realizado en el Hospital Militar.
Como última medida, se pidió que una vez compulsada toda la documentación solicitada, se le fije fecha de audiencia para tomarle declaración testimonial a Patricia Bullrich.
Fuente Clarin
