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La fiscal de juicio Gabriela Baigún pidió este martes sobreseer a todos los imputados de la causa del Plan Qunita tras considerar que no se logró probar que los acusados hayan incurrido en los delitos de fraude a la administración pública, ni el de abuso de autoridad.
La fiscal, que firmó la solicitada de creación de Justicia Legítima, formalizó la presentación ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1, que ahora deberá determinar si sobresee o no a los acusados y, en consecuencia, si se hace o no el juicio oral y público.
El TOF 1 está integrado por los jueces Adrián Grünberg, José Antonio Michilini y Gabriel Vega. El primero es el mismo juez que pidió anular el juicio oral por la causa Dólar Futuro.
La causa del Plan Qunita la instruyó en el 2016 el fallecido juez federal Claudio Bonadio, quien en su momento procesó al exjefe de Gabinete Aníbal Fernández y al exministro de Salud nacional y actual titular de esa cartera en la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, entre otros.
“La nueva prueba colectada en autos en el marco de la instrucción suplementaria y su valoración conjunta con los elementos que se encontraban acumulados al expediente, permiten concluir que, en este caso, ninguna de ambas conductas por las que se promovió la acción penal constituye delito“, sostuvo la fiscal en el dictamen.
Se trata de una licitación de compras de 150.000 kits con un supuesto sobreprecio de alrededor de 3000 pesos por cada uno, lo que arroja un perjuicio para el Estado de, cuanto menos, “cuatrocientos cincuenta millones de pesos”, según la denuncia del fiscal de instrucción, Sergio Rodríguez.
La compra se hizo durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner.
Cristina festejó en julio del 2015 festejó que su gobierno “pagó 7.784 pesos por cada kit del plan Qunita para embarazadas de escasos recursos y que el precio de Mercado era de “11.550 pesos”. Sin embargo, la diputada Graciela Ocaña compró el mismo equipo en negocios minoristas de Once y le costó -con productos de mejor calidad- 4.129 pesos.
El TOF 1 ordenó a los especialistas de la Corte Suprema de Justicia la realización de una pericia, cuyos resultados llegaron al tribunal hace unas semanas . El análisis sostiene que más del 82% de la licitación se adjudicó a una firma “sin bienes de uso registrados ni solvencia patrimonial” y cuya oferta “representaba 21.069 veces su patrimonio”.
La causa acumula años en Comodoro Py y volvió a la escena pública el mes pasado después de la réplica de Marcelo Tinelli al ministro Gollán, que criticó la cantidad de personas que había en el lanzamiento de su programa televisivo. El conductor después pidió perdón, pero recordó que el ministro de Salud bonaerense está procesado.
El peritaje lleva la firma de los especialistas de la Corte María Fernanda Vergara, Héctor Roccatagliatta y Claudio Zilberman, ya ingresó al Tribunal, y consta del análisis de cinco puntos volcado en 24 páginas.
Cuando firmó la elevación a juicio oral, el fallecido juez Claudio Bonadio dio por corroborada la maniobra, a través de la cual se habrían cometido irregularidades en la selección y adquisición de materiales para el plan para embarazadas Qunita.
En la licitación “se habría diseñado un pliego a medida y se habría direccionado la licitación para que resulten ganadoras seis empresas sin antecedentes”, dijo el juez. Por su parte, Ocaña reclamó celeridad al l tribunal oral federal 1 (TOF 1) que espera una “instrucción de prueba suplementaria” para poner en marcha el juicio oral por los supuestos sobreprecios millonarios pagados en el llamado Plan Qunita.
Ocaña, la denunciante original de la causa, dijo el mes pasado que “ahora desde algunas defensas se está intentando anular el juicio peritando el kit que compré yo en Once y demostraba sobreprecios de entre 40 y 50 por ciento”.
La diputada había dicho que “no solo hay pruebas de los sobreprecios, también están los cruces de llamadas telefónicas entre los funcionarios como Nicolás Kreplak y los proveedores que muestran cómo se arregló la licitación”.
Fuente Clarin
