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En la previa de la campaña electoral, el Gobierno dejó en claro este lunes que está dispuesto a ir a fondo contra la anterior administración por el envío de armamentos y municiones a Bolivia días después de la salida forzada de Evo Morales, en noviembre del 2019, y le pasó la pelota a la Justicia.
Los ministros de Justicia y Seguridad, Martín Soria y Sabina Frederic, y la administradora federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, denunciaron en ese sentido penalmente a Mauricio Macri y los ex ministros Patricia Bullrich, Jorge Faurie y Oscar Aguad, y un puñado de ex funcionarios por “contrabando agravado” por el “envío irregular de armamento y municiones” a aquel país “a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero”.
La denuncia, de 20 carillas, fue presentada este lunes en el fuero Penal Económico tras una investigación de la Aduana y el Ministerio de Seguridad por la exportación temporaria del material bélico en noviembre del 2019 -debe ser reingresado al país-, que tanto el ex Presidente como Bullrich justificaron como parte del envío para custodiar la embajada argentina en Bolivia, una presentación de la Casa Rosada que rechazaron de cuajo.
“Esta denuncia pública dio lugar a una serie de investigaciones administrativas por parte del actual Gobierno Nacional de nuestro país, a través de la cual se recolectó información y documentación que corrobora el envío del material -el cual se pretendió encubrir bajo la necesidad de proteger la Embajada argentina- y su posterior desvío hacia las fuerzas armadas bolivianas”, resaltó el Gobierno en el escrito.
Además de Macri y los ex ministros mencionados, los funcionarios incluyeron a Normando Álvarez García, ex embajador en Bolivia; Jorge Dávila, ex director General de Aduanas; Eugenio Cozzi, ex director Ejecutivo de la ANMaC -el ex RENAR, el organismo que autorizó el envío del material-; Gerardo Otero, ex director de la Gendarmería; Rubén Yavorski, ex comandante mayor Director de Logística de la Gendarmería, y Carlos Miguel Recalde, ex director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería.
Para el Gobierno, la actuación de la anterior gestión configura un suceso de “gravedad institucional” que podría encuadrarse además en los delitos de “abuso de autoridad” y “malversación de caudales públicos”.
Alberto Fernández junto a Evo Morales.
“El material enviado tuvo como destino final a las fuerzas armadas que días antes habían derrocado al gobierno constitucional del entonces presidente Evo Morales, y que días después del envío cometerían múltiples violaciones a los Derechos Humanos, entre ellas, las recordadas ‘masacres’ de Sacaba y Senkata”, abundaron en la denuncia.
“Este apoyo buscó encubrirse desde un primer momento, a través de maniobras de ocultamiento que pretendieron disfrazarlo en un supuesto objetivo de brindar la seguridad física de las instalaciones y funcionarios de la Embajada argentina en Bolivia. Sin embargo, parte del material enviado fue desviado y puesto a disposición de la dictadura boliviana”, abundaron.
La información se dio a conocer a mediados de la semana pasada por el gobierno boliviano que mostró una carta del entonces comandante general de la Fuerza Aérea de ese país dirigida al embajador Álvarez García, con fecha del 13 de noviembre del 2019, donde se agradecía por la recepción de municiones, gases lacrimógenos y granadas de gas remitidos por la administración de Cambiemos.
En primera instancia, tanto Bullrich como otros ex funcionarios justificaron el envío como parte de una tarea de logística destinada a preservar la embajada argentina en Bolivia, la integridad de funcionarios y periodistas, e incluso de ex ministros del gobierno de Morales.
“Dolor y vergüenza” fueron las primeras palabras de Alberto Fernández una vez que el gobierno de Luis Arce dio a conocer la noticia, lo que provocó un aluvión de críticas de parte de Macri y Bullrich. “Es todo mentira”, escribió el ex mandatario en una carta en sus redes sociales.
En la presentación se enumeran en detalle las autorizaciones y los registros emitidos entonces por Gendarmería, el Ministerio de Seguridad y la ANMaC con la exportación de los materiales, los procedimientos y el recibimiento de las fuerzas bolivianas.
Según la denuncia, hay inconsistencias entre lo declarado y lo recepcionado en las primeras semanas de noviembre del 2019, transportado en un avión Hércules que salió del aeropuerto de El Palomar con un grupo de once efectivos del grupo especial Alacrán de la Gendarmería.
“La Policía Boliviana hace lugar a las solicitudes de autorización presentadas por la representación argentina en ese país. En la primera de ellas, fechada el 12 de noviembre de 2019, y en relación a material que se transportaría ‘en fechas 12 al 14 de noviembre de la presente gestión, en un avión Hércules, perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina’ (según la propia autorización), se informa una variedad de materiales controlados. Entre ellos, la cantidad de ‘CARTUCHOS CAL 12/70’ se reduce a 3.600 cartuchos, de los cuales 2.250 serían cartuchos PG y 1.350 serían cartuchos AG. Como se observa, el número dista enormemente de los 70.000 cartuchos de este tipo que la Gendarmería Nacional informó a la ANMAC y a la Aduana Argentina que destinaría a la protección de la Embajada Argentina”, subrayan.
En la hipótesis de la Casa Rosada, el material enviado no se condice con lo registrado de manera oficial. Tampoco su reingreso al país.
“Bajo el supuesto manto de legalidad de esa medida, desplegó actividades criminales en apoyo al grupo sedicioso que había derrocado al gobierno democrático días antes. La improvisada e ilegal decisión quedó plasmada en los documentos de solicitud de autorización de traslado de material controlado del 12 de noviembre, en el cual deciden añadir al traslado de personal y material de seguridad original, un pedido adicional completamente desproporcionado de municiones y granadas para operativos de represión civil. El destino de ese pedido ampliatorio era sin dudas distinto al de la custodia de la embajada argentina y verdaderamente inconfesable”, remarcaron Soria, Frederic y Marcó del Pont entre las conclusiones.
La Aduana, según fuentes oficiales, deberá ahora ahondar la investigación sobre las funciones que podrían haber incumplido los agentes de ese organismo. El Palomar, en ese momento, estaba a cargo de Javier Zabaljauregui, subdirector General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, que en la actualidad sigue en el mismo cargo.
Fuente Clarin
