Buenos Aires-3 de Marzo de 2026-Total News Agency-TNA — El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, deberá presentarse este jueves a las 12 del mediodía ante la Justicia luego de que el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, rechazara el pedido de nulidad con el que la defensa buscó frenar la indagatoria en la causa por una presunta evasión y apropiación indebida de aportes de seguridad social e impuestos por más de $19.353 millones. El magistrado consideró “improcedente” el planteo y ratificó que la investigación debe seguir su curso, en un expediente que golpea de lleno al corazón del poder del fútbol argentino y expone, una vez más, una lógica de conducción que se creyó intocable.
La causa se apoya en una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —ex AFIP— por retenciones que, según la hipótesis de la investigación, fueron descontadas pero no depositadas en tiempo y forma al Estado. El período bajo análisis abarca desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025 y comprende obligaciones impositivas y aportes vinculados a la seguridad social. El punto jurídico es tan sencillo como contundente: no se trata de “deuda” como si fuera un desacuerdo contable; se trata de fondos que no pertenecen a la entidad ni a sus dirigentes, sino a los trabajadores y al fisco. Para la Justicia, si esos importes se retuvieron y no se ingresaron en el plazo legal, el encuadre penal se vuelve inevitable.
En la resolución que ahora deja firme el desfile por tribunales, el juez Amarante sostuvo que el intento de la defensa de anular la indagatoria no alcanza para desactivar una investigación que, en esta etapa, ya cuenta con elementos de peso. El expediente contempla la figura de “apropiación indebida de tributos” y aportes, un delito que puede contemplar penas de prisión y que coloca a la conducción de la AFA ante un escenario que no se resuelve con una conferencia de prensa ni con un comunicado institucional.
Lo que agrava el cuadro, según la línea que analiza el juzgado, es la sospecha de que la falta de pago no estuvo atada a una crisis económica real, sino a una decisión consciente de administrar esos fondos en beneficio propio, una práctica que en la jerga se suele describir como “hacer trabajar la plata”. En esa dirección, informes incorporados al expediente describen que, mientras el pasivo impositivo crecía, la AFA mostraba ingresos de gran magnitud durante 2025 y habría constituido colocaciones financieras relevantes, incluyendo plazos fijos en pesos y en dólares. Esa fotografía —una entidad con caja, actividad y capacidad de inversión financiera— choca de frente con cualquier intento de justificar demoras como si se tratara de un problema de supervivencia.
Otro elemento clave que complica a la cúpula es el testimonio de la contadora Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control de la AFA, quien declaró que los vencimientos y el detalle de la deuda se informaban regularmente por correo electrónico a las máximas autoridades. En su descripción, los reportes llegaban al presidente Tapia y al tesorero Pablo Toviggino, con cuadros que reflejaban la acumulación de obligaciones impagas. La idea que deja ese relato, a ojos de la Justicia, es incómoda para cualquier conducción: no se trata de un “olvido” o un error técnico, sino de un circuito interno donde la información existía y la decisión final de pagar —o no pagar— dependía del vértice del poder.
La decisión del juez también mantiene la presión sobre el resto de la dirigencia. Además de Tapia, el cronograma de indagatorias incluye a otros nombres relevantes del ecosistema dirigencial: el tesorero Pablo Toviggino y otras autoridades que deberán presentarse en los próximos días para dar explicaciones. La investigación apunta a determinar responsabilidades concretas dentro de la estructura: quién conocía, quién autorizaba, quién instrumentaba, y quién se beneficiaba con la administración de fondos retenidos.
Como medida cautelar, se mantiene la prohibición de salida del país para los imputados. En el caso de Tapia, la Justicia ya había habilitado con anterioridad un viaje breve al exterior bajo condiciones específicas y el pago de una fianza, lo que funcionó como señal de que el juzgado está dispuesto a conceder excepciones puntuales, pero no a perder el control del proceso. El mensaje es claro: el expediente no se paraliza, y la agenda judicial no se negocia con presiones públicas.
Sin embargo, la reacción de la AFA fue política y corporativa: la entidad resolvió suspender la fecha 9 del torneo local como medida de fuerza, presentando la causa como un “ataque” y sugiriendo una intencionalidad de fondo vinculada a la discusión sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). La decisión de frenar el fútbol —en un país donde el calendario deportivo es parte del pulso social— fue leída como un gesto de poder y, al mismo tiempo, como una admisión de debilidad: cuando una conducción se siente verdaderamente sólida, enfrenta la Justicia con papeles, no con paros.
Para el juzgado, en cambio, la cuestión no es ideológica ni deportiva: es penal. Y el núcleo del caso, según la denuncia, no depende de si una asociación civil tiene beneficios o moratorias, sino de si retuvo fondos de terceros y no los ingresó. Incluso si parte del monto se hubiera regularizado o se hubiera intentado encauzar con planes de pago, la pregunta que la Justicia busca responder es anterior y más grave: qué se hizo con el dinero durante el tiempo en que estuvo indebidamente retenido, y si se utilizó para obtener rendimiento financiero en detrimento de obligaciones legales.
El intento de la defensa de encuadrar el conflicto como persecución política se topa, además, con un obstáculo lógico: la mecánica que se investiga tiene fechas, vencimientos, comprobantes y trazabilidad. La discusión no es “si el Gobierno quiere”, sino si hubo una conducta penalmente relevante al dejar vencer plazos y retener aportes e impuestos. En un expediente de estas características, la estrategia de “patear la pelota afuera” suele chocar con una realidad que no se puede gambetear: la documentación o está, o no está; el pago se hizo, o no se hizo; la orden existió, o no existió.
Lo que se juega este jueves es más que una indagatoria: es la primera escena formal donde el máximo dirigente del fútbol argentino deberá dar explicaciones en sede judicial por un caso de enorme volumen económico. Y también es una prueba institucional para la AFA: si su conducción pretende sostener un discurso de legalidad y autonomía, no puede hacerlo a costa de fondos que corresponden a trabajadores y al sistema tributario. En la Argentina real, la que paga aportes, impuestos y cargas cada mes, el argumento de “somos una asociación civil” no habilita a quedarse con dinero ajeno ni a especular con el tiempo.
La causa abre, además, una discusión inevitable sobre el modelo de poder en el fútbol argentino. Durante años, la estructura de la AFA funcionó como un pequeño Estado con reglas propias, fuerte disciplinamiento interno y capacidad de presión hacia afuera. La resolución del juez Amarante rompe esa lógica: marca que, al menos en tribunales, no hay escudos infinitos. Y si el expediente avanza hacia etapas más profundas, el impacto puede trascender a Tapia y salpicar a una dirigencia acostumbrada a administrar crisis con comunicados, gestos y alianzas, pero no con indagatorias por miles de millones.
Por ahora, el calendario es inamovible: este jueves, la Justicia espera a Claudio “Chiqui” Tapia. No para discutir el fixture, ni el VAR, ni la rosca del fútbol. Para algo más básico: explicar por qué, según la acusación, se retuvieron aportes e impuestos por una suma multimillonaria sin depositarlos en término, y qué decisiones se tomaron con esos fondos mientras el sistema seguía funcionando como si nada.
