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El misterioso abogado Franco Bindi -señalado por el fiscal Carlos Stornelli como una de los supuestos organizadores del Operativo Puf- estaría asesorando en temas jurídicos y financieros a la filial argentina de la petrolera chavista PDVSA.
El Operativo Puf fue una maniobra para tratar de hacer caer la causa de los Cuadernos de las Coimas. Mientras el gobierno del Frente de Todos tiene una estrecha relación con el régimen chavista de Venezuela, que tiene a PDVSA como su principal empresa.
Esas supuestas tareas de asesoramiento dan otro motivo a la polémica presencia de Bindi en Paraguay en marzo pasado junto al gerente de la sucursal de la empresa venezolana, Orlando Montañez Olivares, un ex diplomático venezolano expulsado de Estados Unidos por vínculos con el servicio bolivariano de inteligencia nacional (SEBIN).
En marzo, trascendió que el viaje habría sido para hacer gestiones a fin de visitar a Laura Villalba, presunta integrante del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), detenida en una cárcel militar. El EPP está acusado del asesinato de una hija de un ex presidente del Paraguay, de militares y policías y de varios secuestros.
Según la revista Prensa Energética, PDVSA argentina “tiene vínculos muy estrechos con Franco Bindi, un abogado dueño de un estudio que estaría asesorando a la petrolera en temas jurídicos, legales y financieros”.
Bindi tiene un bajo perfil. No se conocen fotos actualizadas de él y no responde preguntas de la prensa. Sin embargo, en marzo habló con la agencia Noticias Argentinas para “desmentir categóricamente” que se hubiera reunido con el ex presidente Mauricio Macri.
Por su parte, Montañez Olivares -el otro que viajó a Paraguay- trabajó siete años en la Embajada de Venezuela en Washington hasta que lo declararon persona no grata y lo expulsaron, en 2013. Su puesto era de segundo secretario pero estaba a cargo de operaciones de inteligencia, según la prensa norteamericana.
EE.UU. y Venezuela solo mantienen relaciones a nivel de encargados de negocios. Montañez Olivares no proviene de la industria petrolera, por lo que llamó la atención su designación en Buenos Aires.
Así la mayoría de los abogados que participaron del Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas están directamente o indirectamente vinculados al gobierno del Frente de Todos.
Además de Bindi, Natalia Salvo ingresó a la Cámara de Diputados como agente de “planta transitoria” en diciembre de 2019 y sigue el funcionamiento de las comisiones de Legislación del Trabajo y Justicia, que presiden los kirchneristas Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade. También asesora a la Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal.
Salvo pertenece a una agrupación de abogados laboralistas con sede en el Instituto Patria. En febrero de 2019 apareció como abogada de Pedro Etchebest, quien hasta dos meses antes tenía como letrado a Bindi. Salvo escribe en medios oficialistas, participa de un programa de TV junto a Aníbal Fernández en C5N y fue compañera de fórmula del titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, en las elecciones de los abogados porteños.
Se sumaron así a Eduardo Barcesat -asesor del ministerio de Agricultura- y otros abogados que apoyaron el Operativo Puf y entraron al Gobierno. Primero, Graciana Peñafort fue nombrada directora de Asuntos Jurídicos del Senado. Luego Víctor Hortel fue designado director nacional de Coordinación y Proyección Normativa de Políticas Sociales, bajo las órdenes de Victoria Tolosa Paz. Y Leonardo Martínez Herrero, que también denunció a Stornelli, fue designado Director Provincial de Relaciones con la Comunidad del ministerio de Seguridad bonaerense.
Todo sin contar que con el impulso de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el ex juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla fue trasladado al estratégico juzgado federal y electoral de La Plata.
El abogado Bindi también es defensor del empresario K Lázaro Báez en la causa por las facturas truchas de Bahía Blanca; del empresario K Mario Cifuentes en la causa por la quiebra de OPS y lo fue hasta principios de año del despachante de aduana Víctor Palomino Zitta, quien está prófugo en el juicio oral por la mafia de los Contenedores, entre otros. Palomino Zitta fue un denunciante estrella en la causa D’Alessio llevada a Dolores en una maniobra de forum shopping que quedó registrada en el Operativo Puf.
El polémico viaje a Paraguay
Bindi llegó el 4 de marzo pasado a Asunción en forma simultánea a la presencia de funcionarios o militantes chavistas y se fue dos días más tarde, informó el diario ABC Color de Asunción y luego La Nación de ese país.
El abogado vinculado al kirchnerismo entró a Paraguay junto a otros cinco extranjeros en un vuelo de la compañía Paranair desde Buenos Aires y se alojó en el lujoso hotel The One junto a Montañez Olivares. El grupo que llegó a Asunción estaba formado por otros dos venezolanos.
PDVSA argentina viene sacudida por escándalos. Primero la valija con 800 mil dólares del venezolano Guido Antonini Wilson, luego el fideicomiso con la Argentina por el tema del gas oil, y en el 2020 el de la ciudadana boliviana María Palacios (empleada de PDVSA Bolivia) fue detenida en el aeropuerto de La Paz con un bolso con 100 mil dólares en efectivo.
Frente al fiscal boliviano Marcos Villa, Palacios declaró que se dinero estaba destinado al pago de sueldos en PDVSA Argentina. Y la Unidad de Información Financiera de Bolivia, bajo el gobierno de la ex presidenta Jeanine Añez, había pedido que Montañez declarar como testigo por ese y otros movimientos financieros extraños de la sucursal boliviana de PDVSA.
Luego de ocho meses de detención Palacios quedó en libertad gracias a gestiones del gobierno del MAS, que retomó el poder tras las elecciones presidenciales de este año.
Fuente Clarin
