El nuevo presidente colombiano abandonó la estrategia de “paz total” de su antecesor y lanzó una ofensiva militar contra el ELN, las disidencias de las FARC y otras organizaciones criminales. Washington comprometió hasta US$1.000 millones para reforzar la seguridad, mientras un informe del especialista estadounidense Robert Evan Ellis advierte sobre el crecimiento de las economías ilegales, el deterioro de las capacidades militares y el peligro de una escalada de violencia.
Bogotá – 17 Octubre 2026 – Total News Agency – TNA. Colombia inició un profundo cambio en su estrategia de seguridad nacional después de que el presidente Abelardo de la Espriella decidiera abandonar gran parte de los mecanismos de negociación con organizaciones armadas impulsados por su antecesor, Gustavo Petro, y reemplazarlos por operaciones militares destinadas a recuperar territorios controlados por estructuras vinculadas con el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías criminales.
El giro está acompañado por un acercamiento estratégico a Estados Unidos, cuyo gobierno, encabezado por Donald Trump, anunció su intención de proporcionar hasta US$1.000 millones en asistencia de seguridad para fortalecer las capacidades militares, policiales y de inteligencia colombianas.
La nueva orientación fue examinada en un extenso informe del especialista estadounidense Robert Evan Ellis, profesor de investigación sobre América Latina del Instituto de Estudios Estratégicos del U.S. Army War College, quien advirtió que la administración de De la Espriella enfrenta un escenario considerablemente más complejo que el encontrado por el expresidente Álvaro Uribe cuando lanzó su ofensiva contra las organizaciones guerrilleras a comienzos de este siglo.
El problema central es que los grupos criminales colombianos no solamente sobrevivieron a los acuerdos de paz de 2016 con las FARC, sino que se reorganizaron, ampliaron sus fuentes de financiamiento y extendieron su presencia territorial.
Según los antecedentes reunidos por Ellis, los municipios con presencia de al menos una organización armada pasaron de 195 en 2019 a más de 410 en 2025, mientras las disputas por el control de corredores de narcotráfico, minas ilegales y rutas fronterizas multiplicaron los enfrentamientos en distintas regiones.
El crecimiento de las economías criminales explica buena parte de esa expansión. Las estadísticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) registraron un aumento de los cultivos de coca, desde aproximadamente 96.000 hectáreas en 2015 hasta 261.000 en 2024.
Un estudio citado por Ellis calcula que los ingresos de las organizaciones criminales vinculados con la cocaína alcanzaron aproximadamente US$16.500 millones anuales, mientras que la minería ilegal habría generado alrededor de US$8.400 millones durante 2025. Son estimaciones de actividades clandestinas, sujetas a importantes márgenes de incertidumbre, pero permiten dimensionar los recursos económicos disponibles para financiar armamento, reclutamiento, corrupción y control territorial.
La situación resulta particularmente grave en Guaviare, Cauca, Valle del Cauca, Arauca y otras regiones, donde las estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo mantienen enfrentamientos por el dominio de corredores estratégicos.
El nuevo Gobierno considera que la política de “paz total” desarrollada por Petro permitió que numerosas organizaciones aprovecharan las treguas y negociaciones para consolidar posiciones territoriales. La administración anterior defendía, por su parte, la negociación como una alternativa para reducir la violencia y alcanzar acuerdos de desmovilización, aunque varios de esos procesos terminaron interrumpidos o sin resultados duraderos.
De la Espriella adoptó una orientación diferente. Durante sus primeras semanas de gobierno puso fin a numerosos procesos de negociación e impulsó operaciones militares contra campamentos, centros logísticos y estructuras de mando de organizaciones armadas.
Entre las iniciativas examinadas por Ellis aparecen operaciones contra el ELN en Catatumbo, ataques a instalaciones de disidencias de las FARC en Guaviare y la creación de una Fuerza de Tarea Conjunta Urano, integrada por aproximadamente 1.200 efectivos, destinada a combatir el robo de hidrocarburos.
También anunció su intención de restablecer la aspersión aérea para combatir los cultivos de coca, mediante procedimientos que deberán superar restricciones judiciales y cuestionamientos relacionados con eventuales daños ambientales y sanitarios.
La ofensiva enfrenta, sin embargo, una dificultad estructural: las Fuerzas Armadas colombianas arrastran un deterioro considerable de sus capacidades operativas.
El informe de Ellis recoge antecedentes según los cuales, hacia septiembre de 2026, aproximadamente el 56% de las aeronaves militares se encontraba fuera de servicio, al igual que el 48% de las embarcaciones navales y fluviales. También identifica importantes déficits presupuestarios en mantenimiento, transporte y equipamiento terrestre.
Durante el gobierno de Petro se produjeron modificaciones significativas en la conducción militar y restricciones presupuestarias que, según el análisis, contribuyeron a reducir la disponibilidad de recursos y la continuidad operativa. El deterioro responde asimismo a problemas acumulados de mantenimiento, envejecimiento del material y exigencias prolongadas de seguridad.
Precisamente allí aparece la importancia del respaldo estadounidense.
El 8 de septiembre, De la Espriella se reunió con el secretario de Estado Marco Rubio y presentó el denominado “Plan Patriota Siglo XXI”, destinado a modernizar aeronaves, helicópteros, radares, drones, sistemas antidrones, inteligencia, ciberdefensa y capacidades de fuerzas especiales.
La propuesta forma parte del nuevo acercamiento de Bogotá al Escudo de las Américas, iniciativa de cooperación hemisférica promovida por Trump para enfrentar redes de narcotráfico y organizaciones criminales transnacionales.
La administración colombiana también anunció la reactivación de mecanismos de extradición hacia Estados Unidos, considerados por ambos gobiernos una herramienta fundamental para perseguir estructuras del narcotráfico internacional.
El giro geopolítico adquirió una dimensión adicional esta semana, cuando Colombia reabrió su embajada en Jerusalén y restableció plenamente sus relaciones comerciales con Israel, revirtiendo decisiones adoptadas durante la administración Petro. La medida fortalece las posibilidades de recuperar cooperación tecnológica y de seguridad con un país que históricamente suministró equipamiento y asistencia militar a las fuerzas colombianas.
No obstante, la ofensiva presenta riesgos importantes. Ellis advierte que la eliminación o captura de responsables de organizaciones criminales puede provocar procesos de fragmentación interna, disputas entre sucesores y represalias contra civiles o instalaciones estatales.
El especialista recuerda experiencias de México y otros países latinoamericanos donde la intensificación de operaciones contra los carteles produjo resultados parciales, pero también desencadenó nuevas disputas territoriales.
Colombia enfrenta además una complicación geográfica y estratégica: la extensa frontera con Venezuela, utilizada durante años por organizaciones armadas para obtener refugio, recursos y acceso a economías ilegales.
La salida de Nicolás Maduro del poder venezolano y la continuidad de Delcy Rodríguez al frente de la nueva administración no eliminaron automáticamente esas redes transfronterizas, por lo que Bogotá necesita mecanismos de cooperación que permitan impedir el traslado de combatientes y actividades criminales entre ambos países.
A esa dificultad se suma la creciente utilización de drones explosivos, comunicaciones digitales, criptomonedas y nuevas tecnologías por parte de las organizaciones armadas, recursos que complican los procedimientos tradicionales de inteligencia y control territorial.
En el plano interno, De la Espriella también enfrenta una oposición política movilizada. El pasado 14 de octubre, miles de ciudadanos participaron en manifestaciones convocadas por sectores vinculados con Petro y otras organizaciones sociales, que cuestionaron las nuevas políticas de seguridad y expresaron preocupación por las garantías de protesta y los derechos civiles.
La discusión refleja una tensión que acompañará a la administración colombiana: recuperar el monopolio estatal de la fuerza y combatir a las organizaciones criminales sin debilitar las garantías constitucionales ni provocar nuevos ciclos de violencia.
Esta semana, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el canciller colombiano Omar Bula señaló que el acuerdo de paz firmado en 2016 no consiguió terminar con la violencia y sostuvo que desde entonces se registraron más de 132.000 homicidios en el país, aunque esa cifra comprende la totalidad de los asesinatos registrados y no exclusivamente muertes atribuidas a las antiguas FARC.
El Gobierno también informó que durante sus primeros dos meses se produjeron más de 32.000 detenciones, incautaciones de aproximadamente 135 toneladas de narcóticos y la emisión de 119 órdenes de extradición, datos presentados como parte de su nueva ofensiva de seguridad.
Para Ellis, la recuperación efectiva del control territorial requerirá mucho más que operaciones militares. El fortalecimiento del aparato estatal, la coordinación entre fuerzas de seguridad, los mecanismos de inteligencia y la cooperación internacional deberán complementarse con instituciones capaces de impedir que las organizaciones criminales recuperen los territorios intervenidos.
La experiencia colombiana demuestra que la neutralización de estructuras armadas no garantiza, por sí sola, la desaparición de sus redes económicas. Cuando permanecen intactos los circuitos de financiación, corrupción y comercialización ilícita, nuevos grupos pueden ocupar los espacios abandonados por las organizaciones derrotadas.
El desafío de De la Espriella consiste, por lo tanto, en transformar el respaldo estadounidense y la renovada iniciativa militar en una recuperación permanente de la presencia del Estado. La magnitud de los recursos comprometidos, el deterioro acumulado del equipamiento colombiano y la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales convierten esa tarea en una de las pruebas de seguridad más importantes de América Latina, cuyos resultados tendrán consecuencias directas para el tráfico internacional de drogas, la estabilidad regional y las relaciones estratégicas entre Washington y Bogotá.
Fuentes consultadas: Robert Evan Ellis, Los desafíos de seguridad que enfrenta el Gobierno de De la Espriella en Colombia, octubre de 2026; U.S. Army War College, Strategic Studies Institute; Presidencia de Colombia, comunicaciones del 8 y 13 de septiembre; Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; Fundación Ideas para la Paz; Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; Reuters; Associated Press
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