La Cámara Federal de Casación Penal comenzó a revisar las apelaciones del empresario K Lázaro Báez y otros condenados por lavado de activos agravado en el histórico juicio oral por la Ruta del Dinero K. De ser eventualmente, confirmada esta condena, más otros tres juicios que tiene el dueño de Austral Construcciones, se decidirá si pasará el resto de su vida en la cárcel o, cuando cumpla 70 años, con arresto domiciliario.
Báez fue condenado a 12 años de prisión y a pagar una multa récord de 2.100 millones de pesos.Se trata de una causa que preocupa a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien tiene una falta de mérito en el caso. Se sospecha que los 60 millones de dólares que lavó Báez provienen de sobreprecios en los contratos de obra pública por 3 mil millones de dólares que se le dieron durante su gobierno y del de Néstor Kirchner. Estos sobreprecios se investigan en el juicio oral del caso llamado Vialidad donde sí Cristina está imputada como jefa de una supuesta asociación ilícita.
La Sala IV integrada por los Mariano Borinsky (Presidente), Javier Carbajo y Angela Ledesma (Vocales), tendrá a cargo la revisión de la sentencia dictada en febrero pasado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4.
En esa juicio se condenó a un total de veintidós imputados, entre ellos a Lázaro Báez -12 años-, a sus cuatro hijos Martin Antonio Báez –9 años-, Luciana Sabrina Báez –3 años en suspenso-, Melina Soledad Báez –3 años en suspenso- y Leandro Antonio Báez –5 años-, En las duras penas, también se sentenció al ex contador Daniel Pérez Gadín –8 años-, al abogado Jorge Oscar Chueco –8 años-, al empresario Federico Elaskar –4 años y 6 meses- y a Jorge Leonardo Fariña –5 años-, pese a que se había acogido a la figura del arrepentido y entregado información al juez de instrucción Sebastián Casanello.
De esta manera, el máximo tribunal penal de la nación tendrá que resolver un total de 20 recursos de casación presentados por las defensas de los condenados contra la sentencia dictada el pasado 24 de febrero, cuyos fundamentos fueron dados a conocer el 26 de abril.
El jueves, la Sala IV hizo saber a las partes de la radicación del expediente y dió al trámite recursivo en unos de los juicios más relevantes de los últimos años de las causas por corrupción contra ex funcionarios o empresarios K.
En febrero, Báez fue condenado a 12 años de prisión en el marco del juicio oral en el que se lo investigó por maniobras de lavado de dinero por 60 millones de dólares entre 2003 y 2015.
El TOF4 -integrado por los jueces Néstor Costabel, Adriana Palliotti y Gabriela López Iñiguez- anunciaron que el veredicto que incluye fuertes multas por el lavado de plata negra.
El dueño de Austral Construcciones tenía un pedido de 12 años de prisión por parte de la fiscalía, mientras que su defensa reclamó la absolución y calificó al caso como un “circo judicial”.
Báez está con prisión domiciliaria desde septiembre de 2019, cuando la Cámara Federal de Casación Penal ordenó darle ese beneficio, y sigue las alternativas del juicio por videoconferencia, al igual que sus cuatro hijos.
El mayor de ellos, Martín Báez, estaba detenido en la cárcel de Ezeiza desde febrero de 2019 por orden del Tribunal, ante una denuncia por un intento de trasferir cinco millones de dólares cuando estaba inhibido.
El juicio comenzó en octubre de 2018 y en los primeros tramos del debate se preveía una duración de ocho meses, pero se sumaron inconvenientes que corrieron esos plazos hasta que, finalmente, la pandemia de coronavirus derivó en la suspensión de las audiencias desde el 20 de marzo último hasta junio pasado, cuando se reanudó de manera virtual.
Báez fue detenido en abril de 2016 por orden del juez Casanello, cuando tomó un avión sin un plan de vuelo determinado.
En su última intervención durante el juicio, el 30 de diciembre pasado, el empresario aseguró ser víctima de una “persecución sistemática del poder político, la prensa y gran parte del Poder Judicial”.
La fiscalía -representada por Abel Córdoba- había pedido 12 años de prisión para Báez por el delito de lavado de activos y una multa de 2.121 millones de pesos, tal como se le concedió.
Fuente Clarin
