En un año, por la pandemia, las restricciones a la actividad, la caída del empleo registrado y el avance de la informalidad se redujo en 338.109 el total de aportantes a la Seguridad Social, es decir de trabajadores formales o registrados y monotributistas y autónomos.
Esos ingresos por aportes van a financiar una parte del pago de jubilaciones y pensiones, que también se redujeron. La baja en el total de jubilados y pensionados se redujo en 82.562 beneficiarios, de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Seguridad Social con los datos procesados a febrero de este año.
La caída del número de aportantes –de 12.031.036 a 11.692.927 -“tuvo lugar en los trabajadores que se desempeñan tanto en relación de dependencia del sector privado (169 mil personas), como en los independientes (111 mil personas) y los que trabajan en casas particulares (57 mil personas)”, mientras aumentó en 10.217 los del sector público.
Los beneficiarios de jubilaciones y pensiones bajaron de 6.237.453 a 6.154.891. Son 82.562 menos “de los cuales más del 90,5% corresponden a prestaciones otorgadas por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Este sistema presenta una reducción interanual de 82 mil beneficiarios, explicada principalmente por la disminución de los beneficios otorgados por moratoria (- 75.859) mientras que los beneficiarios de jubilaciones y pensiones ordinarias muestran una reducción de 13.275 casos (0,5%)”.
El Informe dice que “esto puede deberse a que actualmente solo las mujeres pueden acceder a un beneficio por moratoria y además es cada vez más corto el período que puede ser regularizado”.
La moratoria para mujeres – que vence en julio de 2022- permite regularizar aportes hasta el 31 de diciembre de 2003 con lo que las mujeres con 60 años sin aportes después de esa fecha no pueden completar los 30 años de aportes. Ahora, con el reconocimiento de los hijos o hijas, ANSeS en los próximos meses espera jubilar a 155.000 mujeres.
También el Informe de Seguridad Social dice que “a partir de la declaración de la pandemia del COVID-19 y la vigencia del ASPO y del DISPO, las oficinas de ANSES y otros organismos previsionales enfrentaron algunas dificultades para el normal funcionamiento, lo que pudo haber afectado la cantidad de beneficios otorgados durante el período”.
Además hubo un mayor número de bajas porque la pandemia golpeó con mayor fuerza a los adultos mayores.
Por otro lado, “1,6 millones de personas son beneficiarias de Pensiones No Contributivas (PNC), de las cuales casi el 64% se encuentra cubierto por una prestación por invalidez (1,05 millones de personas) y el 18,6% recibe una PNC por Madre de 7 o más hijos (305 mil personas). Y el 11,8% de los beneficiarios de este sistema es perceptor de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) (193 mil personas).
Entre las Pensiones No Contributivas es la PUAM la que registra el mayor incremento interanual en la cantidad de beneficiarios (36 mil)”.
El Informe precisa que “la cantidad de beneficiarios de PNC por vejez continúa manifestando una tendencia a la baja (16,1%) desde la implementación de la PUAM, prestación que se otorga 5 años antes que la PNC y que garantiza una prestación de un 10% más del Haber Mínimo Garantizado”.
La PUAM “compensa parcialmente la baja en la cantidad de personas que accedieron a una prestación previsional por moratoria. Para tener derecho a esta prestación no contributiva es necesario alcanzar los 65 años de edad, mientras que en caso de la moratoria previsional las mujeres pueden acceder al cumplir los 60 años de edad”.
Con la PUAM los mayores de 65 años – que no tengan o cuenten con aportes inferiores a los 30 años- se jubilan con el 80% del haber mínimo ($ 18.452) y las pensiones por vejez arrancan a los 70 años con el 70% del haber mínimo ($ 16.152).
NE
Fuente Clarin
