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Este domingo se vota en Corrientes. Son comicios relevantes, como todos. Se elegirá gobernador, diputados y senadores provinciales, y cincuenta y ocho intendentes. La elección se vive a nivel provincial y nacional con conmoción de parte de la clase dirigente y de un sector de la sociedad que debe sufragar.
El clima es inhabitual para la democracia que retorno en 1983. Tras un ataque con bala que recibió el jueves pasado el diputado provincial del peronismo Miguel Arias, hecho que ocurrió en un acto de cierre de campaña del Frente de Todos en la localidad de Tapebicuá. Aun no está esclarecido por la Justicia. Pero tomó una dimensión con dinámica de final impredecible.
El propio presidente Alberto Fernández, y también la dirigencia del PJ de Corrientes, describieron a lo que pasó con una acción de indudable “violencia política”. El viernes por la tarde, el gobernador Gustavo Valdés, que busca la reelección, declaró ante la prensa que la seguridad para este domingo electoral estaba “perfectamente garantizada”.
La oposición peronista, impulsada por los dichos del Presidente, afirmó que estaba preocupada en sentido contrario. Solo por poner un ejemplo, el diputado nacional y candidato a senador provincial, José “Pitín” Aragón, vinculado a La Cámpora, pidió “seguridad para todos los correntinos y correntinas que debemos ir a votar este domingo”. Y sumó más conceptos: “No podemos perder de vista que Arias fue atacado en un marco político; en un cierre de campaña; en un acto proselitista y a sólo 72 horas de las elecciones de este domingo”.
El viernes a la mañana, había llegado a la provincia la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, que por orden del Presidente viajó junto a un equipo político y brigadas especiales de las fuerzas de seguridad para ayudar a descubrir quién y por qué disparó contra Arias, La responsable de la Seguridad de la Nación sembró más afirmaciones de gravedad institucional: “Pensamos que el objetivo era que la oposición no gane las elecciones“. Y sumó: “Lo que sucedió en Corrientes es inadmisible en democracia”.
El gobierno de Valdés rechazó esos dichos e ideas que nacieron en la Casa Rosada.
Las elecciones de Corrientes, con ese balazo en las vísperas que provocó estrépito, es un evento más entre muchos otros casos que entremezclan la política con la violencia. O viceversa.
El caso Arias aun no se resolvió y la Justicia apunta en contrario a lo declarado por el PJ correntino. Nada de todo esto le resta gravedad a ese ataque. El herido Arias se recupera tras ser operado durante dos horas en la ciudad de Paso de los Libres. Su pronóstico es reservado aunque se informó que está lúcido.
¿Cuándo fue la última vez que un Presidente, su ministra de Seguridad y los legisladores nacionales y provinciales de una provincia afirmaron que días antes de elecciones en ese distrito sucedió un atentado con bala descripto como “violencia institucional”? ¿Cuándo fue la última vez que un gobernador, ante la reacción de la oposición de su provincia, debe afirmar que la seguridad para votar está “garantizada”?
Se viven nuevos tiempos violentos en la política de la Argentina. Por supuesto, no son comparables a otras épocas de la historia reciente del país. Como los años de la represión de la dictadura que empezó en 1976 y concretó un plan cruel e ilegal para asesinar, secuestrar, detener o desaparecer a miles de personas identificadas como “subversivos”.
En años anteriores, bajo régimen democrático, buena parte de la militancia de varios partidos también discernía sus diferencias a través de la violencia.
Esta misma semana, uno de los gremialistas que protagonizó hechos violentos infinidad de veces, el ex afiliado a la UOCRA, ex líder de la seccional La Plata de ese sindicado, Juan Pablo “El Pata” Medina, procesado por asociación ilícita, extorsión y otros delitos graves, rompió una regla que le había impuesto la Justicia tras detenerlo primero en prisión y luego en arresto domiciliario.
Medina debía evitar involucrarse en actos sindicales. Era una regla que regía para él y para su hijo, “El Puly” Medina. No cumplieron. Hace cinco días, los Medina organizaron una movilización que reunió a cientos de sus seguidores con banderas y consignas gremiales en un acto frente a la ex sede de la UOCRA de La Plata.
El juez que debía determinar si había incumplido un delito dictaminó que sí. Ambos Medina volvieron a la prisión en sus domicilios. Antes de que el magistrado interviniente tomara esa decisión, se difundió un video de un grupo de enmascarados con armas, identificados con “El Pata”, que mostraban su armamento mientras amenazaban de muerte a jueces y fiscales. Medina dijo que esas imágenes se habían montado en su contra por un rival interno del gremio. Con todo, cualquiera sea su autor, las imágenes eran aterradoras y con armas que investigadores judiciales identificaron como reales.
Medina es peronista y milita para el oficialismo.
Ningún dirigente del Frente de Todos repudió sus actos ni ese video de autor desconocido pero con mensaje inequívoco.
Esta semana, una gobernadora con buen vínculo con la Casa Rosada denunció que desde el Estado se alientan usurpaciones ilegales de terrenos en la patagonia. Quienes cometen esos hechos se mueven siempre con violencia física contra sus víctimas. La mandataria de Río Negro, Arabela Carreras, habló en el llamado Foro Consenso Bariloche, en el que dirigentes, empresarios, comerciantes, vecinos, juristas y ciudadanos de la Patagonia de oficios diversos debaten cómo solucionar la creciente toma de propiedades de modo ilegal que realizan bandas que se identifican como “mapuches” y reclaman tierras por su condición de comunidad aborigen.
La gobernadora primero pidió que haya diálogo entre las partes en conflicto, pero criticó, sin mencionarla, a la titular del Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda: “Hay funcionarios que toman decisiones en Buenos Aires y se perciben como atropellos y abusos”, denunció. Ocurre que varios funcionarios que responden a Odarda, cercana al ministro de Justicia, Martin Soria, fueron descubiertos alentando las tomas que se buscan erradicar.
El jueves por la tarde, uno de los vecinos afectados por los mapuches violentos, Diego Frutos, denunció que perseguido por esos atacantes, que ya le quemaron su casa en la zona de Villa Mascardi, “Se aparecieron, estoy en la cristalina arriba, del lado del gallinero, Lucho, me corrieron hasta arriba, avisá a la policia, ¡por favor!”, llegó a emitir Frutos, via audio de chat, un mensaje en el que jadea desesperado contando el ataque dice haber sufrido. Tampoco hubo repudio oficial ante ese hecho.
Las tomas en la zona afectan a propiedades privadas, pasando por inmuebles de Gas del Estado, la Escuela de Guardaparques, y hasta a inmuebles y tierra del Obispado de San Isidro.
Esta semana se le otorgó la libertad condicional a otro dirigente social K que bajo arresto, el piquetero Luis D’Elía, condenado a prisión por tomar a la fuerza una comisaría. D’Elía celebró su liberación encabezando un acto en su casa. Lo esperaba una audiencia numerosa. El ex reo, en público, se quitó la tobillera electrónica con la que la Justicia seguía sus movimientos. La cortó a cuchillo, lo cual indica que no es difícil evadir a esa herramienta policial. Festejó. Acusó a los gritos a Mauricio Macri de haberlo encarcelado de modo ilegal. Y dijo que existen en la Argentina cincuenta presos políticos.
Entre los presentes se destacaba, entre muchos, uno; el empresario K Gerardo Ferreyra, de la empresa de crecimiento súbito Electroingeniería.
Quien tal vez resuma mejor que otro caso a los nuevos tiempos violentos de la Argentina es el militante de izquierda llamado Sebastián “El Gordo” Romero, detenido por haber atacado con una bazooka artesanal al Palacio del Congreso durante una votación de una ley previsional en el 2017. Estuvo prófugo de la Justicia. Anunció que se postula como precandidato a senador por Santa Fe. Atacó con violencia y un arma al Congreso al que ahora busca entrar como legislador.
Hoy se vota en Corrientes, como ya se dijo. El Gobierno continúa afirmando que en esa provincia se disparó contra un dirigente peronista por su condición de tal. Algo parece estar cambiando en el discurso del poder. “Los placeres violentos tiene finales violentos”. Parece obvio. La frase es de Shakespeare.
Fuente Clarin
