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Buenos Aires, 10 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA-El Tribunal Oral Federal N.º 7 reanudó la lectura de las pruebas en el tramo conocido como “la camarita”, expediente conexo a la causa principal de los Cuadernos de las coimas, donde se investigan sobornos vinculados a la obra pública civil. Este segmento judicial apunta directamente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien se le atribuye la recepción de más de un centenar de pagos ilegales efectuados por empresarios de la Cámara Argentina de la Construcción, encabezada entonces por Carlos Wagner.
Con 51 procesados de un total de 126 investigados, el tramo se concentra en el circuito de sobornos que, según la instrucción del expediente 13816/2018, se estableció desde la Cámara de la Construcción y funcionó como un mecanismo sistemático de recaudación ilegal. La investigación se apoya en las confesiones del exsecretario de Obras Públicas José López, del financista Ernesto Clarens, del empresario Carlos Wagner y de varios ejecutivos que admitieron haber abonado retornos a cambio de contratos de obra.
Durante la primera audiencia del juicio oral, el TOF 7 leyó los primeros 40 hechos de cohecho pasivo atribuidos a la exmandataria, equivalentes a más de 10,4 millones de dólares. Resta aún la lectura de otras 164 coimas que completan la acusación por asociación ilícita, en la que se la considera jefa del entramado.
El requerimiento de elevación a juicio, de más de 420 páginas, detalla cómo el sistema utilizaba la intermediación de Clarens para canalizar anticipos financieros, equivalentes al 3 % al 20 % del valor de cada obra. Los fondos provenían de empresas vinculadas a la obra pública civil, energía y transporte, y se habrían destinado a funcionarios del gobierno kirchnerista. López relató ante los fiscales Carlos Stornelli y Claudio Bonadio que, tras una reunión en Olivos en 2011, Cristina Fernández de Kirchner pidió directamente al entonces ministro Julio De Vido listados de pagos mensuales de obras por empresa, especialmente de las firmas Austral, CPC, Electroingeniería y JCR.
El testimonio de López reveló que, con la información provista por la Dirección Nacional de Vialidad, se distribuían los montos a pagar según los cupos fijados por De Vido y Baratta. La expresidenta, de acuerdo con las declaraciones, determinaba personalmente los montos de las empresas de su mayor interés.
El listado de imputados incluye a 45 empresarios y 6 exfuncionarios. Entre los principales nombres figuran Gerardo Ferreyra, Cristóbal López, Fabián y Osvaldo De Sousa, Hugo Dragonetti, Aldo Roggio, Carlos Wagner, los Cartellone y Mario Rovella. Diez de ellos se acogieron a la figura de “imputado colaborador”, aportando documentación clave sobre el flujo de dinero y los acuerdos de cartelización de obras.
Clarens describió el mecanismo de “la camarita” como un sistema de cartelización donde las empresas se repartían licitaciones y fijaban un porcentaje de sobreprecio, del cual una parte se destinaba a pagos ilegales. Detalló que recibía mensualmente listados de la Cámara de Empresas Viales con las obras, licitaciones, presupuestos oficiales y adjudicatarios, información que servía para calcular los retornos. El financista aportó además listados de los pagos efectuados, que sirvieron como base documental de la causa.
Según Wagner, la obra pública fue uno de los principales métodos de recaudación política durante los gobiernos kirchneristas. Los empresarios se reunían antes de cada licitación para definir al ganador y el porcentaje de retorno. Este mecanismo habría permitido mantener un flujo de fondos que nutría una estructura de poder político y económico al margen de la ley.
Con la lectura de las 164 coimas restantes, el juicio oral se adentra en su etapa más sensible. La defensa de Cristina Fernández de Kirchner sostiene que se trata de un “proceso político” sin pruebas directas, mientras que la fiscalía insiste en que la documentación y los testimonios ratifican la existencia de una asociación ilícita organizada desde el más alto nivel del poder ejecutivo.
