El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad adjudicó una millonaria contratación de artículos deportivos para los Juegos Bonaerenses 2026 a tres proveedores, entre ellos Trosher SA, una empresa cuestionada por sus precios en anteriores operaciones con organismos públicos. Una firma dedicada a juguetes y útiles escolares también resultó beneficiada. El contrato contempla una ampliación del 50%, que podría elevar el gasto a casi $226 millones.
La Plata – 10 de octubre de 2026 – Total News Agency – TNA. Una contratación por 150.626.724 pesos, destinada a adquirir elementos deportivos para la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2026, volvió a colocar bajo cuestionamiento los mecanismos de compras públicas del gobierno de Axel Kicillof y, particularmente, la administración del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque. La operación, realizada mediante un procedimiento de contratación directa, terminó beneficiando a tres proveedores de perfiles comerciales diferentes, entre ellos una empresa con antecedentes de adjudicaciones controvertidas por sus precios y otra dedicada principalmente a la comercialización de juguetes y artículos escolares.
La adquisición corresponde al procedimiento 527-0082-CME26, identificado como Contratación Directa – Contratación Menor 14/2026, organizado para abastecer de materiales a la instancia final de la 35.ª edición de los Juegos Bonaerenses, prevista en Mar del Plata. Según la documentación administrativa difundida, el trámite fue autorizado el 2 de septiembre y la apertura de ofertas se realizó apenas seis días después, en un proceso que concluyó con adjudicaciones a Trosher SA, Somos Amor SRL y Ajamil Edmundo Carlos.
El expediente registra la participación de cuatro oferentes, incluida Il Tedesco SA, que finalmente no resultó adjudicataria. Durante la evaluación se solicitaron antecedentes complementarios, se analizaron propuestas técnicas y económicas, se requirieron mejoras de precios y se descartaron ofertas que no reunían las condiciones exigidas o que no fueron consideradas convenientes para el interés fiscal.
Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes de la operación es que el monto inicial podría incrementarse considerablemente. La disposición contempla la posibilidad de ampliar la contratación hasta un 50% si aumenta la cantidad de destinatarios, lo que elevaría el compromiso económico potencial a 225.940.086 pesos. Se trata de una facultad prevista en el procedimiento, no de una ampliación cuya ejecución ya haya sido acreditada.
La presencia de Trosher SA entre los proveedores seleccionados constituye uno de los principales puntos de controversia. La compañía aparece en diferentes contrataciones estatales que despertaron cuestionamientos por los valores ofertados, la escasa competencia entre proveedores y la diversidad de los productos comercializados.
Uno de los antecedentes más recientes corresponde a una adquisición destinada a la Policía bonaerense, que contemplaba la compra de 20.940 paquetes de viruta de madera de pino para el mantenimiento de los equinos de la fuerza. El presupuesto oficial superaba los 255 millones de pesos y Trosher fue la única firma que presentó ofertas, cuyos precios fueron cuestionados al compararse con referencias comerciales de productos semejantes.
El caso llamó la atención por el costo previsto para un insumo relativamente común y por la ausencia de competidores, circunstancias que justificaban examinar con particular rigor la composición del precio, las especificaciones técnicas y las condiciones de entrega. La comparación con valores minoristas, sin embargo, requiere considerar cantidades, calidad, transporte y otras obligaciones contractuales para establecer si existió efectivamente un sobreprecio.
Los antecedentes de la empresa se remontan también a 2022, cuando obtuvo una adjudicación cercana a los 11 millones de pesos para renovar mobiliario del Ministerio de Transporte bonaerense, entonces conducido por Jorge D’Onofrio. La compra comprendía sillas regulables, sillones ejecutivos, banquetas, escritorios y mesas de reuniones. En aquella oportunidad, Trosher también fue la única oferente, una circunstancia que vuelve a plantear interrogantes sobre el grado de competencia alcanzado en determinados procedimientos de contratación pública.
Más recientemente, la firma resultó adjudicataria de una operación de la Municipalidad de La Plata para proveer 93 gazebos plegables por un importe superior a los 55 millones de pesos. El valor promedio fue de aproximadamente 594.000 pesos por unidad, una cifra que motivó comparaciones con productos comercializados a precios inferiores en el mercado.
La sucesión de adjudicaciones exhibe un perfil comercial llamativamente amplio: mobiliario de oficina, insumos para caballerizas policiales, gazebos y ahora materiales deportivos. Esa diversidad no constituye por sí misma una irregularidad, pero sí vuelve relevante conocer la estructura comercial de la firma, su capacidad logística, sus proveedores habituales y los criterios utilizados por los organismos estatales para determinar la conveniencia económica de sus propuestas.
La otra adjudicataria que despierta interrogantes es Somos Amor SRL, identificada comercialmente con la venta de juguetes infantiles, útiles escolares y artículos educativos. Entre sus productos habituales figuran lápices, lapiceras, fibras y materiales destinados a establecimientos educativos, un rubro que no coincide necesariamente con el abastecimiento especializado de equipamiento deportivo.
La participación de una empresa con ese perfil comercial en una compra para los Juegos Bonaerenses obliga a examinar qué artículos concretos se le adjudicaron, cuáles eran sus características técnicas y cómo se compararon sus precios con los de proveedores especializados. El expediente indica que la firma no obtuvo todos los renglones por los cuales compitió y que algunas propuestas fueron desestimadas durante la evaluación.
El procedimiento también registró dificultades que merecen atención. Il Tedesco SA y Trosher SA debieron presentar documentación complementaria, mientras que Ajamil Edmundo Carlos y Trosher fueron convocados a mejorar ofertas ante situaciones de empate. Asimismo, hubo solicitudes relacionadas con prerrogativas de precios para los cuatro participantes.
Finalmente, seis renglones fueron declarados desiertos por falta de ofertas y otros cinco fracasaron al no reunir las propuestas los requisitos administrativos, técnicos o económicos establecidos. El resultado evidencia que la contratación no consiguió cubrir satisfactoriamente la totalidad de los bienes previstos, pese a que la Provincia avanzó con adjudicaciones millonarias para los artículos que sí superaron el proceso de evaluación.
La discusión adquiere especial relevancia por la magnitud de los Juegos Bonaerenses. La competencia, organizada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad a través de su área de Deportes, reúne a participantes de los 135 municipios y registró en 2026 más de medio millón de inscriptos en disciplinas deportivas y culturales. Su alcance territorial y social convierte al programa en una de las principales iniciativas provinciales de promoción del deporte y la participación comunitaria.
Precisamente por esa dimensión, las contrataciones destinadas a su funcionamiento deberían permitir un seguimiento detallado de las cantidades adquiridas, los valores unitarios y la entrega efectiva de los productos. El número de participantes constituye una justificación para organizar compras importantes, pero no reemplaza la necesidad de demostrar que cada adquisición se realizó en condiciones económicas favorables para el Estado.
La responsabilidad política del procedimiento recae sobre el área conducida por Larroque, uno de los funcionarios de mayor peso dentro del gabinete de Kicillof y una figura central en la administración de programas sociales, comunitarios y deportivos de la provincia. El ministro controla una estructura con fuerte presencia territorial y un volumen considerable de recursos destinados a organizaciones, municipios y beneficiarios de políticas públicas.
El antecedente de otras controversias vinculadas con contrataciones de su cartera aumenta el interés sobre los mecanismos de selección de proveedores. Entre ellas aparecen cuestionamientos periodísticos a una licitación de servicios por aproximadamente 1.878 millones de pesos y actuaciones disciplinarias relacionadas con funcionarios del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, asuntos distintos de la adquisición deportiva pero relevantes para evaluar el funcionamiento de los controles administrativos bajo la órbita ministerial.
En este caso, la principal cuestión pendiente es conocer el desglose completo de los 150,6 millones de pesos adjudicados: cuánto recibió cada proveedor, qué cantidades se compraron, cuáles fueron los precios unitarios, qué cotizaciones se utilizaron como referencia y qué funcionarios aprobaron los dictámenes técnicos y económicos.
También corresponde determinar si la Provincia evaluó alternativas de abastecimiento mediante fabricantes o distribuidores especializados, especialmente en los renglones donde hubo escasa competencia o se requirieron mejoras de precios. Esos elementos permitirían establecer si las adjudicaciones respondieron a las condiciones más convenientes para el erario o si existieron diferencias relevantes frente a los valores de mercado.
La eventual ampliación contractual del 50% agrega otra dimensión al análisis, porque cualquier incremento de cantidades debería estar respaldado por necesidades efectivas de los participantes y por controles sobre la recepción de los materiales. En una contratación destinada a un acontecimiento de duración limitada, los plazos de entrega y la correspondencia entre lo adquirido y lo efectivamente utilizado adquieren una importancia particular.
El gobierno bonaerense ha presentado los Juegos como una herramienta de integración social, promoción deportiva y participación comunitaria. Esa finalidad explica la inversión pública, pero también exige que los recursos lleguen efectivamente a las actividades previstas, sin costos injustificados ni ventajas derivadas de procedimientos insuficientemente competitivos.
La adjudicación bajo la responsabilidad política de Larroque abre, por lo tanto, un nuevo frente de escrutinio sobre las compras provinciales. La información disponible permite identificar a los proveedores, el monto comprometido y los antecedentes cuestionados de una de las firmas seleccionadas; la evaluación definitiva de la conveniencia económica dependerá de la publicación y el examen de las planillas comparativas, los precios unitarios, las órdenes de compra y las constancias de recepción, documentación que permitiría reconstruir el recorrido de los fondos públicos desde la autorización del gasto hasta la entrega del equipamiento en Mar del Plata.
Fuentes consultadas: Realpolitik; documentación administrativa del procedimiento 527-0082-CME26 citada en esa investigación; Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires; Subsecretaría de Deportes bonaerense, información institucional de los Juegos Bonaerenses 2026; Sistema de Información Normativa y Documental Malvinas Argentinas; Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires; antecedentes periodísticos de las contrataciones de Trosher SA.
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