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Por donde se las mire, las cuentas públicas fuertes muestran sin vueltas la gran apuesta que el kirchnerismo hizo a Axel Kicillof y a la provincia de Buenos Aires, desde el mismo momento en que Alberto Fernández pisó la Casa Rosada. Ninguna sorpresa, la gran apuesta consistió siempre en lograr una victoria cómoda o lo más cómoda posible en las legislativas del próximo 14 de noviembre, allí donde anida el núcleo del poder cristinista y se juega buena parte del poder cristinista.
El combustible que empuja una locomotora que marcha a todo vapor se llama plata del Estado nacional, plata en cantidad y manejada discrecionalmente. Ese es un antiguo, conocido y fatigado instrumento del herramental K al que en la jerga política se lo conoce como “la caja”.
Uno de los ejes del operativo pasa por el Ministerio de Desarrollo Social, porque allí existen a tiro algunas grandes alternativas que, aunque precarias en el fondo, resultan útiles para atender urgencias que pegan duro en el conurbano bonaerense, como la situación social básica y la pérdida de empleos hasta de los considerados magros. Por sus denominaciones, son el Plan Alimentario, o la Tarjeta Alimentaria, y el programa Potenciar Trabajo.
Verdaderas marcas nacionales que se fueron engrosando con el tiempo, de esas necesidades hablan datos muy recientes del INDEC.
Cuentan que en los partidos del GBA la pobreza ha escalado hasta representar el 51% de la población, o sea, unas 6,3 millones de personas, y que la suma de desocupados más subocupados da que casi el 25% de los habitantes del conurbano enfrentan serios problemas laborales. Y más aún: cálculos privados añaden que un tercio largo de los ocupados están ocupados en trabajos informales, inestables y sin coberturas esenciales.
Semejante cuadro puede justificar la magnitud que alcanzan los números del Ministerio de Economía y expresar, al mismo tiempo, un modo de usar y abusar del poder en beneficio propio. Sobre todo cuando, en medio del despliegue de recursos, se mira qué números hay en el alrededor.
Para empezar por el operativo que arrancó en enero de 2020, las cifras cantan que al 30 de agosto último Desarrollo Social gastó $ 507.000 millones, de los cuales $ 467.000 millones, o el 92%, sostuvieron casi por partes iguales a los planes Alimentario y Potenciar Trabajo. Dicho de otra manera, fueron destinados a dos programas clave en más de un sentido.
Sólo por si alguien pregunta: los 40.000 millones restantes se distribuyeron entre unos 20 rubros con denominaciones que van desde Protección del Derecho de los Niños y Niñas, Primera Infancia y Economía Social hasta Integración Socio Urbana y Abordaje Territorial. La diversidad del conjunto y las partidas flacas de algunos casilleros dejan flotando cierto olor a refugios rentados de la militancia.
¿Y cuánto del paquete grande le tocó a Buenos Aires? Las mismas planillas dicen, en principio, $ 210.600 millones repartidos casi por mitades entre el Alimentar y el Potenciar Trabajo. Pero la cuestión no está sólo en el número: esos 210.600 millones representan el 41,5% del gasto completo que Desarrollo Social, con el agregado de que el cupo asignado a Kicillof ya ha sido totalmente ejecutado, cuando aún faltan tres meses para las elecciones de noviembre. De cajón, habrá más cupo.
Cosas del poder y de las proporciones dictadas desde el poder, a la Ciudad de Buenos Aires le han tocado hasta ahora $ 78.000 millones reales, lo cual significa 15% del gasto total y tres veces menos que la porción de la Provincia. Peor o mucho peor les fue a los gobernadores y habitantes de, por ejemplo, Córdoba, Santa Fe y Tucumán que si no enfrentan ni han enfrentado apremios sociales y laborales iguales a los bonaerenses, sobrellevan unos cuantos bien parecidos.
El punto es que a ninguno de los tres, ni a nadie de los 20 que faltan computar, la ruleta kirchnerista les marca más del 4%. El resultado anota, hasta ahora, 41,5% para Buenos Aires versus el 58,5% que se lleva todo el resto junto. Se diría entonces que, al menos por este lado, Kicillof gana y va a ganar por afano.
Una muestra parecida tenemos al interior del Ministerio de Obras Públicas. Ahí las planillas oficiales revelan que el 27% del gasto total terminó en La Plata, contra el 7% de la Ciudad Autónoma, un 8% de Córdoba y 4% de Santa Fe.
Y esto que ya significa una desproporción enorme en si mismo, se potencia no bien se advierte que Vialidad Nacional acapara gran parte del presupuesto ministerial y que lo que sigue es, necesariamente, un reparto desparejo en obras de infraestructura se supone necesarias si no imprescindibles. Ahora, delante de las construcciones y la vista de los electores, el moño serán los carteles con los candidatos del Frente de Todos.
De la misma especie, un muy reciente informe de la consultora Aerarium avanza en detalles sobre una modalidad que Néstor y Cristina Kirchner aplicaron en los tiempos de Daniel Scioli gobernador y que se reitera, ahora, con Kicillof gobernador: mandar recursos para obras públicas directamente a los despachos de los intendentes, sin pasar por los del gobierno provincial.
Nada cambia, de todos modos, visto desde el costado de las proporciones desproporcionadas. Sobre una caja que entre enero y julio acumuló $ 26.970 millones, Buenos Aires se quedó con $ 11.960 millones, el 44%; le siguen Córdoba con 9%, Entre Ríos con 6%, Chaco con el 4% y un listón de 19 provincias que termina en el 0,5% de San Luis. Vale precisar que decir intendentes bonaerenses es hablar de las poderosas primera y tercera secciones electorales.
Allí salta además un dato sobre el ritmo que ha tomado la campaña del oficialismo: desde fines de marzo, la caja creció en $ 20.970 millones. Y una aclaración para evitar teorías conspirativas: la movida no es contra Kicillof, el preferido de Cristina, sino una manera de aceitar operaciones y acuerdos políticos directos con quienes tienen peso y capacidad de arrastre propios y pesados.
Algo semejante explicaría por qué en planes como el Alimentar y el Potenciar Trabajo la Ciudad de Buenos Aires aparece con porcentajes relativamente cercanos a los de la Provincia. Esto se llama organizaciones sociales y piqueteros que manejan fondos públicos y operan tanto en un territorio como en el otro.
Según informes oficiales, el alcance de los planes más representativos funcionando a pleno anota alrededor de 10 millones de beneficiarios y, puestos en dólares, una masa de recursos que ronda impresionantes US$ 8.300 millones. Suena a obviedad afirmar que esto conforma una poderosa maquinaria electoral, aunque hay un dato que pone el volumen en su verdadera dimensión: el ingreso mensual promedio de cada beneficiario ronda 9.300 pesos.
Quienes de tanto en tanto hablan con Cristina Kirchner dicen que, estos días, anda como masticando bronca. Es que pese a todos los planes y a pesar de los aumentos salariales promovidos desde el Gobierno, no aparece el shock de consumo que en la estrategia electoral debía empujar definitivamente la actividad económica y movilizar de verdad el empleo.
En su cabeza, agregan, sigue clavado el que considera exitoso período 2011-2015, o sea, aquel cuando llegaron a abundar los dólares de la súper soja y no abundaban los pesos de las súper Leliqs ni la inflación se paseaba por el 50% anual.
Resulta inevitable agregar al listón, ya fuera de cualquier especulación electoral, esa gran muestra de la interminable decadencia argentina llamada pobreza, una pobreza estructural cristalizada en el 40% que llevará años remover. Y sobre todo, si en lugar de bajar crece.
Fuente Clarin
