La derrota electoral en las primarias desató una severa crisis política. El reproche más sustancial de la vicepresidenta es el manejo excesivamente conservador del gasto público en un momento en que la gente atraviesa muchas dificultades económicas. El no haber expandido más el gasto público es, según su diagnóstico, la principal razón de la derrota del oficialismo en las PASO.
El gasto público creció en lo que va del 2021. Para lograrlo se emitieron bonos del Tesoro que sólo permitieron renovar los vencimientos de deuda pública. Prácticamente, todo el déficit fiscal se financió con emisión. El Banco Central, por su parte, tuvo que absorber con Leliq y pases aproximadamente la mitad de la emisión monetaria para que no se vaya al dólar y a los precios. Así, aun llevando a niveles limites el endeudamiento del Tesoro y del Banco Central, la inflación está siendo del 46% promedio anual.
Para observar la dinámica del gasto público, el Instituto de Desarrolo Social Argentino (IDESA) elaboró un informe sobre la base de los datos del Ministerio de Economía. Según esta fuente, comparando los primeros 7 meses del 2021 con igual periodo del 2020, se observa que:
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El gasto público primario (excluyendo el pago de intereses) aumentó un 34% que, ajustando por inflación, implica una caía del -8% en términos reales.
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El gasto en prestaciones sociales (jubilaciones, asignaciones familiares y ayudas asistenciales) aumentó 21% que, ajustado por inflación, es una caída del -17%.
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El gasto en subsidios a la luz, gas y transporte subió 80% por lo que, ajustando por inflación, implica un aumento de 29% en términos reales.
Estos datos muestran que el gasto público creció nominalmente, pero la alta inflación produjo una importante licuación en términos reales. No es que el gobierno no aumentó el gasto, como plantea la vicepresidenta, sino que la inflación lo licuó. Esta manera espontánea de hacer el “ajuste” en las cuentas públicas es muy ineficiente y regresiva. Las prestaciones sociales –que en general benefician a sectores más vulnerables– cayeron en términos reales. Los subsidios a la luz, gas y transporte –que en su mayor parte benefician a segmentos medios y de altos ingresos– crecieron por encima de la inflación.
¿Qué hubiese pasado si el gasto crecía nominalmente más de lo que lo hizo? En las actuales condiciones macroeconómicas, difícilmente se hubiese podido evitar que la inflación se acelerara. La razón es que al Tesoro no le resulta fácil conseguir que le presten plata para financiar más gasto (con mucho esfuerzo apenas logra renovar la deuda que vence). A su vez, la capacidad de absorber el exceso de emisión por parte del Banco Central también está al límite. Por lo tanto, el aumento nominal de gasto público no logra incrementos reales porque la inflación –producida por el propio aumento del gasto– lo licúa. Aumentando el gasto público –como demanda la vicepresidenta– lo único que hubiese provocado es una mayor inflación con caída de las prestaciones sociales y más fondos públicos en favor de familias de ingresos medios y altos a través de subsidios a las tarifas.
El gran problema de la Argentina es que la vicepresidenta no está sola en este planteo equivocado. La idea de que es factible y deseable aumentar el gasto público es defendida por sus seguidores y por una importante parte de la dirigencia opositora. Es el reflejo de una opinión extendida en la sociedad argentina de que se puede gastar sin hacer el esfuerzo de pagar impuestos. Peor aún, es la creencia de que para ganar elecciones hay que repartir dinero en lugar de propuestas que aumenten la inversión y el empleo.
Con estas ideas equivocadas, la Argentina no podrá salir de la decadencia. El camino es ordenar el Estado para que la inflación no sea la responsable de licuar los excesos. Se trata de tener un sector público equilibrado, con una presión impositiva razonable y una gestión profesionalizada. No es tan importante la ideología que inspira al gobierno, sea de derecha o de izquierda, sino que el Estado funcione con eficiencia y calidad.
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Periodico Tribuna
