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San Miguel de Tucumán, 10 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA-La Justicia de Tucumán ordenó un bozal legal contra la empresa periodística Compañía de Circuitos Cerrados S.A. (CCC) y sus trabajadores, prohibiéndoles por seis meses emitir comentarios o informes que puedan “injuriar, desacreditar o tergiversar” la actuación de jueces y fiscales provinciales. La medida, impulsada por el Ministerio Público Fiscal, fue dictada por el juez subrogante Lucas Taboada a pedido del ministro fiscal de la Corte provincial, Edmundo Jesús Jiménez, hombre ligado al exgobernador José Alperovich, condenado por abuso sexual.
La resolución obliga a los periodistas, productores y conductores del grupo CCC a abstenerse de toda crítica “por cualquier medio”, incluyendo radio, televisión, redes sociales y plataformas digitales. En caso de incumplimiento, se aplicarán sanciones por desobediencia judicial. El fallo fue duramente cuestionado por organizaciones de prensa y juristas, que lo califican como un “retroceso democrático” y un acto de censura previa incompatible con la Constitución Nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El denunciante, Edmundo Jiménez, presentó la demanda contra Gustavo Aníbal Gabriel Olarte, director y presidente de CCC, acusándolo de haber desplegado una “campaña de hostigamiento” contra el sistema judicial tucumano mediante programas televisivos y columnas de opinión. Según el fallo, Olarte se habría “valido de la apariencia del derecho a la libertad de expresión” para atacar a fiscales y funcionarios. El expediente fue instruido por el fiscal Daniel Sosa Piñero, de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, bajo las figuras penales de “turbación de un acto legítimo de autoridad, amenazas e incitación a la violencia colectiva”.
El gobernador Osvaldo Jaldo, consultado por la prensa, eludió críticas al Poder Judicial y sostuvo que “es una decisión judicial que hay que respetar”. Sin embargo, la medida encendió alarmas en el ámbito nacional. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advirtió que la decisión “afecta el derecho a la información de la ciudadanía y pone en riesgo la libertad de prensa, al representar un claro acto de censura previa”. Por su parte, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) alertó que la democracia tucumana “atraviesa una degradación institucional que no encuentra límites” y denunció un patrón de persecución judicial a quienes critican a los poderes locales.
El comunicado del INECIP recordó casos recientes que refuerzan esa preocupación: la destitución del juez Enrique Pedicone en 2021, luego de denunciar al vocal de la Corte Daniel Leiva por interferencias políticas; y el encarcelamiento de un abogado el año pasado por negarse a acatar una orden similar de censura. También alude a las “razzias policiales” conocidas como trencitos, en las que personas de barrios humildes son detenidas sin control judicial efectivo, configurando un clima de autoritarismo y temor.
Jiménez, el impulsor del bozal, fue ministro de Gobierno y Justicia durante la gestión de Alperovich, hoy condenado a 16 años de prisión por abusos sexuales agravados. Su permanencia como fiscal de Estado desde 2014 y su influencia dentro de la estructura judicial tucumana son objeto de críticas de diversos sectores políticos. Incluso el diputado nacional Carlos Cisneros, referente de La Bancaria y del peronismo tucumano, lo acusó recientemente de encubrir casos de violencia sexual que involucran a futbolistas, calificando su gestión como una “degeneración institucional al servicio de intereses del viejo poder alperovichista”.
El caso CCC marca un precedente preocupante para la libertad de expresión en la Argentina. Nunca antes un tribunal provincial había impuesto una censura tan amplia y explícita sobre medios y periodistas por sus opiniones o críticas. Lo que la justicia tucumana denomina “protección institucional” se asemeja, en la práctica, a un intento de silenciar a la prensa independiente y blindar a los sectores judiciales más cuestionados del norte argentino.
En una provincia donde el poder político y el judicial han funcionado históricamente en simbiosis, la orden del juez Taboada reaviva el debate sobre la impunidad, la independencia de la justicia y el derecho de los medios a informar. Mientras el oficialismo provincial habla de “respetar las decisiones judiciales”, las organizaciones periodísticas insisten en que la democracia no puede sostenerse sin crítica ni prensa libre.
