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Por Lucía Salinas
La AFIP se retiró como querellante del juicio en su contra, una moratoria fiscal le permitió salvar Oil Combustibles pagando su deuda en cuotas, y le dieron nuevas obras públicas.
Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa fueron absueltos por el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) en el primer juicio que afrontaron por presunta corrupción. Desde que Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada, el dueño del Grupo Indalo se vio beneficiado por diversas medidas. Concluye el año con una decisión judicial que echó por tierra la acusación sobre la defraudación al Estado por no pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) por 5.900 millones de pesos
El 10 diciembre de 2019, López, que pocos meses atrás había recuperado la libertad, fue a la Casa Rosada para acompañar a Fernández el día de su asunción. Es conocido el vínculo que tienen, y en aquella ocasión el empresario estuvo junto a Aníbal Fernández, quien además fue su abogado en el fuero comercial en el marco de la quiebra de Oil Combustibles.
Para entonces, López ya había regado de críticas a la gestión de Mauricio Macri, algunas de las cuales derivaron en un expediente judicial donde denunció una persecución política en su contra que pretendió la quiebra de su holding. Palabras similares fueron reiteradas durante el juicio por la presunta defraudación al Estado a través de Oil Combustibles.
La absolución dictada por el TOF 3 se conoció dos semanas después del sobreseimiento que otro tribunal dictó a favor de Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, en las causas Hotesur (firma hotelera) y Los Sauces (inmobiliaria). En este segundo expediente, también estaban procesados por lavado de dinero Cristóbal López y Fabián De Sousa, la decisión de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg, también los alcanzó. Los empresarios pagaron a los Kirchner el 65% de la facturación de su empresa Los Sauces.
En estos dos años de gobierno, por fuera de las decisiones judiciales, Cristóbal López se vio beneficiado por otras medidas impulsadas por el propio presidente Fernández como también por otros organismos del Estado.
Moratoria fiscal
El año pasado, en plena pandemia, el Presidente remitió al Congreso una nueva ley de moratoria fiscal que contaba con una modificación clave: permitía que las empresas quebradas accedan a planes de facilidad de pagos de la AFIP. Era justo lo que necesitaba el grupo empresario de López, que tenía a Oil, su principal compañía, con una quiebra decretada.
Después de que el Congreso convirtió en ley aquel texto y fue reglamentado, el abogado de López pidió ingresar a la moratoria fiscal inmediatamente. El letrado solicitó que se suspendiera la liquidación de Oil, es decir, el reparto de los 100 millones de dólares entre los acreedores de la petrolera quebrada, que surgían de la venta de sus activos. Dentro de esa nómina, la AFIP fue el principal damnificado en la quiebra.
Dos planes de pago
Como correlato de aquella normativa y el ingreso a la moratoria, López y Fabián De Sousa obtuvieron por parte de la AFIP -dirigida por Mercedes Marcó del Pont desde que asumió+ó Fernández-, dos planes de pago extraordinarios por la deuda que Oil Combustibles mantiene con el Estado.
Uno de los planes concedido por el fisco para cancelar la multimillonaria deuda generada por la petrolera es de 49 cuotas. Es plan es por un total de $ 628.582.546,27 y se empezó a pagar el 8 de septiembre. El primer depósito percibido por el fisco fue de $ 25.143.301,85.
La AFIP firmó además otro plan de 97 cuotas para Oil. Es por un total de 12.055.278.292,52 pesos. La primera cuota abonada fue de $ 482.211.131,70.
En total, López deberá pagar al Estado más de 12.000 millones de pesos.
La AFIP desistió de acusarlo
Con estos planes de facilidades de pago en marcha, la AFIP entendió que no debía continuar con la acusación contra Oil en el juicio que concluyó este jueves. Desde el Gobierno explicaron que el objetivo del organismo “es recaudar y con estos planes se van a recuperar más de 12.000 millones de pesos”.
La cifra final es cercana a lo que la AFIP de la gestión anterior le iba a reclamar en una demanda civil a López, De Sousa y a Ricardo Echegaray, los tres imputados en la causa que tramitó en el fuero penal. El empresario K siempre sostuvo que la deuda con el fisco no superaba los 650 millones de pesos.
Como resultado de los planes de pago concedidos, Marcó del Pont firmó la resolución a través de la cual la AFIP se retiró del juicio penal. Entonces, argumentó que López y su socio habían sido víctimas de una persecución política por parte de la gestión macrista y que esa decisión condujo a Oil a una situación de cesación de pagos.
Obra pública vial
La justicia peritó en el juicio contra Cristina Kirchner tres contratos de obra sobre la Ruta 3, en el tramo que une Comodoro Rivadavia con Caleta Olivia. Ese informe arrojó sobreprecios de 170 a 200 millones de dólares. Ese contrato había estado desde 2006 en manos de Lázaro Báez, pero fue rescindido por el gobierno de Cambiemos: calcularon sobreprecios del 300% y un avance promedio del 35%. Al licitarla en 2016 nuevamente, la obra fue otorgada a CPC SA, de López, que terminó denunciado por abandono de obra e incumplimiento de los plazos.
Ahora, uno de los tramos fue adjudicado por más de $ 6.700 millones (US$ 65 millones al cambio oficial al dueño del Grupo Indalo, de López. Otra vez.
Pero además, previo a ello, el Gobierno le había concedido un contrato por 400 millones de pesos, para que realice el mantenimiento y reparación de esa ruta, la misma que según la anterior gestión de Vialidad Nacional abandonó.
López siempre dijo que el gobierno macrista lo asfixió financieramente y que por ese motivo no logró concluir con los planes de obra. La acusación del anterior director de Vialidad sostenía que la obra no había progresado más del 5%.
Fuente Clarin
