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La demanda fue descalificada de inmediato por el ministro de Justicia, Iván Lima, quien insistió en el argumento oficial de que la vacunación sigue siendo voluntaria y que quienes no tienen carnet de inmunización pueden presentar alternativamente una prueba PCR.
La demanda de acción popular -un recurso que exige a las autoridades el cumplimiento de la Constitución- fue presentada por el presidente de la Asociación de Iglesias Evangélicas, Luis Aruquipa, el exlíder sindical Jaime Solares, dos médicos conocidos por usar el dióxido de cloro para combatir el Covid-19 -un tratamiento no comprobado científicamente y que ha tenido secuelas fatales- y un comité cívico de la ciudad de El Alto, dijo Justiniano.
El abogado defendió el recurso judicial porque sostuvo que la exigencia de un carnet de vacunación constituiría en la práctica una forma de obligar a la inmunización, lo que consideró contrario a normas constitucionales que protegen el derecho ciudadano a decidir sobre cuestiones de la salud.
“Estamos defendiendo la libertad de las personas, la libertad de culto y la libertad de disposición de cada persona sobre su cuerpo, además del derecho a acceder a servicios como bancos y hospitales sin necesidad de ningún carnet de vacunación”, afirmó Justiniano.
La exigencia de carnet de vacunación atenta también contra el derecho al trabajo de los no vacunados, remarcó y sostuvo que que esperaba que la audiencia sobre la demanda se realice a más tardar la próxima semana en una sala constitucional de La Paz.
El Gobierno reaccionó de inmediato.
El ministro Lima aseguró que los decretos sobre el carnet de vacunación se ajustan “estrictamente” a la Constitución y protegen el derecho colectivo a la salud sin afectar las libertades individuales, según publicó la agencia estatal de noticias ABI.
Pese a algunas críticas de sectores antivacunas, la medida provocó un fuerte aumento de la demanda de inoculantes y pruebas de Covid-19.
“Pensamos que no existen argumentos constitucionales jurídicos y sí una serie de falacias, de mentiras, de medias verdades, que no aplican y que definitivamente van a ser respondidas por el Gobierno nacional en todos tribunales donde seamos convocados”, aseguró Lima.
Reiteró que la vacunación es voluntaria y fue aceptada ya por la mayoría de la población boliviana “pese a la campaña de grupos que aisladamente están buscando confundir, tergiversar y mostrar realidades que no existen”.
La exigencia de carnet de vacunación o prueba PCR negativa de Covid-19 para acceder a lugares públicos o de concentración de personas está vigente desde el 1 de enero, como respuesta de urgencia a la explosión de una cuarta ola de contagios con el nuevo coronavirus.
En esta nueva ola de coronavirus en la región andina, Bolivia lidera el alza de nuevos casos en relación a su número de habitantes.
Por eso, el jueves pasado, el Gobierno de Bolivia declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, en un intento por garantizar que no escaseen los medicamentos e insumos del sector de salud ni suban dramáticamente sus precios ante un nuevo brote de contagios por coronavirus que parece no tener fin.
Este martes, la universidad estadounidense John Hopkins informó que se registraron 11.281 nuevos casos en Bolivia, un aumento del 45,49% en relación a cinco días atrás, y 41 muertes a causa de la enfermedad.
Desde el inicio de la pandemia, Bolivia contabiliza 622.000 casos registrados y 19.763 decesos.
Fuente Ambito
