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Todo se inició cuando Lula destacó en Twitter el proyecto de revisión de la reforma laboral española votada por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, del Partido Popular (PP), para intentar hacer lo mismo en Brasil con la reforma laboral que se implementó en Brasil en 2017, bajo el gobierno de Michel Temer.
Temer, exvicepresidente de Rousseff, convocó en aquel momento a la oposición del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y así anunció haber logrado “enterrar la era de Getulio Vargas”, una promesa incumplida en los años 90 por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso.
Ensayo fallido
Las dos principales conquistas del gobierno de Temer fueron legalizar el trabajo intermitente –con lo cual el trabajador solo cobra lo que trabaja estando incluso en relación de dependencia–, que es el empleo que más creció en Brasil, y eliminar la contribución obligatoria del 3% que cada trabajador aportaba mensualmente a su sindicato a través de su recibo de sueldo.
La reforma laboral brasileña de 2017 eliminó también la figura del sindicato como mediador, dejando la negociación paritaria en manos del empleador y del empleado, sin posibilidad de judicializar las relaciones laborales.
La contrarreforma laboral española que llevó adelante el PSOE fue presentada el último martes, en Brasil, en una conversación virtual liderada por Lula da Silva y el titular de la Fundación Perseu Abramo (centro de estudios del Partido de los Trabajadores), el exministro Aloizio Mercadante, quienes estuvieron acompañados por líderes de seis centrales sindicales. Del lado español estuvo José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, y representantes de sindicatos ibéricos.
Según contó uno de los asistentes a la conferencia virtual con los españoles, Lula da Silva aseguró en su exposición que es necesario crear un marco legal para los trabajadores de aplicaciones digitales como los que entregan productos en moto o bicicleta, o los choferes de automóviles que trabajan por cuenta propia bajo el régimen de la llamada “uberización”.
Datos duros
Durante esa charla, el titular de la Central Única de Trabajadores (CUT, la mayor de Brasil, fundada por Lula en 1980), Sergio Nobre, recordó que el índice de desocupación en 2014, año de la reelección de Rousseff, era de 4,8%. Cuando Rousseff dejó el cargo en medio de una crisis política y de quiebra de contratos de infraestructura y petroleros por la operación Lava Jato, el desempleo había trepado al 11%.
El número de trabajadores desempleados, informales que no buscan empleo o directamente desalentados saltó de 52 millones en 2017 a 61,3 millones en 2021. Según los sindicatos brasileños, la reforma laboral de Temer redujo costos al empresariado, pero no generó empleo. Al contrario, el índice de desocupación no paró de aumentar incluso desde antes de la pandemia.
Las cifras son contundentes: en 2017 el desempleo en Brasil alcanzó el 12,7%; en 2018 se mantuvo en 12,2%; en 2019 se redujo levemente y llegó a 11,9%; en 2020, primer año de la pandemia, subió a 13,5%; y finalmente se estabilizó en 12,6% en 2021.
Volumen
La convicción de Lula da Silva es que, sin alianzas con la derecha moderada o liberal de cuño social, no se podrá tener un número robusto en el Congreso para lanzar esas contrarreformas en materia laboral. Es por eso que la coalición de izquierda que lo acompaña ha lanzado el nombre del exgobernador paulista Geraldo Alckmin, un conservador que formó parte del PSDB, como posible compañero de fórmula por algún partido aliado en una eventual fórmula encabezada por el exmandatario brasileño.
El PT adelanta una agenda que sería lanzada en el primer tramo de un eventual Gobierno en el caso de que Lula da Silva gane las elecciones en primera vuelta, es decir, con un capital político que le permita realizar contrarreformas como eliminar el techo de gasto público fijado a través de una enmienda constitucional por veinte años, como también eliminar la independencia del Banco Central.
El techo del gasto fue una enmienda constitucional impulsada por Temer apenas asumió con una amplia mayoría del Congreso, con la que dio una señal a los mercados de que se impediría a futuro ampliar la inversión pública en los sectores estratégicos por dos décadas, más allá de la actualización inflacionaria. Bolsonaro, con la pandemia y su plan de reelección, logró sortear este techo para 2022, pero el límite presupuestario volverá a regir en 2023.
El fin del techo del gasto público es, tal vez, el asunto con más consenso en la clase política, aunque no en la Avenida Faria Lima –nuevo centro financiero de San Pablo–, como se define al mercado financiero en los medios y la política brasileña.
Mercado
La otra discusión que circula en el ámbito partidario apunta contra una señal fuerte hacia el sistema financiero que dieron Bolsonaro y el titular de Economía, Paulo Guedes, cuando en 2021 lograron sancionar una ley que establece la independencia del Banco Central. En ese sentido, el diputado Carlos Zarattini, del PT, sostuvo que un Gobierno sin un Banco Central “está de manos atadas” para hacer política económica.
“Con la nueva ley el presidente del Banco Central actual (el bolsonarista ultraliberal Roberto Campos Neto) debería quedarse los dos primeros años de un eventual Gobierno de Lula “, advirtió Zarattini.
Lula había dicho que la independencia del Banco Central “solo le interesa al mercado financiero y no al trabajador que se quedó desempleado porque Ford abandonó el país”.
En el inicio de este año, en el área económica Lula se apoyó en los economistas Guido Mantega –exministro de Hacienda entre 2006-2015–, Aloizio Mercadante quien durante los gobiernos del PT ocupó las carteras de Educación; Ciencia, Tecnología e Innovación; y la jefatura de gabinete– y Nelson Barbosa –exministro de Hacienda y de Planificación–.
Agencia Télam
Fuente Ambito
