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La violencia y el crimen, incluso dentro del sistema penitenciario del país, se han disparado en Ecuador desde fines del año pasado. El gobierno ha culpado de la violencia a las bandas de narcotraficantes que utilizan el país como punto de tránsito de droga con destino a Estados Unidos y Europa.
Para enfrentar el problema, Lasso declaró un estado de excepción que concluyó a mediados de diciembre, a fin de movilizar a cientos de militares a las calles en las zonas más violentas, pero la medida no ha logrado neutralizar las prácticas de las bandas delictivas.
“Creo que nadie está contento con la justicia en el Ecuador”, dijo Lasso en una entrevista transmitida por sus redes sociales. “Estamos trabajando en el tema de la consulta popular y podemos hacerla coincidir con las elecciones seccionales del 2023”.
El mandatario, un exbanquero conservador, dijo que las decisiones y sentencias de jueces que inmediatamente dejan en libertad a delincuentes que han sido capturados, “impactan en la inseguridad que deviene de toda esta actividad ilegal del narcotráfico”.
Lasso plantea su propuesta una semana después de que la embajada de Estados Unidos en Ecuador anunció el retiro de visas de varios jueces y personal del sistema de justicia.
La embajada explicó en un comunicado del 10 de enero que continuará utilizando su autoridad para denegar o revocar visas, a fin de avanzar “en los esfuerzos anticorrupción y combatir el crimen organizado”.
Lasso dijo que su propuesta apuntarán a consultar temas sobre seguridad ciudadana y determinar funciones claras de las entidades que integran el sistema judicial del país para evitar conflictos.
No descartó incluir en la consulta popular una polémica reforma laboral.
“Necesitamos una justicia institucionalmente fuerte para promover la inversión extranjera en el Ecuador”, agregó el mandatario. “Para que nos vean como un país absolutamente serio que administra la justicia con total imparcialidad”.
Fuente Ambito
