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Las favelas de Jacarezinho, con 90.000 habitantes, y la de Muzema, servirán como laboratorio para un nuevo programa que combina seguridad y proyectos sociales.
Si bien el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, prometió “cambiarle la vida a la población” sacándola del control del crimen organizado, los especialistas se mantienen escépticos y denuncian el ensayo como “espectáculo mediático” en un año electoral.
Todo comenzó con una demostración de fuerza. En la madrugada del 19 de enero, más de 1.200 hombres fueron desplegados en Jacarezinho, donde en mayo murieron al menos 28 personas durante la redada policial más sangrienta en la historia de Río.
Los residentes se refugiaron en sus casas, mientras hombres fuertemente armados y uniformados patrullaban cada callejón de construcciones precarias y bosques de cables eléctricos que a veces cuelgan hasta el suelo.
Este distrito ubicado en el norte de Río de Janeiro es uno de los bastiones del Comando Vermelho (comando rojo), una banda de narcotraficantes que siembra el terror desde finales de la década de 1970.
Otros policías fueron enviados a Muzema, donde los residentes viven bajo la tutela de las milicias paramilitares que los extorsionan para que les proporcionen servicios como gas o internet.
En junio de 2019, 24 personas murieron en este distrito del oeste de Rio cuando se derrumbaron dos construcciones ilegales.
Esta masiva operación de “reconquista”, como la describió Castro, tomó a todos por sorpresa, incluso al alcalde de Rio, Eduardo Paes, quien dijo que solo había sido advertido “la noche anterior”.
La mañana del 22 de enero, el gobernador dio a conocer detalles de su programa, “Cidade Integrada” (ciudad integrada).
Contrario a las versiones de que pronto se ejecutarían nuevas operaciones a gran escala en otras favelas, Castro anunció que, inicialmente, el programa solo involucraría a Jacarezinho y Muzema.
“Solo pensaremos en implementar el programa en otras favelas cuando esté en pleno funcionamiento” en estas dos localidades piloto, explicó.
Además de mantener una importante presencia policial, tiene previsto un auténtico plan Marshall para las favelas, con 500 millones de reales (unos 90 millones de dólares) de inversión en obras sociales e infraestructuras, en particular depuración de aguas. Surgirán centros de formación profesional, así como instalaciones deportivas y culturales.
El gobierno de Río de Janeiro además pagará una asignación de 300 reales (unos 55 dólares) mensuales a las madres jóvenes de 16 a 30 años.
Pero para Cecilia Olliveira, directora de Fogo Cruzado, una plataforma digital que contabiliza tiroteos en Rio, este anuncio trajo “más preguntas que respuestas”. Una de ellas: “¿Es realmente factible extender este programa a todas las favelas?”.
“¿Qué significa ‘estar funcionando plenamente’? Si realmente se quiere integrar a toda la ciudad, actuar apenas en dos favelas es absolutamente insuficiente”, anticipó Olliveira.
Jacarezinho y Muzema son solo una gota en el océano de mil favelas donde vive más de una cuarta parte de los 6,7 millones de habitantes de Río de Janeiro.
Para Julita Lemgruber, coordinadora del Centro de Investigación en Seguridad y Ciudadanía (Cesec) de la Universidad Cándido Mendes, “Cidade Integrada” es sólo un “espectáculo mediático”.
“No espero nada de este proyecto porque no hubo ningún planeamiento, ninguna discusión con la comunidad”, lamenta.
Teme un nuevo fracaso tras el de las Unidades de Policía de Pacificación (UPP), creadas en 2008 por el exgobernador Sergio Cabral, encarcelado desde 2016 por corrupción.
Lemgruber cita el ejemplo del Complexo do Alemao, donde se instaló un teleférico espectacular en la cima de la colina.
“Cuando la comunidad se enteró, todo estaba listo, licitado. En ese momento, varios líderes de Alemao dijeron molestos: ‘Aquí necesitamos mucho, ni siquiera hay saneamiento básico’. Nadie les preguntó nada”, recuerda.
En su momento, las UPP inicialmente redujeron la violencia en unas cuarenta favelas, pero luego la situación se deterioró, particularmente con la crisis financiera que afectó al estado de Río de Janeiro después de los Juegos Olímpicos de 2016.
Fuente Ambito
