Argentina
España
El Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, anunció hace cinco días que el proceso para recolectar el 20% del padrón de cada estado, unas 4,2 millones de firmas, se tendría que hacer en un lapso de 12 horas en 1.200 centros, lo que opositores y expertos consideraron inviable.
La fracción opositora que impulsaba el mecanismo, compuesta por partidos minoritarios reunidos en el Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover), terminó llamando a no participar ante la negativa del CNE de extender los plazos.
En un recorrido por el este de Caracas, la AFP constató centros de recolección de firmas prácticamente vacíos.
En un gimnasio público de Petare llegó una persona en un lapso de 15 minutos, mientras que en una plaza cercana había menos de 10 personas.
“Salí a participar porque ya estamos cansados de este gobierno, quiero revocatorio y es lo que tiene que hacer Venezuela: salir todos a la firma”, dijo Belkys Rivas, una jubilada de 59 años.
Mover, que no contaba con el apoyo expreso de los principales partidos de oposición, reclama que las condiciones establecidas por el CNE le impidieron organizar mecanismos para la participación.
La Constitución prevé que cualquier funcionario electo por voto popular puede ser removido de su cargo a través de un revocatorio, una vez cumplida la mitad de su período.
En caso de no conseguir las firmas requeridas, no será posible pedir otro revocatorio contra Maduro.
El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) había dicho además que pediría el listado final de las personas que firmen, aumentando el miedo a participar ante eventuales represalias.
La oposición venezolana intentó en 2016 activar un referendo revocatorio contra Maduro, pero el proceso fue bloqueado por el CNE y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) después de un supuesto “fraude” en la recolección de las rúbricas.
El único revocatorio que prosperó lo enfrentó el fallecido Hugo Chávez en 2004 y lo superó con una aplastante victoria. Ese año, el chavismo divulgó una lista que, según denuncias, fue utilizada por el gobierno para despidos en empresas públicas.
Fuente Ambito
