Para que las autoridades fiscales y policiales puedan acceder a “contenido” de evidencia digital y que este pueda ser considerado como tal, se “requerirá orden judicial” solicitada por la Fiscalía.
Según el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Castro, la reforma “hace levantar sospechas” de que podría haber una “manipulación y se podría usar la ley como una autorización para el espionaje”.
“Nos preocupan las facultades amplias que se otorgan a la Fiscalía, incluyendo para emplear agentes encubiertos digitales”, dijo por su parte Juan Pappier, investigador de la División de las Américas de Human Rights Watch.
Para el gobierno, se trata de una figura necesaria.
“Ante una cantidad tan alta de denuncias era necesario poner atención y actuar. Quiero recalcar, frente a las difamaciones, que la figura de agente encubierto digital es un procedimiento que se ha utilizado siempre con el objetivo de incautar evidencia y ponerla a la disposición de las autoridades. Aquí no hay persecución ni espionaje, solo combate al delito”, aseguró el diputado oficialista Eduardo Amaya, en la sesión plenaria.
A principios de enero, el gobierno salvadoreño negó haber utilizado el software israelí Pegasus, desarrollado por NSO Group, para espiar a periodistas y dirigentes humanitarios en el país.
La reacción del gobierno se produjo luego de que un informe elaborado al cierre de 2021 por el laboratorio Citizen de la Universidad de Toronto, especializado en ciberseguridad, hizo la denuncia.
El diario digital El Faro aseguró que 22 de sus integrantes fueron intervenidos con Pegasus, 226 veces, entre el 29 de junio de 2020 y el 23 de noviembre de 2021. Varios otros medios también denunciaron haber sido víctimas de espionaje.
El informe destaca que el software es vendido solo a gobiernos. APES llevó el hecho ante el Ministerio Público.
Fuente Ambito
