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Por Daniel Barneda
El Gobierno apunta a un incremento que rondaría el 30%. Los cálculos económicos y financieros realizados por las empresas evidencian que se trata de un aumento insuficiente, muy relegado respecto del incremento de costos, y de la alta inflación en el país. “Acá ninguna empresa va a distribuir dividendos”, aseguran.
Pesimismo, resignación y preocupación. Es la sensación que reina entre los empresarios del sector privado, en especial de las empresas distribuidoras y transportistas de gas natural ante el inminente anuncio que las tarifas podrían aumentar entre un 20 y 35% a partir de marzo.
Son dos escenarios distintos. Mientras para el gobierno representa un número razonable, para las empresas que en los últimos 3 años apenas recibieron un incremento del 6%, es una pésima señal que no alcanza ni para cubrir los costos operativos, ni mucho menos para pensar en futuras inversiones.
El último aumento otorgado fue el 1° de junio de 2021 y, antes de ese 6% reflejado en la factura, no se producían aumentos desde abril de 2019.
La mirada entre la propuesta del Gobierno y el reclamo de las empresas es abismal. Ya en la primera audiencia pública convocada por el Enargas el 19 de enero pasado, las transportistas y distribuidoras presentaron sus propuestas de aumentos en las tarifas de gas que rondaban el 85% de aumento aproximadamente.
La clave es cómo termina definiéndose la puja por el precio. “Acá ninguna empresa va a distribuir dividendos. La política energética del kirchnerismo siempre fue te doy la plata necesaria para no morirte”, deslizó un importante empresario.
Y apuntó: “Este incremento tarifario está muy lejos de reconstituir el sendero de precios que el sector necesita. Pareciera que la idea del Gobierno es que las empresas apenas tengan los recursos económicos y financieros para sobrevivir y mantenerse a flote”.
“Acaso sabe Doña Rosa que Metrogas apenas percibe por la distribución el mismo porcentaje que se paga en impuestos, es decir el 24% y el resto se destina a los productores de gas (41%), y Transporte (11%)”, se pregunta un actual directivo.
Como consecuencia del congelamiento tarifario, la empresa TGN, por ejemplo, acumuló pérdidas operativas por $2.022 millones durante los primeros nueves meses de 2021. Así lo explicó la transportista en un comunicado oficial donde solicita un aumento transitorio en la tarifa de transporte del 87,4%, que representa entre un 4,6% y un 10,6% para el usuario final residencial según la zona del país.
“Dicho aumento, explican desde la compañía- es equivalente a un tercio del que correspondería aplicar en virtud de la revisión tarifaria integral. Asimismo, solicita también que se retomen los ajustes semestrales a partir de septiembre 2022 por la variación del índice IPIM. Esto permitirá a la compañía recorrer un camino de recomposición de sus ingresos que contribuya a la sustentabilidad de la prestación del servicio público y que le permita afrontar las obligaciones del período”.
A modo de ejemplo, un consumidor residencial promedio del área de Gasnor en Tucumán con tarifa plena, pasaría de pagar $757 por mes a $803 por mes, es decir tendrá un aumento de $46 en su factura, de los que $35 se deben al transporte y $11 al aumento de los impuestos asociados.
Por otro lado, un consumidor residencial promedio del área de Metrogas en la Ciudad de Buenos Aires con tarifa plena, pasaría de pagar $1.041 por mes a $1.186 por mes, es decir tendría un aumento de $145 en su factura, de los que $110 se deben al transporte y $35 al aumento de los impuestos asociados.
Tras el acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), se realizó una Audiencia Pública donde se evaluó qué porcentaje del precio del gas natural en el llamado “Punto de Ingreso al Sistema de Transporte” (PIST) asumirá el Estado nacional pagando subsidios en el marco del “Plan de Promoción de la Producción del Gas Natural Argentino”. Según trascendió, los usuarios residenciales sufrirán un incremento del 35% en sus boletas.
En esa reunión se presentó un documento de la secretaría de Energía donde se advierte que actualmente el Estado absorbe el 70,9% del costo del gas, mientras los usuarios afrontan el 29,1% restante.
A su vez, indican que las tarifas de gas deberían aumentar entre 34 y 35% si se pretende no aumentar la actual factura de subsidios en concepto de gas, por lo cual el Estado debería financiar el 44,4% de la factura en marzo de este año y entre 47 y 49% para el mes de julio.
En plena etapa de negociaciones nadie quiere quedar expuesto. Por eso en off algunos analistas esgrimen que es lamentable que la discusión tarifaria arranque por la disposición a pagar o suponer que los que más adinerados podrían pagar más cuando en realidad la discusión debe comenzar con el sinceramiento de los costos y cuál es la tarifa promedio que recupera esos costos.
“Esto nos va a dar una idea del atraso tarifario, aún cuando no se haya terminado todavía la revisión de las tarifas de gas. Pensemos que las tarifas aumentaron un magro 6% y llevamos acumulados en dos años 30% y 50% de inflación, lo que aumenta el costo de prestación de los servicios, inevitable por cierto para cualquier prestador del servicio de gas”, explican.
El acuerdo con el FMI no hizo más que profundizar la grieta en lo que hace a la eliminación de subsidios. Mientras desde los pasillos de Energía se escucha cada vez con más fuerza la idea de la segmentación, el organismo internacional habló de una reducción “gradual” de los subsidios a la energía pero aún no se consensuaron metas.
Como un secreto a voces se vienen escuchando rumores sobre una idea del gobierno de segmentar las tarifas. “Desde las empresas no hay nada concreto”, afirma tajante un directivo.
“Por los trascendidos, -agrega un ex funcionario devenido en consultor- la medida del Gobierno apuntaría a segmentar las tarifas de tal modo de hacer pagar a un subconjunto (los más pudientes) más que al resto de los usuarios (que no tendrían aumentos) y así poder financiar el costo del servicio. Hacer una distribución zonal de los usuarios no tuvo éxito en 2011, pensando en barrios y corredores de avenidas importantes entre otros.. Si este fuera el criterio quedarían muchos incluidos en un beneficio que no corresponde, o sea, en la jerga tarifaria, se cometería un elevado error de inclusión, ya que las mansiones y los ricos también se distribuyen en barrios donde su mayoría es clase media o media baja”.
Y señala: “Si lo que se pretende que esos sectores paguen al menos es el precio promedio del gas del Plan Gas Ar y el gas importado vis a vis el precio del gas incluido en la tarifa, estaría en el orden del 250-300% de aumento para ese segmento. Pero es evidente que eso paga una parte, y queda todo el resto”.
Las buenas prácticas tarifarias
Raúl García , consultor, ex presidente del Enargas, considera que Argentina no es muy diferente a otros países donde tras aplicarse una política de represión tarifaria por un lapso prolongado (tarifas que dejan de reflejar los costos del servicio, una vez más) se termina con un problema macro (los subsidios son un rubro importante del déficit fiscal).
“Luego fue necesario llevar a cabo un aumento tarifario importante, más del 700% – caso de Ucrania, Armenia, pero que para aminorar el impacto sobre el bolsillo de los menos pudientes se hizo hincapié en la implementación de una tarifa social o de un cheque energético (los más avanzados) a efectos de morigerar el impacto y minimizar el error de exclusión”, detalla.
En opinión del ex funcionario, “los países que utilizan buenas prácticas tarifarias van por este camino: minimizar los subsidios cruzados (que un segmento pague el costo de otros) que son distorsivos y puede hacer que algunas actividades sean menos competitivas, mejorar la propia estructura tarifaria para que haya un incentivo al ahorro y a la eficiencia energética, aplicar una tarifa social a los segmentos que sí necesitan evitar un aumento que los empobrecería y en lo posible usar transferencias monetarias desde el presupuesto nacional, el que debiera ir disminuyendo con la corrección de costos y tarifas”.
Algunos analistas consideran que cuando se aplicaron los aumentos tarifarios del 2016-2017 debería haberse pensado en un esquema más eficiente.
“El Gobierno actual debiera salirse del esquema ‘grieta’ y focalizar en los segmentos más necesitados, aplicar aumentos graduales al resto de los usuarios; y a medida que crece la economía, revisar esa política”, concluye García.
Fuente La Mañana de Neuquén
