Así, el organismo internacional “insta al Estado a tomar medidas inmediatas y urgentes para garantizar y proteger la labor de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición” tras los “graves hechos” que han trascendido y que “ponen en riesgo los derechos a la integridad y a la vida de quienes conforman la Comisión y el derecho de las víctimas a la verdad”.
ONU Derechos Humanos pide así una “investigación eficaz, el esclarecimiento de los hechos denunciados por la Comisión, la determinación de los responsables y la protección de sus funcionarios y de la información que recaben en el desarrollo de su mandato”.
“La Comisión tiene un rol fundamental para satisfacer los derechos de las víctimas, en particular el derecho a la verdad, por eso es indispensable su autonomía e independencia”, ha concluido el organismo.
El sábado la defensa de ‘Otoniel’ solicitó acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pactada en virtud del acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.
La solicitud de los abogados de ‘Otoniel’ fue presentada el 13 de febrero y recoge el argumento de que el líder narcotraficante colaboró en acciones criminales en alianza con integrantes del Ejército y del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), informa la prensa colombiana. Así, ‘Otoniel’ se presenta como “tercero colaborador de las Fuerzas Armadas y promotor y financiador de grupos paramilitares”.
‘Otoniel’ fue detenido a finales del pasado mes de octubre en Colombia y ya ha prestado declaración ante la JEP a petición de las víctimas del conflicto armado de Urabá, aunque se ha negado hasta ahora a dar nombres de militares que tendrían nexos con organizaciones armadas.
Fuente Ambito
