Argentina
USA
Paraguay
España
Israel
La gestión que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas hizo sobre el caso de abusos sexuales a una menor tutelada por parte de un educador -entonces marido de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra-, ha llevado a un juez a imputar a trece cargos de este departamento autonómico para esclarecer lo sucedido. El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia investiga el caso a raíz de dos denuncias que presentaban los hechos como constitutivos de presuntos delitos de encubrimiento, abandono de menor, prevaricación, contra la integridad moral, omisión de auxilio y en el deber de perseguir un delito. Luis Ramírez Icardi fue condenado a cinco años de prisión por unos abusos que se producieron entre 2016 y 2017, cuando la víctima tenía 15 años. La sentencia de la Audiencia de Valencia -ratificada por el TSJ y a la espera de la resolución del Supremo- ya hizo alusión a la «investigación paralela» que Igualdad abrió cuando el caso ya estaba en los tribunales y se había comunicado a la dirección territorial, algo que -«se quiera admitir o no»- ahora el juez de instrucción considera «un hecho difícilmente controvertible». El informe concluyó que la versión de la víctima no era creíble y motivó la repetición parcial del juicio contra Icardi, pues pese a que la Conselleria asegura que lo envió al juzgado, no estaba en poder de la Fiscalía ni de la defensa del acusado. El fallo condenatorio incidió en que esta investigación podría estar animada por «un interés de exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat» en la gestión del suceso, bajo la «consigna» de que se trataba de «una niña problemática, mentirosa e incluso violenta». En un primer auto, el magistrado citó a declarar a ocho personas, tras cuyas comparecencias -de las que se extrajo que la mayoría conocían el parentesco del agresor con la vicepresidenta- se emitió una segunda resolución con cinco imputaciones más, que están en plazo de ser recurridas. De todas ellas destacan dos cargos del departamento que dirige Mónica Oltra: la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero, y la entonces directora territorial de Igualdad en Valencia, Isabel Serra. Molero es uno de los altos cargos de máxima confianza de la consellera, en el tercer escalón del organigrama, solo por detrás de los secretarios autonómicos. Por su parte, Isabel Serra concurrió a las elecciones municipales de 2019 en la lista de Compromís -coalición a la que pertenece Oltra- en Xàtiva y fue miembro de la ejecutiva. La directora general de Infancia y Adolescencia fue quien dio la orden a esta última, el 8 de agosto, de abrir un expediente «a fin de constatar, en su caso, la veracidad de los hechos». Serra inició el día 21 de ese mes la tramitación del mismo «para determinar la certeza de las declaraciones» de la víctima. También ha sido crucial para seguir con las diligencias el testimonio de Carmen Fenollosa, la actual directora territorial en Valencia, que en el momento de los hechos ocupaba ese puesto en Castellón. Entre los documentos que ella misma aportó a la causa se encontraba el auto de medidas cautelares en el que se dictaba una orden de alejamiento del agresor sobre la menor, que llegó a la Conselleria el 28 de julio de 2017, mismo día que salió del juzgado. Hasta ahora el departamento autonómico se había escudado en que nunca se recibió y se tuvo constancia de lo ocurrido por la circunstancia personal de Oltra, que recibió la misma notificación en su domicilio el 4 de agosto. Funcionarios implicados en el proceso Entre el resto de investigados se encuentran la directora y la psicóloga del centro de menores Niño Jesús de Valencia, donde ocurrieron los hechos, aunque en su mayoría se trata de funcionarios -como la técnico jurídico que instruyó el expediente reservado- que participaron de una forma u otra en todo el proceso, desde que la joven denunció los abusos en febrero de 2017 hasta que fue trasladada de residencia en agosto del mismo año. En ese periodo, no fue hasta junio cuando la Fiscalía tuvo conocimiento de la denuncia, pues las responsables del centro no habían dotado de credibilidad al relato de la menor. De la última resolución firmada por el instructor Vicente Ros se extrae que el Ministerio Público contactó hasta en tres ocasiones por escrito con la dirección territorial. Solicitó a Igualdad toda la documentación de la entrevista mantenida con la víctima, y pidió que se le informara del motivo por el que no existía constancia de estos hechos en el expediente de Protección del Menor. Tras una primera respuesta incompleta, el 14 de agosto Igualdad contestó haciendo ya referencia a las diligencias penales abiertas. Dos días después, la víctima fue trasladada de centro. La versión de la Generalitat siempre ha sido que, con los protocolos en vigor en ese momento, Icardi no podía ser apartado sin una sentencia condenatoria, aunque se le asignaron funciones administrativas fuera de su labor como educador. En cualquier caso, ante el calendario al que alude Igualdad, no se reubicó a la joven hasta más de un mes después de recibir la primera comunicación de la fiscal. Oltra no está investigada La vicepresidenta autonómica no está investigada en esta causa, que tiene su origen en una denuncia interpuesta en mayo de 2021 por el abogado de la víctima y líder de España 2000, José Luis Roberto, contra cuatro miembros de Igualdad por la supuesta falta de protección de la menor a la que aludió la sentencia contra Icardi de la Audiencia de Valencia. A ella se sumó una querella presentada un mes después por la asociación Gobiérnate, impulsada por la confundadora de Vox Cristina Seguí contra Oltra y ocho personas más. Ambas quedaron acumuladas en el mismo juzgado. Además, la formación de Santiago Abascal también ejerce la acusación popular. Eso ha llevado a Oltra a calificar el caso como «una cacería de la extrema derecha»
. El magistrado entendió que no era pertinente investigar a la dirigente de Compromís, sin perjuicio de que en el curso de la instrucción «aparecieran elementos objetivos que pudieran justificar la posible imputación» de una aforada, por su condición de diputada autonómica. En ese caso, se elevaría el asunto al Tribunal Superior de Justicia. En respuesta a la petición de la acusación, el juez señaló que el hecho de que Oltra haya manifestado conocer la existencia de un procedimiento y haber ordenado que se le mantuviera informada, no puede entenderse de forma «suficiente para afirmar que, a la par, ordenara realizar actuaciones con el objeto de encubrir hechos en perjuicio de la víctima». No obstante, pese a que el TSJ desestimó la querella contra Oltra en junio de 2021, el auto de la Sala manifestó que «todos los elementos puestos de manifiesto por la querellante justifican plenamente el inicio de una investigación penal dado lo sospechosa que resulta la actuación del personal directivo y técnico de la Conselleria, particularmente del personal que ordenó y llevó a cabo lo calificado como “instrucción parajudicial”, así como el tratamiento dispensado a la menor que según lo relatado, lejos de ser protegida fue objeto de una injustificada persecución».
Fuente ABC
