“Transcurriendo los primeros días del mes de abril de 2022, el Estado Nacional adeuda al sector $4.430 millones de los $9.600 millones asignados por medio del ya insuficiente Fondo Compensador del Transporte”, señalaron desde FATAP.
“Al día de hoy el sector de transporte público por automotor de pasajeros de todo el interior del país no ha recibido los aportes comprometidos de parte del Gobierno, y sin los fondos necesarios se ve impedido de pagar salarios y cargar combustible, por lo que el servicio se verá interrumpido en el sector de corta y media distancia”, indicaron.
Por eso, amenazan con que “de no haber una solución de parte del Gobierno, las empresas no podrán prestar servicios y se pone en riesgo 33.000 fuentes de empleo, pese a los constantes esfuerzos que hacen las empresas del sector”.
A la falta de los fondos acordados con el Estado Nacional, se suma la preocupación de las empresas del interior en torno al normal abastecimiento del gasoil y su aumento de precio. En ese sentido, para el período diciembre 2021 – marzo 2022 se verificó un incremento acumulado de entre el 34% y el 52% según el tipo de combustible, que lleva a las prestadoras tener que abonar un precio que supera en un 10% aquel al que las estaciones de servicios venden al público y supuso para las prestadoras del Interior del país un impacto en sus costos de 1.486 millones de pesos sin compensación de ninguna especie.
En consecuencia, las empresas de micro del interior del país le solicitaron a las autoridades el inmediato pago de las cuotas del Fondo Compensatorio del Transporte de los meses de febrero y marzo.
Piden también que, en relación al precio del gasoil, se retrotraigan los mismos al valor mayorista, se rehabiliten las condiciones de descuentos y se otorguen los cupos vigentes al 1/01/2022; que se dispongan asistencias suplementarias para atender el incremento del costo del gasoil hasta que lo solicitado encuentre respuesta favorable; que la Secretaría de Transporte dicte sin más demoras la resolución que dote al sector de previsibilidad presupuestaria para el año 2022 respecto de los aportes nacionales al sector, indicándose claramente en la norma la proporción que como mínimo las jurisdicciones deberán aportar en relación a los desembolsos que efectúe el Estado Nacional; que, a efectos de afrontar el eventual acuerdo salarial, se dote al sector, mediante una resolución que así lo disponga, de los fondos nacionales y provinciales necesarios para atender los mayores costos que ello irrogue.
De lo contrario, avisaron que “será imposible de evitar que las prestadoras racionalicen sus insumos y recursos, adaptando la oferta de servicios a los que dispongan, con el fin de evitar, en lo inmediato, la paralización de la actividad y la pérdida de más de 33.000 puestos de trabajo a lo largo y ancho del país”.
Fuente Ambito
