El último cambio fue la aprobación de la Ley Especial para Construcción de Centros Penitenciarios, según el cual el Ministerio de Obras Públicas asumirá la proyección de nuevas prisiones con un sistema que contempla la expropiación de terrenos. Las empresas no estarán obligadas a someterse a todos los requisitos de la ley que regula los contratos con el Estado y, además, se beneficiarán de exenciones fiscales.
El Gobierno, que no aclaró dónde se construirán estas nuevas cárceles, había apostado en 2021 por demoler prisiones para levantar otras infraestructuras de interés social, pero ha terminado por cambiar de idea después de que la cifra de detenidos se haya disparado en estas últimas semanas.
El documento, avalado por los diputados del partido oficialista Nuevas Ideas, plantea la necesidad de construir nuevas cárceles en El Salvador para evitar el hacinamiento y mantener las “condiciones adecuadas” de los reclusos, según el diario ‘La Prensa Gráfica’.
Bukele ha aplicado una política de mano dura con las pandillas y, pese a las dudas generadas en la ONU y en otras organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, ha advertido de que seguirá por esta misma línea. En los últimos días, ha defendido que El Salvador ha vivido “la Semana Santa más segura de toda la historia”.
Fuente Ambito
