Y agregaron que no solo “peligra la actividad audiovisual, sino que, además, también se afecta directamente a la actividad teatral, musical y de las bibliotecas populares”.
El INCAA solicitó a los legisladores “tomar pronta intervención para modificar la reforma tributaria aprobada por el Congreso en 2017, del art. 4° de la Ley 27.432”.
Según esta disposición tomada durante el gobierno de Mauricio Macri, tanto el Instituto de Cine, como el de Teatro, de la Música y Conabip, dejarían de percibir fondos en forma directa, resignando su autarquía y las posibilidades de elaborar políticas de fomento para sus sectores a partir del 1 de enero de 2023.
Desde el INCAA, presidido interinamente por el el productor Nicolás Batlle -vicepresidente en función de la presidencia-, recordaron que según la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad Cultural de 2005 convocada por la Unesco, se declaró que los Estados se comprometen a tomar medidas para “proporcionar a las industrias culturales independientes nacionales, y a las actividades del sector no estructurado un acceso efectivo a los medios de producción, difusión y distribución de bienes y servicios culturales”.
Por último, resaltaron que el reclamo “tiene un carácter federal”: “Los recursos destinados al fomento del cine se asignan a las producciones de todo el país, garantizando de esta manera la soberanía audiovisual y la pluralidad de voces en historias argentinas contadas por los propios argentinos.
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