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Por Ignacio Ortelli
Aunque la Rosada busca involucrar a la oposición, el caso salpica a La Cámpora, Aníbal Fernández y Agustín Rossi.
Aunque la Casa Rosada asegura que el tema es “una novela” y se esfuerza por afirmar que “no hay preocupación” ante el impacto que puede generar la investigación en torno al avión venezolano-iraní retenido en el Aeropuerto de Ezeiza con cinco tripulantes iraníes, Alberto Fernández sigue de cerca la evolución del caso y busca asegurarse que no haya nada fuera de lugar en la reacción de los funcionarios del Gobierno ante las sospechas que lanzan desde la oposición. El hecho desató reproches y pases de factura en el oficialismo, entre quienes intentan deslindar responsabilidades ante el eventual avance de la causa que lleva adelante el juez federal N°1 de Lomas de Zamora, Federico Villena. ¿Se debió haber evitado que aterrizara el avión?
Alberto F. se enteró del caso cuando volvió de la Cumbre de las Américas en Los Angeles. Cuando tomó dimensión del tema por lo que se decía en los medios de comunicación, el Presidente se comunicó varias veces con los ministros Aníbal Fernández (Seguridad), Eduardo “Wado” de Pedro (Interior) y el flamante interventor de la AFI, Agustín Rossi. “Está tranquilo de que se actuó correctamente. Eso le dijeron todos”, apuntó un funcionario con acceso al despacho presidencial, que habló de una “operación de la oposición” y un “uso político del caso”, en línea con lo que esté martes dijo públicamente el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien atribuyó a un “interés político” los movimientos de Juntos por el Cambio, que incluyeron una denuncia penal contra funcionarios del Ejecutivo.
El avión de carga venezolano-iraní, cuando aterrizó en el aeropuerto de Córdoba. FOTO Sebastián Borsero.
Pero la decisión desde Balcarce 50 de señalar a la oposición tiene que ver no sólo con ofrecer una respuesta ante las acusaciones y el manto de sospechas que rodea siempre el vínculo del kirchnerismo con Irán y Venezuela. También se busca un enemigo externo para disimular la furia entre funcionarios que provoca el caso. Es que en el propio Gobierno hay reproches por cómo se actuó ante el ingreso sospechoso del Boeing 747-300M matrícula YV3531 de la empresa venezolana Emtrasur.
Cámpora vs. Cámpora
Desde todos los sectores no ocultan su sorpresa respecto a que se haya aprobado el plan de vuelo de un avión cuya empresa había sido sancionada hace dos años por el gobierno de Estados Unidos. Apuntan principalmente a la ANAC, a cargo de Paola Tamburelli, una dirigente que responde al camporista Mariano Recalde. La respuesta que dio el organismo que lidera Tamburelli ante el juez fue clara: recordó que “de conformidad con las previsiones de la Ley 27.161, el contralor y los consecuentes registros de toda la actividad aérea de la República Argentina son llevados por la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA SE)”. Es decir, responsabilizó a otro organismo manejado por La Cámpora de haber autorizado el ingreso.
El titular de Aerolíneas, Pablo Ceriani, junto al jefe de Gabinete de Transporte, Alvaro Errea, y la titular de la ANAC, Paola Tamburelli, a fines de marzo. Algunas fuentes del Gobierno apuntan contra esta última, que responde al camporista Mariano Recalde, por haber permitido el aterrizaje del avión venezolano-iraní.
Fue el sábado, luego de que el magistrado le pidiera información “urgente” ante la presentación del abogado de Rafael Resnick Brenner -el ex jefe de asesores de AFIP de Ricardo Echegaray condenado por el caso Ciccone- para que levantara la retención del avión. El escrito de la ANAC fue firmado por el director de Seguridad Operacional, José Luis Aseijas.
En efecto, este martes, la titular de la EANA, Gabriela Logatto, reconoció lo que marca la ley: “Los servicios de control de tránsito aéreo los lleva adelante nuestro organismo“, dijo en Radio 10. ¿Por qué, entonces, todos apuntan contra ANAC? “Políticamente la que decide es ella”, sostiene una fuente inobjetable. En las últimas horas Tamburelli quedó en el ojo de la tormenta. Este martes mantuvo una reunión con su jefe directo, el ministro de Transporte, el massista Alexis Guerrera.
Cámpora vs. Cámpora II
Desde ANAC se defienden y apuntan hacia otro lado: “Si cumple con los requisitos legales y de seguridad, se autoriza al avión. Quienes ingresan al país depende de Migraciones“. Se trata de otro organismo dirigido por La Cámpora: su titular, Florencia Carignano, es de extrema confianza de Wado de Pedro.
En el Ministerio del Interior defienden su accionar. “Actuó correctamente y, más que permisiva, fue más exigente de lo que tendría que haber sido: sin intervención del juez les retuvo los pasaportes por ‘sospecha fundada’, invocando el artículo 35 de la Ley 25.871, a pesar de que los tripulantes por la OACI tienen beneficios y deben ser recibidos”. 
El ministro del Interior Wado de Pedro, y la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano. Otros camporistas apuntados por el caso del avión venezolano-iraní.
Este martes, Tamburelli se reunió con su jefe directo en el organigrama, el massista Alexis Guerrera, para brindarle un reporte de la documentación que tiene la ANAC sobre el avión. Lo mismo hizo Logatto, pero para darle garantías de que el avión nunca apagó el “transporter” y, en consecuencia, siempre estuvo visible en el radar.
Un dato que aportan desde los organismos de control aéreo para deslindar responsabilidades fue que el avión fue autorizado por la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) de Uruguay y que recién fue rechazado cuando quería aterrizar. “Sin el visto bueno de los uruguayos no podría haber despegado”, afirman, en un intento por justificar el accionar local.
Seguridad vs. AFI
Pero la tensión no se quedó sólo en el ingreso del avión. Hubo reproches para Seguridad. Primero hacia el director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinski, a quien le cuestionan haber “exagerado” ante un alerta que recibió de una agencia internacional. “Tal vez sobreactuó en la prevención y la oposición usó eso para montar esta operación“, lamentan. “Hizo lo que debía hacer, fue un operativo exitoso. ¿Qué hubieran dicho si no le prestaba atención al aviso que recibió?”, lo respaldan desde Seguridad.
Pero también hubo voces involucradas en el caso que cargaron contra el ministro Aníbal Fernández por haber admitido el vínculo de los tripulantes con un grupo considerado terrorista. “Con posterioridad al ingreso se recibe, por distintos canales, información de organismos extranjeros que advertían de la pertenencia de parte de la tripulación a empresas relacionadas con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán“, contó Fernández en Radio Perfil, una confesión que no cayó para nada bien en el Gobierno.
Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, en los festejos por “el Día de la Democracia”, en Plaza de Mayo. Es otro de los apuntados por el escándalo del avión venezolano-iraní. FOTO Juano Tesone.
“Habló de más, evidentemente se equivocó”, fue el dardo que surgió desde un importante despacho. Es que el Gobierno ya había decidido la respuesta pública para darle otro giro al tema.
Fue, en definitiva, lo que planteó Agustín Rossi, quien recién llegado a la AFI tuvo que rastrear internamente para saber si, como se decía en los medios, su dependencia había fallado ante una alerta de una agencia internacional. “Es una cuestión muy simple: le estaban enseñando a pilotear el avión. Los iraníes que estaban allí son instructores. Esta es una presunción. Y me dan las cuentas porque cinco iraníes y 14 venezolanos”.
Con todo, este martes Aníbal F. negó haber dicho eso. “Dije que había un homónimo y que teníamos la obligación de averiguar”. Luego, posó sonriente junto al Presidente, como para demostrar que, al menos entre ambos, no hay internas.
Fuente Clarin
